La cuenta atrás para prorrogar la luz verde a la adenda acaba con el Gobierno en funciones

El envío esta misma semana por parte del Gobierno de la adenda al plan de recuperación, que abre paso a la segunda parte del plan que permite movilizar el último tramo de las transferencias sin contrapartida que recibirá España y todo el montante de los préstamos, que asciende a 84.000 millones de euros, ha activado una cuenta atrás que finalizará el próximo 7 de agosto y que condicionará al próximo Ejecutivo en caso de que las urnas arrojen un cambio de inquilino en el palacio de la Moncloa.

La adenda incluye toda una serie de compromisos que han estado negociando durante meses el equipo de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, y los técnicos comunitarios, y estaba ya cerrada a falta de algunos detalles mínimos cuando Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, anunció elecciones anticipadas el pasado 29 de mayo, tras la debacle en los comicios municipales y autonómicos. Calviño ha asegurado que el plan ha incluido "todas las contribuciones de las comunidades autónomas, de los agentes sociales y de los grupos políticos, incluyendo el Partido Popular".

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Ahora, la Comisión Europea tiene dos meses para analizar la adenda. Se trata de un periodo en el que los técnicos comunitarios siguen cerrando detalles, pidiendo cambios y en una comunicación permanente con el Gobierno. Se trata de un tiempo de negociación. Ese periodo finalizará el próximo 7 de agosto. "Hay un plazo de dos meses para que la Comisión haga su evaluación, un plazo que puede ser ampliado", ha recordado Calviño este miércoles durante una visita a la Comisión Europea.

Efectivamente, el reglamento del fondo permite una prórroga a ese periodo de análisis. No se especifica de cuánto puede ser, solamente se hace referencia a que el Estado miembro y la Comisión Europea "podrán convenir la prórroga del plazo de evaluación por un periodo de tiempo razonable". En caso de un cambio de Gobierno, esa prórroga podría facilitar al siguiente Ejecutivo ganar cierto margen de maniobra, haciendo algunos cambios sobre la adenda, aunque la base del trabajo tendrá que seguir siendo el plan aprobado esta semana por el Gobierno y el margen temporal será muy limitado. De hecho, si la formación de un nuevo Gobierno se retrasara hasta septiembre, la adenda previsiblemente habrá quedado aprobada por el camino.

Pero esa decisión de prorrogar el análisis del Ejecutivo comunitario se tendrá que tomar antes del 7 de agosto, y en ella, incluso aunque las elecciones hagan evidente un cambio en el Ejecutivo, tendría que participar el Gobierno en funciones, ya que las Cortes no se constituirán hasta el 17 de agosto. El reglamento establece que la prórroga es producto de un acuerdo entre la Comisión y el Gobierno.

Lo que sí podría hacer el siguiente Gobierno, en caso de un cambio de signo y que se produzca rápidamente, es presentar una modificación del plan nacional. No se trata de una operación sencilla. Requeriría mucha sensibilidad y tener mucho cuidado con los hitos y objetivos ya completados por el anterior Ejecutivo, ya que deshacerlos puede llevar al bloqueo de los fondos, y, en general, un ejercicio de negociación muy arduo con Bruselas. Según el reglamento del fondo, estas modificaciones se deben realizar antes de finales de agosto de 2023, por lo que, en caso de una formación rápida de Gobierno, tampoco contaría con demasiado tiempo para plantear cambios de calado, aunque esa fecha no es tan rígida como otras dentro del reglamento.

Quejas por los tiempos

Los populares han criticado que el Gobierno envíe la adenda a la Comisión Europea a menos de 50 días de las elecciones, ya que el documento condicionará la agenda legislativa del próximo Ejecutivo, que tendrá que acogerse a los compromisos adquiridos por el anterior Gobierno. Y eso es algo que no quieren ni los populares ni tampoco los técnicos comunitarios, que ya tienen experiencia con nuevos Ejecutivos que se quejan de los planes heredados de los anteriores gobiernos. En esta ocasión, los barones territoriales del PP han criticado no solo que la adenda se pueda aprobar con un Gobierno en funciones, sino que, además, no haya sido acordada con la oposición.

En Bruselas, se prefería esperar hasta que se vieran los resultados de las elecciones generales del próximo 23 de julio, de manera que, en caso de que hubiera un cambio de Gobierno, el nuevo pudiera hacer suya la adenda al plan de recuperación. La fecha límite para enviarla es el próximo 31 de agosto, pero en la Comisión Europea estaban dispuestos a encontrar maneras de facilitar al próximo Ejecutivo el cumplimiento de los plazos para que pudiera dar su impronta a la adenda sobre la base en la que ya se había estado trabajando.s