El PP busca apagar el discurso incendiario de Vox contra la inmigración: "Es un drama humanitario"

"Drama humanitario" y no "invasión". "Solidaridad" y no "expulsión". Ayudas y coordinación y no "efecto llamada". Aunque con alguna excepción, el PP se ha desmarcado del incendiario discurso de Vox contra la inmigración ante la crisis de los cayucos en Canarias, consciente de que puede tener un efecto arrastre y penalizarle. El partido de Santiago Abascal ha sacado la artillería con uno de sus argumentarios más radicales y reconocibles a cuenta del reparto de migrantes a la península, que ha servido de caldo de cultivo a la formación ultraconservadora para agitar un programa que a grandes rasgos defiende la expulsión inmediata de ilegales, el control exhaustivo de las fronteras e, incluso, obstaculizar el acceso a la nacionalidad española. Los populares se han lanzado en bloque contra el Gobierno por la falta de "coordinación" y "transparencia" en el proceso, aunque defienden que la prioridad debe ser atender a personas en situación de "vulnerabilidad".

El mensaje del PP, en líneas generales, es antagónico al de Vox. El partido tiene claro que elevar el tono ante dramas humanitarios de este calibre siempre pasa factura y en ningún caso quieren compartir trinchera con sus socios. El propio Alberto Núñez Feijóo ya reconoció que los pactos con la formación ultraconservadora les pasaron factura en las elecciones generales, tras polémicas en torno a cuestiones como la violencia de género. Y el problema ahora es muy similar. El objetivo es neutralizar el ruido generado y poner distancia entre ambos. Que no parezcan lo mismo pese a sus coaliciones.

Las comunidades no tienen competencias en la gestión de esta problemática —los Ejecutivos autonómicos solo tienen potestad sobre los menores extranjeros no acompañados, conocidos como menas—, pero la polémica por el reparto territorial anuncia nuevas tensiones en las regiones y ayuntamientos cogobernados por PP y Vox, que en muchos casos no han destacado precisamente por su solidez. La sangre ya ha llegado al río en territorios como Castilla y León, donde el equipo de Alfonso Fernández Mañueco desautorizó a su socio de gobierno, liderado por Juan García-Gallardo.

Las palabras del número dos de la Junta contra los migrantes ha generado una enorme incomodidad en el Ejecutivo de coalición. Una más. El dirigente de Vox se desplazó esta semana, de noche, a Medina del Campo (Valladolid), donde se alojan decenas de personas en el Balneario de Las Salinas. "El Gobierno se arroga la representación de las mujeres y luego trae a 183 jóvenes, varones en edad militar y que generan tanta sensación de inseguridad en el pueblo", dijo García-Gallardo, que señaló al Gobierno y a las ONG por el "efecto llamada" generado y por "colaboración con las mafias del tráfico de personas".

La Junta de Castilla y León, de la mano del portavoz popular Carlos Fernández Carriedo, no tardó en desmarcarse de las declaraciones del vicepresidente y reiterar que Gallardo no habla en nombre del Ejecutivo regional, sino a título personal o de su partido. En el equipo de Mañueco reiteran que, al margen de la crítica a Pedro Sánchez por la "descoordinación" en la gestión de la crisis, las personas deben estar en "el centro" de sus políticas y quedar al margen de conflictos administrativos. "Castilla y León es tierra de acogida. Lo hemos sido, lo somos y lo seguiremos siendo", zanjó Carriedo. Pero la disputa fue a más. Gallardo defendió horas después que él sí habló en nombre de la Junta, con la base del acuerdo de gobierno firmado entre PP y Vox, que recoge en el punto 32 la promoción de "una inmigración ordenada que, desde la integración cultural, económica y social, y en contra de las mafias ilegales, contribuya al futuro de Castilla y León". Aún no ha trascendido cómo se aplicará sin contar con las competencias para controlar los flujos migratorios.

El ejemplo castellanoleonés no es puntual. En Alcalá de Henares, donde también han llegado decenas de migrantes a instalaciones del Ministerio de Defensa, la respuesta ha sido muy similar. El partido, que comparte gobierno con el PP, exige a Pedro Sánchez que "aplique la ley" y devuelva a los migrantes a sus países de origen, en su mayoría subsaharianos. La líder de Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, trató de amplificar la queja de esta localidad con otro mensaje. "Que los alojen Yolanda y Pedro en su casa", espetó en su cuenta de X (antes Twitter).

