El letrado apartado tras criticar la amnistía abre un frente al Congreso en el Supremo

Manuel Fernández-Fontecha, letrado con 45 años de trayectoria en las Cortes Generales, ha abierto un frente al Congreso de los Diputados en el Tribunal Supremo. Fernández-Fontecha, apartado el 30 de noviembre de la Comisión Constitucional, ha sido restituido en esta misma comisión el 18 de diciembre, según un documento rubricado por el secretario general, Fernando Galindo, al que ha tenido acceso El Confidencial. En este escrito se especifica que ejercerá como letrado "tercero", esto es, jerárquicamente situado tras el letrado primero y segundo, en lo que supone una rectificación con matices.

El letrado mayor responde así al escrito presentado por el veterano jurista ante la Mesa del Congreso. Pero, en paralelo, Fontecha ha presentado un recurso ante el alto tribunal contra la resolución por la que fue apartado hace algo más de 20 días. Se trata de un recurso contencioso-administrativo especial para la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales. Lo construye sobre la base de que la decisión de Galindo vulneraría los artículos 14 y 23.2 de la Constitución española (sobre la igualdad de todos los españoles ante la ley y sobre el acceso en igualdad a las funciones y cargos públicos). Fuentes jurídicas señalan que, en este tipo de procedimientos, el Supremo debe requerir información a la Cámara Baja para indagar sobre las alegaciones contenidas en el recurso.

El jurista, que ejerció su trabajo de asesoramiento en esta comisión en la anterior legislatura, fue notificado de su cese en la Comisión Constitucional y requirió después su adscripción a la de Justicia, pero no logró el visto bueno del secretario general. En entrevista con este diario, afirmó que el origen de este conflicto tiene que ver con sus posiciones críticas sobre la ley de amnistía que ya se tramita en la Cámara Baja. Se vio apartado de la primera comisión y se le impidió desarrollar su trabajo en la segunda. Se trata de los dos órganos de trabajo del Congreso que, potencialmente, podrían haber sido responsables de acoger los trabajos sobre esta norma. Finalmente, la proposición de ley del PSOE recalará en Justicia.

En su recurso ante el Supremo, el letrado alega que las formas "aparentemente chapuceras" del secretario general del Congreso, "ocultando el acto de cese en la maraña" de adscripciones, pretenden "impedir el derecho de acceso a los tribunales para reparar la lesión de los derechos del recurrente". También defiende que la comunicación de las adscripciones es irregular, toda vez que se omite cualquier mención a este cese: "Un caso de una irregularidad invalidante" abunda. El pulso está hoy ubicado, por tanto, en si el cese fue o no irregular y arbitrario.

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La nota firmada por el secretario general en persona, aconseja a la Mesa del Congreso que inadmita el recurso de Fernández-Fontecha, al interpretar que carece de "competencias" relacionadas con los hechos que denuncia en su escrito. "Ni el estatuto del personal de las Cortes Generales, ni la planilla orgánica de la Secretaría General del Congreso de los Diputados, ni las normas de organización de la Secretaría General del Congreso de los Diputados prevén un procedimiento de recurso contra la adscripción de los letrados a las comisiones, como el que pretende emplear el Sr. Fernández-Fontecha", reza el texto.

El letrado sostiene que el hecho de que inicialmente no le adscribieran a la comisión en cuestión supone un "cese encubierto", algo que Galindo niega: "No se produjo ningún acto de desadscripción, como afirma el interesado, pues como es sabido las adscripciones de la XIV Legislatura se extinguieron en el momento de disolución de las Cámaras".

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"Esta teoría de la disponibilidad del letrado es una cosa que se podía defender en el derecho medieval. El planteamiento de que tú no tienes un derecho, de que te pueden quitar, poner, mantener u obligar, está fuera del contexto histórico, del reloj histórico. El Estado absoluto no ha resurgido, y el monarca absoluto no ha resurgido. Yo creo que el método sería, pues, un método de petición y valoración objetiva de los requisitos", defendió el veterano jurista en entrevista con este diario.

Galindo también repasa las comisiones a las que ha solicitado adherirse el letrado, "omitiendo", apunta Fernández-Fontecha, que cada nueva petición respondió a una negativa del secretario general. E imputándole haber tratado de desplazar a otros letrados, algo que el recurrente niega.

Con esta resolución, el secretario general oficializa así que el jurista pasa a ser el número tres en la escala jerárquica dentro de la Comisión Constitucional (tendrán prioridad para ejercer los números uno y dos), a la que ya se incorporó este jueves. El presidente de la comisión, José Zaragoza (PSOE) agradeció públicamente su trabajo, un gesto poco común en este contexto. El pulso entre el letrado y el secretario general se libra ahora en dos pistas distintas.