El TC analiza ya si Campo y Díez deben abstenerse en la revisión de leyes de la Moncloa

El Tribunal Constitucional ya ha comenzado a estudiar, de forma interna, si los nuevos magistrados que acaban de incorporarse deben abstenerse en determinados recursos por su conocimiento anterior de su contenido en función de sus anteriores responsabilidades. Examina caso a caso si Juan Carlos Campo, exministro de Justicia, y Laura Díez, que fue alto cargo de la Moncloa, tuvieron una intervención directa en la elaboración de alguna de las leyes que han sido recurridas. Ese mismo análisis se efectúa también con María Luisa Segoviano y César Tolosa. Este último, hasta hace solo unas semanas presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, tendrá previsiblemente que apartarse en muchos recursos administrativos en los que participó como magistrado en su etapa anterior.

Según informan fuentes del tribunal de garantías, el examen se está llevando a cabo sin necesidad de que ninguna de las partes haya reclamado recusación. Advierten de que no se plantea una retirada automática de cualquier asunto vinculado a la Moncloa. Se requiere que los ahora magistrados participaran de forma expresa y activa en el desarrollo de las normas impugnadas y exista documentación o actuaciones que así lo acrediten e incluyan su firma. Precisamente este jueves Vox abrió la vía de las recusaciones tras presentar un recurso contra la reforma del Código Penal que suprime la sedición y reduce la malversación y pedir que el presidente del órgano, Cándido Conde-Pumpido, y los nuevos magistrados progresistas se aparten "por su vinculación con el Gobierno". Otros han sido la misma senda. A raíz de este estudio interno, Campo ya ha optado por abstenerse de las deliberaciones que se llevará a cabo sobre la admisión o no del recurso contra la conocida como ley del solo sí es sí y sobre diversos asuntos relacionados con la votación de la reforma laboral en el Congreso de los Diputados.

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El TC tiene pendiente el estudio de la constitucionalidad de numerosas leyes dictadas por el Ejecutivo. Las primeras normas en ser revisadas serán la ley Celaá y la de la eutanasia. En ambos casos, fueron recurridas por el PP y Vox. En el primer caso, los dos partidos de la oposición acudieron en amparo al TC por la desaparición del castellano como lengua vehicular en la norma. En cuanto a la eutanasia, defienden que infringe el derecho a la vida. También están recurridas la reforma laboral, la ley rider y la de ingreso mínimo vital. La subida del impuesto de patrimonio o la ley Rhodes están también pendientes de sentencia.

Las fuentes consultadas aseguran que las abstenciones de los nuevos magistrados al empezar su función son normales. Ya ha sucedido con las anteriores incorporaciones. Por ejemplo, Concepción Espejel no participa en los asuntos sobre decisiones de la Audiencia Nacional, cuya Sala Penal presidió durante años. Defiende esta autorregulación natural en la misma línea de lo sucedido en el caso de Díez, que ha comunicado su intención de apartarse de la deliberación sobre la normativa catalana que trata de sortear la obligación de impartir al menos un 25% de la enseñanza en español. El tribunal acordó el martes que asumiera la ponencia sobre los recursos de PP y Ciudadanos, pero la magistrada se retirará porque en junio avaló esta ley autonómica cuando formaba parte del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña.

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La Moncloa siempre fue consciente de que asumía un riesgo con el nombramiento para el Tribunal Constitucional de Juan Carlos Campo y Laura Díez, pero es un riesgo medido. El Ejecutivo es consciente de que hay posibilidades de que tengan que abstenerse en aquellos recursos de inconstitucionalidad contra las leyes en que participaron directamente. No obstante, los números del TC y el voto de calidad del presidente igualan las fuerzas y, si el bloque progresista vota unido, continuaría teniendo mayoría.

Tras la renovación, el sector más cercano a la izquierda suma siete magistrados frente a cuatro conservadores. Los progresistas superan en tres a los conservadores y si Campo y Díez se vieran obligados a apartarse, seguirían siendo mayoría. Incluso en el caso de que algún magistrado progresista discrepara, el artículo 90.1 de la ley orgánica del tribunal establece que las decisiones se adoptarán por la mayoría de los miembros del pleno, sala o sección que participen en la deliberación y, en caso de empate, decidirá el voto del presidente.

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Esa misma ley hace referencia a las causas de abstención y recusación de los magistrados del TC y se remite, en su artículo 80, a las previstas en el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para los jueces y magistrados de la jurisdicción ordinaria. Entre las incluidas, se encuentra el hecho de haber ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales "haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o en otro relacionado con el mismo".

Además, el lado conservador tiene aún un miembro menos. La plaza que dejó el magistrado Alfredo Montoya permanecerá congelada durante un plazo indeterminado. El magistrado fue nombrado en su día por el Senado a propuesta del PP como parte de un pacto global con el PSOE. Su sustitución exige el apoyo de tres quintos de la Cámara Alta y, por tanto, debe ser acordada por ambas partes. Tras la ruptura de las negociaciones, populares y socialistas se encuentran más alejados que nunca.