El Gobierno desempolva a la policía patriótica para justificar su apoyo al 'lawfare'

La defensa por parte del Ejecutivo de la existencia en España de lawfare, es decir, de una supuesta guerra sucia de los tribunales contra el independentismo, ha ido mutando en los últimos días para convertirse en algo más amplio. Las palabras de distintos representantes del Gobierno, con Pedro Sánchez a la cabeza, han agregado al sujeto o ejecutor de ese supuesto "acoso" —en inicio, los jueces— otro responsable: las Fuerzas de Seguridad del Estado. Este desvío del foco trata de centrar la atención en los puntos negros de la anterior dirección del PP y rescata a la policía patriótica.

Lo cierto es que, desde que se conocieran los términos del acuerdo entre el PSOE y Junts, las dos partes firmantes han cargado, como si fuera una pinza, contra uno u otro colectivo. Carles Puigdemont y su entorno atacan públicamente a la judicatura cada vez con más saña, con un rechazo intensificado por las distintas resoluciones y decisiones judiciales, como su imputación por terrorismo. "Sabemos que la represión contra el independentismo no se detendrá del todo mientras no seamos una república independiente libre de todo vínculo con las estructuras franquistas. Pero no por eso debemos dejar de combatirla y de aspirar a reducir al máximo su alcance. Por eso los cuervos togados se revuelven y enseñan garras y colmillos y se les pone la cara del general Pavía", dijo por ejemplo este viernes el expresident catalán.

Para el PSOE, sin embargo, el ataque directo a la magistratura es incómodo. Gran parte del rechazo generado por su pacto con la formación independentista vino desde este flanco. Las asociaciones de jueces y fiscales fueron las primeras en mostrar malestar, y a ellas se sumaron decenas de colectivos. Quizá por eso, o quizá porque resulta más conveniente a efectos políticos, el Ejecutivo ha comenzado a centrar su rechazo en el uso irregular de los Gobiernos populares de los mandos y agentes bajo las órdenes del Ministerio de Interior. Con esta ampliación dialéctica, consigue que el mensaje lanzado ya no sea solo asumir como algo real que la Justicia persigue a los indepes sin motivo, sino también denunciar que el PP "instrumentalizó" instituciones (en plural) como la Policía para perseguirles.

Fue el propio Pedro Sánchez quien lideró ese cambio de paso. En la entrevista concedida el jueves a TVE, aseguró que, en etapas pasadas "se ha instrumentalizado a la policía para perseguir adversarios y ocultar pruebas". Con esa acusación, se refería en concreto al caso Kitchen, es decir, a la investigación judicial vinculada al comisario Villarejo sobre la sustracción dirigida desde la cúpula del PP de material sensible en poder del extesorero del partido Luis Bárcenas. Las diligencias afectan a numerosos responsables de la etapa de Mariano Rajoy.

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La búsqueda de manzanas podridas en la Policía no se limita, sin embargo, a este caso. Las condiciones impuestas por Junts implican el desarrollo, al menos inicial, de dos comisiones de investigación dedicadas a los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils de 2017 y a la conocida como operación Cataluña, una supuesta trama dedicada a reducir el apoyo social del independentismo como opción política a través de la desacreditación pública de sus líderes. En los tres casos, el objetivo en esa búsqueda de responsabilidad es más policial que judicial.

Policía patriótica es como se denominó a la camarilla policial que anidó en el cuerpo durante el primer gobierno de Mariano Rajoy. En concreto, fue bajo el mandato del ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el comisario principal Eugenio Pino, al frente de la Dirección Adjunta Operativa (DAO), el máximo mando uniformado de la Policía. Bajo sus órdenes, con más o menos autonomía actuaron algunos de los policías que han protagonizado escándalos que pasaron de la prensa a los tribunales como el polémico José Villarejo y Enrique García Castaño, entre otros. Estas actividades, que se extendieron fundamentalmente entre 2012 y 2016, han sido ya objeto de estudio en varias comisiones parlamentarias de investigación en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento de Cataluña.

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La conclusión de la mayoría parlamentaria es que esos uniformados, adscritos a la dirección de la Policía, actuaron motivados por fines políticos e ideológicos para perjudicar las opciones electorales del independentismo catalán y Podemos. En el apartado judicial, se han abordado episodios concretos que, de momento, no se han saldado con condenas. Los tribunales nunca han aceptado abrir una investigación que englobe de manera general el concepto de policía patriótica. Esta semana se conoció que el Juzgado de Instrucción Número 13 de Madrid ha sobreseído y archivado la querella que el expresidente del Barça Sandro Rosell interpuso contra el comisario Villarejo por una supuesta operación contra el proceso secesionista.

