La (im)posible ecuación de un fraude: 173 empadronados en un terreno de 136 metros

La finca solo contaba con dos viviendas y varias caravanas. Un total de 136 metros cuadrados que no reunían las mínimas condiciones de salubridad. Toldos improvisados con cualquier tela o plástico que se sostenían en el aire sobre una red de cuerdas, y chapas como techos para resguardarse del sol y la lluvia. Un pequeño terreno del municipio malagueño de Vélez-Málaga en el que la Policía Nacional descubrió que estaban empadronadas 173 personas —153, extranjeras— y que era un elemento clave dentro de un entramado criminal que regularizaba fraudulentamente a inmigrantes. Cuatro personas han sido detenidas.

Esta operación policial, llevada a cabo por las Brigadas Locales de Extranjería y Fronteras de Vélez-Málaga y El Ejido (Almería), tienen como precedente una investigación de 2022 en torno a la proliferación de asentamientos clandestinos de caravanas en el municipio veleño. Durante las pesquisas se localizó un campo que, no solo carecía de los permisos necesarios para la actividad de estacionamiento de larga estancia, sino que en su dirección había un sospechoso número de personas empadronadas. Sobre todo porque sus dimensiones eran muy reducidas: 136 metros cuadrados.

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Los agentes abrieron otra línea de trabajo ante los indicios de que podía estar desarrollándose una actividad delictiva y comenzaron a hacer numerosas gestiones con las administraciones para identificar a quienes realmente residían en el lugar. Y averiguaron que de los 173 empadronados actualmente, 153 resultaron ser extranjeros y solo 12 habitaban en la finca, donde únicamente había una pequeña vivienda y dos caravanas.

Muchas de las personas empadronadas, principalmente ciudadanos de origen marroquí y senegalés, nunca habrían morado en la finca, precisó el citado cuerpo policial, que explicó que eran captadas en la provincia almeriense por intermediarios que se movían por las zonas de invernaderos. Estos supuestamente les podían reclamar entre 300 y 700 euros para obtener el certificado de empadronamiento y con ello regularizar su situación administrativa. La mayor parte del importe, presuntamente, lo percibía el dueño de la finca.

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La operación policial ha conseguido identificar una estructura criminal que basaba su actividad en la falsificación de documentos y el favorecimiento de la inmigración ilegal. También se ha constatado que otros investigados han conseguido normalizar su estatus en España gracias a esta organización, pudiéndose enfrentar a una revocación de los permisos ya concedidos, así como a las correspondientes sanciones administrativas.

Entre los detenidos se encuentra el propietario del terreno, principal investigado, así como tres captadores, que se enfrentan a los delitos de pertenencia a organización criminal, favorecimiento a la inmigración ilegal y falsedad documental.