Juan Carlos Campo pide abstenerse en los recursos al TC contra la ley de amnistía

El magistrado del Tribunal Constitucional Juan Carlos Campo ha reclamado abstenerse en un primer recurso llegado al Tribunal Constitucional en contra la de la ley de amnistía. El órgano de garantías ha comenzado a recibir en estos días las primeras impugnaciones del texto, presentadas por particulares incluso antes de que la norma sea tramitada y entre en vigor. Una de ellas ha recaído por reparto en el que fuera titular de Justicia y este ha reclamado apartarse para afianzar la "imparcialidad" de la decisión final, informan fuentes jurídicas.

Su decisión, que ha avanzado El Español, se basa en su interpretación de que las manisfestaciones que realizó cuando formaba parte del Ejecutivo de Sánchez impiden su participación. Tuteló desde Justicia la argumentación de los indultos en la que, además, se hacía expresa mención a la amnistía. Los expedientes que firmó Campo defendían la aplicación de la ley a esas conductas y recordaba que nadie "está por encima de ella", a la vez que tachaba la amnistía de inconstitucional.

Esa afirmación en un documento oficial se acompañó de manifestaciones públicas. Hace apenas dos años indicaba, por ejemplo, que la amnistía "es el olvido" y "no cabe" en la Constitución. Lo hizo solo un día después de que el Ejecutivo aprobase los indultos a los presos del procés, el 22 de junio de 2021.

Era evidente que la presencia de Campo en una futura deliberación de la amnistía debía estudiarse, al igual que la del presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, y la de la magistrada Laura Díez. La tesis de la mayoría progresista es que las manifestaciones del pasado no marcan la postura futura y no afectan, por ello, a la objetividad.

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El escrito de Campo da el pistoletazo de salida a lo que se convertirá en una guerra de recusaciones que comenzó a calentarse antes siquiera de que el texto viera la luz. Los números actuales del TC arrojan una clara mayoría progresista que, además, ha actuado unida hasta el momento. Siete magistrados de un lado y cuatro del otro, en las filas conservadoras. Este sector sufre desde hace meses una vacante que no se ha cubierto, enredada en la incapacidad del PP y el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial.

De los siete magistrados del sector de la izquierda, destaca también el debate sobre la salida de Conde-Pumpido de la deliberación. El presidente no se plantea apartarse. La actual situación del magistrado, desde hace unos meses al margen de determinados asuntos que afectan a Carles Puigdemont, no afecta, en su opinión, al estudio de un texto de estas características.

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Conde-Pumpido fue recusado por Puigdemont y se retiró de los recursos de amparo que puedan presentar el expresident catalán y los demás procesados en la causa penal del procés seguida en el Supremo. Según aseguran fuentes jurídicas, esta situación no afecta a otros asuntos, como podría ser un recurso de inconstitucionalidad. El presidente fue recusado precisamente por los investigados por el procés. Reclamaron apartarle cuando ejercía como coordinador de todas las sentencias del tribunal de garantías que desestimaron sus recursos, casi un centenar. El actual presidente del TC siempre se manifestó a favor de la desestimación y nunca hizo votos particulares en contra del criterio mayoritario.

La presencia de la magistrada progresista Laura Díez también está en liza. El PP ya ha tratado de apartarla en anteriores cuestiones porque desempeñó un alto cargo en el Gobierno del PSOE, donde trabajó bajo las órdenes directas de Carmen Calvo y Félix Bolaños desde el 4 de febrero de 2020 hasta el 26 de abril de 2022. "Su interés en favorecer los intereses del PSOE y del ministro Bolaños constituye un elemento objetivo para temer por la falta de imparcialidad", ha argumentado sin éxito el partido de Alberto Núñez Feijóo en anteriores ocasiones.