Estos casos pueden ser solo la punta del iceberg de una polémica que podría resucitar tiranteces en comunidades autónomas que están en plenas negociaciones para aprobar presupuestos autonómicos, para los que el PP necesita el apoyo de Vox. Y los de Abascal, a su vez, exigen el cumplimiento de los acuerdos de gobierno firmados el pasado verano, y en los que figura la actuación contra la inmigración ilegal. Los populares tampoco son ajenos a la posibilidad de que el PSOE agite durante los próximos días el discurso de los pactos de la ultraderecha por los mensajes "xenófobos". Génova ha intentado enviar la pelota al tejado de Pedro Sánchez, sin entrar aún en conflicto directo con la dirección de Abascal, pero se preparan para capear un temporal que puede tensar sus propias costuras.

Los barones del PP, con la mano tendida

Por lo pronto, las valoraciones que han pronunciado en los últimos días líderes autonómicos como María Guardiola, Juanma Moreno o Fernando López Miras han comenzado a colmar la paciencia en Vox, donde acusan a sus socios populares de adoptar una suerte de "buenismo progre" que contribuye a alimentar lo que califican como "efecto llamada" a España. Fuentes de la formación ultraconservadora detallan a este diario que ya se trabaja en "acciones concretas" ante la crisis migratoria y será uno de los puntos a tratar en el Comité de Acción Política del próximo lunes. El punto de partida es "salvaguardar la seguridad de los españoles frente a la irresponsabilidad del Gobierno de Sánchez". La dirección maneja tanto iniciativas en los diferentes parlamentos y ayuntamientos como medidas de presión a sus socios de Gobierno, aunque sin definir hasta ahora.

Mientras tanto, muchas de las autonomías gobernadas por los populares ofrecen mano tendida al Gobierno e, incluso, asilo para acoger a los miles de inmigrantes, que ya superan los 13.000. Es el caso del andaluz Juanma Moreno, que volvió a proyectar esta semana la región como una "tierra de acogida" entre las críticas de Rodrigo Alonso, portavoz adjunto del grupo parlamentario de Vox, quien criticó a su vez la cooperación del presidente andaluz con el "asalto de fronteras".

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Desde el Ejecutivo extremeño, capitaneado por María Guardiola, reafirman también su compromiso de "atender las urgencias sanitarias de las personas que recibimos en nuestra comunidad" y que se encuentren "en las mejores condiciones" a su llegada. El murciano López Miras reiteró también este viernes la necesidad de atender un "drama humanitario". "Estamos hablando de vidas humanas", zanjó el dirigente autonómico. Incluso el líder del PP en Canarias, Manuel Domínguez, defendió que la inmigración "nada tiene que ver con la inseguridad" e invitó incluso a sus compañeros de partido que han lanzado reproches a la llegada de cayucos a acudir "a cualquiera de los puertos" para ver un "desembarco" y ganar "un poquito de empatía".

Pero frente a la tesis general que se ha extendido por las autonomías populares, algunos sectores del PP se han alineado con el discurso duro de Vox en materia de inmigración. Una de las notas discordantes ha vuelto a ser la de Isabel Díaz Ayuso, que acusó a Sánchez de tratar a estas personas como "fardos" que "se envían y se van dejando en la península" en un momento "de máxima seguridad nacional". Más agresivo fue el diputado Rafael Hernando, que cargó contra el Gobierno por cooperar con "el negocio organizado de las mafias de tráfico ilegal de personas". "Avión y hotel de lujo, y con tus impuestos", escribió en redes sociales. El PSOE anunció además que denunciará por delitos de odio al alcalde de Torrox, del PP, que llegó a comparar a los migrantes con animales.

Desde Génova han evitado valorar estas declaraciones, y apuntan todos los focos a la gestión del Ejecutivo, al que exige la convocatoria "inmediata" de la Conferencia Sectorial de Inmigración —no se convoca desde 2018—, una sugerencia que ya realizó el pasado jueves el gobierno de la Comunidad de Madrid. "Frente a la opacidad, reclamamos transparencia, coordinación y planificación en materia de inmigración con una política de Estado que contribuya a afrontar este problema en origen", sentenció este viernes la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, tras una reunión en Génova junto a varios vicesecretarios, responsables de asuntos sociales y el viceconsejero de la vicepresidencia de Canarias, Eduardo Antonio Hernández.