"Es mentira": la falsa alarma que atemorizó a los migrantes acogidos en Mérida

Un aviso atemorizó a los 200 migrantes acogidos en Mérida este miércoles por la tarde. Uno de los internos desató la alerta en el complejo al asegurar que una treintena de ellos, los que llegaron hace 30 días, tendrían que abandonar el albergue de forma inminente. En un primer momento, nadie sabía muy bien de dónde salía la información y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se apresuró a desmentirlo. "Es mentira", aseguraron a El Confidencial desde el equipo del ministro José Luis Escrivá. También remarcaron que los migrantes no se quedarán en la calle. No por ahora.

Tal y como han comprobado desde Migraciones, previa consulta con Cruz Roja –organización que coordina el centro de Mérida–, la polvareda parte de un "enorme malentendido". La Plataforma Afromontijana, una entidad de apoyo al migrante, charló con uno de los subsaharianos que se hospedaban en el centro en sus primeros días en el lugar.

Al parecer, le advirtieron –siempre según la versión del Ministerio– que en 30 días deberían dejar el albergue él y sus compañeros. El equipo de Escrivá detalla que este margen temporal es siempre aproximado. En teoría, es suficiente para comprobar la situación y analizar el papeleo de cada extranjero. Frases como "solo se garantiza un mes de acogida" o "luego tienen que buscar otro sitio" atemorizaron a los migrantes, que ya se veían con un pie y medio fuera del albergue. Fuentes de Migraciones afirman que esta organización está "bastante mal informada" y, aunque creen que ha sido "sin mala intención", han terminado provocando un problema.

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El alcalde emeritense, Antonio Rodríguez (PSOE), anunció en un mitin con Pedro Sánchez el compromiso de acoger a cuantas personas hiciera falta, hasta llegar a los 200. Sánchez tomó su mano y envió a decenas de ellos con el beneplácito, asimismo, del Gobierno extremeño de María Guardiola. El PP extremeño no se opuso a la llegada de migrantes pese al rechazo de Vox, sus socios en la región. "Alguien les ha dicho que en 30 días tienen que salir cuando no es así. Y es un susto innecesario", reiteran las fuentes consultadas.

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Migraciones añade que ese mes es orientativo, para "analizar la situación de cada persona" y ver si es pertinente trasladarle a otro centro, siempre "según sus necesidades". Ponen el ejemplo de que alguien les diga que tiene cita en la oficina de asilo, ya que entonces buscarían "otro centro específico para esos casos, con recursos concretos" que cubran su nueva condición. También que haya un familiar viviendo en alguna comunidad o ciudad donde haya recursos del Estado y tengan planes de vivir juntos, o cerca, para reencontrarse en el país.

Pero aclaran que no hay tiempos mínimos ni máximos en los que una persona, por irregular que haya sido su forma de entrar a España, pueda permanecer en uno de sus recursos si las circunstancias así lo permiten. "Son personas vulnerables, al fin y al cabo", señalan desde el Ministerio. Más grave aún sería si hubiese la más mínima sospecha de que hay menores entre ellos. En esos casos, la competencia es autonómica y pasarían a estar tutelados por los Gobiernos regionales, ya que deben escolarizarse y ser atendidos en sus hospitales.

¿Y tras la investidura?

La crisis migratoria originada en las costas canarias han dejado un escenario con pocos precedentes. Las cifras ya rondan el pico más alto conocido, el del episodio de los cayucos de 2006, con más de 32.000 llegadas solo al archipiélago en lo que va de año. Miles de ellas, en el último mes. Ante la emergencia, el Ministerio de Migraciones aceptó convocar una conferencia sectorial en la que dar voz y voto a las comunidades, pues serán sus municipios los que acogerán a las personas trasladadas a otros puntos del país.

Será el próximo 20 de noviembre, aunque a su alrededor solo hay incertidumbre. Fuentes del equipo de Escrivá mantienen que "en principio" sigue adelante, pese a que nadie sabe todavía si su titular seguirá en las mismas responsabilidades.