Un juez de Murcia apunta a 18 investigados en una trama de regularización de inmigrantes

El Juzgado de Instrucción 8 de Murcia ha concluido la etapa de instrucción judicial contra 18 sospechosos acusados de formar una organización que proporcionaba contratos de trabajo fraudulentos a inmigrantes ilegales, tras encontrar "suficientes pruebas para proceder a la fase de acusación", según ha comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

Los afectados son inmigrantes subsaharianos y magrebíes, y el fraude se realizó a través de empresas inactivas. El principal acusado es el administrador de una consultoría, considerado el cerebro de la trama, junto con uno de sus hijos, responsable de recibir el dinero de los extranjeros y supervisar el pago de las cuotas y las altas y bajas en la Seguridad Social.

Opinión

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Posibles testaferros y víctimas implicadas

El proceso también incluye a aquellos que aparecen como administradores de las empresas utilizadas como empleadoras, ya que podrían ser posibles testaferros. Además, ciudadanos extranjeros perjudicados por estos hechos están involucrados en el procedimiento, habiendo sido investigados por presuntos delitos de falsedad documental, al haber presentado contratos de trabajo falsos en los expedientes de residencia, logrando algunos de ellos regularizar su situación.

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Los delitos podrían incluir violaciones a los derechos de los trabajadores, pertenencia a organización o grupo criminal, falsedad documental, estafa, blanqueo de capitales y usurpación del estado civil.

Pruebas incriminatorias

La policía judicial ha encontrado en los registros domiciliarios documentos "relevantes" relacionados con las contrataciones sospechosas. Los análisis de los equipos informáticos indican que uno de los investigados tenía los certificados digitales que supuestamente le permitirían operar en nombre de las empresas contratantes.

Según el auto judicial, las declaraciones de los testigos, algunos de ellos protegidos, han resultado "especialmente incriminatorias". Estas testimonios prueban "indiciariamente" que el principal investigado y su hijo "vendían contratos a los extranjeros, cobrando importantes precios por ello".

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Esto lleva al instructor a concluir que hay indicios de la existencia de una red de personas y empresas dedicadas a regularizar a inmigrantes en situación de necesidad mediante contratos de trabajo ficticios, solicitando altos precios de los que se beneficiaba el autor principal.

Enriquecimiento personal a costa de la desesperación

El principal investigado, según el auto, habría "utilizado a todo el mundo, a inmigrantes, empresas y testaferros con el único fin de enriquecerse personalmente, y ello abusando de la penuria y miseria de ciudadanos débiles y desesperados, llegando a presentarse en la sede judicial como una especie de redentor o mesías salvador".

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Además, el juez considera que no es apropiado levantar las medidas cautelares existentes, refiriéndose al bloqueo de cuentas bancarias, ya que es la única forma de garantizar que, en el futuro, y en caso de recaer posible sentencia de condena, se pueda proceder al reintegro a las víctimas de las cantidades sustraídas. La resolución no es firme y contra ella cabe recurso de reforma y/o apelación.

Con esto se concluye la instrucción de un caso "complejo" con más de 60 solicitudes de permiso de residencia y un extenso expediente digital judicial de más de 2.000 eventos que ha requerido que este juzgado cuente con el refuerzo de un juez durante tres meses autorizado por la Unidad de Actuación en Causas Complejas (UACC) del Consejo General del Poder Judicial.