Las nuevas comisiones adquieren ahora una carga extra ya que, según los términos del acuerdo del PSOE y Junts, sus conclusiones "se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas". Pedro Sánchez ha ido un paso más allá en sus últimas declaraciones. Ha aclarado que, aunque no sirvan para enmendar resoluciones judiciales ya adoptadas, sí que "pueden ser objeto de informe a la Fiscalía para que las tenga en consideración".

Pese a que los jueces no han abordado nunca una llamada operación Cataluña como tal, algunos de los integrantes de la llamada policía patriótica han tenido que rendir cuentas en los tribunales. Desde el año 2017, la Audiencia Nacional mantiene abierta la causa sobre Villarejo. Son decenas de piezas independientes y solo tres cuentan con una sentencia. El comisario fue condenado a 19 años de prisión por revelación de secretos y falsedad documental, pero los jueces no consideraron probado el delito de cohecho. Eso quiere decir, según los jueces de la Audiencia Nacional que "los actos llevados a cabo por el comisario no los realizó en el ejercicio de su cargo ni guardaban relación con sus actividades públicas. (...) Tenían como finalidad obtener unos mayores beneficios particulares”.

Algunos de los integrantes de la llamada policía patriótica han tenido que rendir cuentas en los tribunales

Ninguna de estas tres causas ya juzgadas guardaba relación con investigaciones a políticos. Próximamente, se sentará de nuevo en el banquillo de los acusados por la difusión en prensa de la tarjeta del móvil de Dina Bousselham, quien fuera asesora del exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. La acusación, de nuevo, es por revelación de secretos. Hace semanas, Podemos volvió a presentar una querella contra Fernández Díaz y otros excargos de la cúpula de aquel ministerio durante la etapa del PP en el Gobierno. Les acusa de supuesta malversación, pertenencia a organización criminal, prevaricación y revelación de secretos, entre otros delitos.

En el año 2020, la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid dejó sin condenas otro de los casos que vinculó a la Policía con actividades para perjudicar al independentismo. Los jueces absolvieron al comisario Pino y a su entonces asesor, el inspector jefe Bonifacio Díez-Sevillano, de los delitos de revelación de secretos, falso testimonio y estafa procesal por los que fueron juzgados en relación a la aparición de un pendrive con datos personales de Jordi Pujol Ferrusola. Esa documentación fue remitida desde la Policía a la Audiencia Nacional y estuvo a punto de contaminar toda la causa contra los Pujol por su origen desconocido. El juez la apartó a tiempo y nunca la tuvo en consideración.

La Kitchen

Una de las investigaciones en torno al modo de actuar de aquellos policías que más lejos ha llegado es la que tiene que ver con el caso Kitchen. Los mismos protagonistas se organizaron en este caso para tratar de arrebatar indicios comprometedores contra Rajoy al que fuera tesorero del PP, Luis Bárcenas. Con fondos reservados compraron a su chófer para que le robara documentación. Por estos hechos se sentarán en el banquillo Fernández Díaz, el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, Villarejo y otros policías como, el que fuera responsable de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas.

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Casi idénticos protagonistas se repiten en una causa judicial que se sigue fuera de las fronteras españolas, concretamente en Andorra. En este caso, lo que se investiga son las supuestas presiones que ejerció la policía patriótica sobre la Banca Privada de Andorra para acceder a datos privados de la familia Pujol, Artur Mas y Oriol Junqueras. Este frente cuenta con la particularidad de que Villarejo actúa como testigo, mientras que las pesquisas se extienden hasta Rajoy, de nuevo Fernández Díaz y el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

En paralelo a las investigaciones judiciales y parlamentarias, la prensa también ha escrutado durante años aquella época en la Policía. Ya en 2014, ElDiario.es desveló estas prácticas irregulares con una información bajo el título: "Una unidad secreta de la Policía rastrea información comprometedora de políticos independentistas". Dos años después, Público desveló unas conversaciones grabadas al ministro Fernández Díaz en las que se le escucha hablar con el responsable de la Oficina Antifraude de Cataluña. Según la información, el ministro del Interior comentaba la posibilidad de filtrar en la prensa informaciones comprometedoras contra políticos independentistas o recurrir a la Fiscalía para judicializar casos contra dirigentes catalanes.

A cuenta de la aparición del concepto lawfare en el pacto suscrito entre el PSOE y Junts, El Confidencial entrevistó al ministro Fernández Díaz, quien negó la existencia de este tipo de prácticas en las Fuerzas de Seguridad del Estado: "La operación Cataluña es un nombre que le pusieron precisamente los que estaban interesados en transmitir esa opinión de que había una instrumentalización en el aparato del Estado para ir en contra de los separatistas". "Pero no quiero entrar en ese tema porque como mínimo tiene que ver con algo que mi abogado me ha pedido que no hable", sentenció, en relación a su deber de medir las palabras de cara al caso Kitchen.