El empresario que hizo las facturas falsas de los contratos de Borràs liquidó su sociedad

Andreu Pujol, el hombre que prestó su nombre y el de sus empresas para camuflar presuntamente el fraccionamiento de los contratos adjudicados a dedo por Laura Borràs, ha decidido liquidar su sociedad APMGC & CE SL. Una empresa que fue clave para elaborar los presupuestos y facturas a su nombre y confeccionar los documentos encargados por Isaías Herrero, el informático amigo de la presidenta del Parlament de Cataluña que se benefició de los contratos irregulares.

La liquidación de la sociedad, que ha sido voluntaria y realizada por el propio Andreu Pujol, se hizo oficial el pasado 30 de marzo. La casualidad hizo que ese mismo día el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenase a Borràs a cuatro años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por fraccionar contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), entre 2013 y 2017.

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Una liquidación que, si bien se plasmó el 30 de marzo en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme), fue realizada un par de meses antes. Según la documentación a la que ha tenido acceso El Confidencial, la decisión de la disolución fue acordada por Andreu Pujol el 31 de enero de 2023, lo que hizo que elevara a público los acuerdos alcanzados en la junta como eran disolver la compañía, cesar en el cargo de administrador único y nombrarse como liquidador, realizándose la escritura el 3 de febrero y presentándose la documentación en el Registro Mercantil el 14 de marzo.

El TSJC consideró a Andreu Pujol culpable de un delito continuado de falsedad en documento oficial y de un delito continuado de falsedad en documento mercantil, como cooperador necesario. Tras aplicar la atenuante de confesión, la condena quedó reducida a un año y dos meses de prisión con inhabilitación y una multa de 2.250 euros, así como la inhabilitación especial para contratar con administraciones públicas o sus entes dependientes por un año y un día. ¿El motivo? Se le adjudica la responsabilidad de haber elaborado presupuestos y facturas a su nombre, como trabajador autónomo o a través de su empresa APMGC & CE, siguiendo las indicaciones que le daba Isaías Herrero, el otro condenado. "Los trabajos que hacíamos eran unas cosas, pero lo que figuraba en las facturas eran otras", según declaró ante el TSJC.

Una inhabilitación, esperada por el empresario, sería uno de los principales motivos para que disolviera la compañía dedicada a servicios informáticos y reparación de ordenadores, ya que al contrario que muchas empresas que se liquidan, APMGC & CE SL era rentable y le permitía ganar dinero, a la vez que obtener un sueldo. A tenor de las últimas cuentas presentadas en el Registro Mercantil, correspondientes a 2021, la sociedad había logrado un beneficio de 1.591,51 euros, 1.000 menos que un año antes, tras obtener 130.419,98 euros en ingresos y tener unos gastos de 94.310,13 euros en concepto de gastos de personal, puesto que su plantilla de trabajadores era de cuatro empleados.

De hecho, en su informe de gestión correspondiente a dicho año, el empresario destaca que "la sociedad ha desarrollado normalmente su actividad durante 2021, haciendo frente a las dificultades que surgen en la dinámica económica de cada día, que afortunadamente se han ido superando. Los resultados obtenidos no son lo buenos que sería de desear, pero dada la creciente competencia en el mercado, los estimamos aceptables, bien que deseamos mejorarlos en el futuro. La sociedad ha procurado seguir la política austera de gastos, y, en cuanto a inversiones, se han efectuado las que la propia dinámica de la empresa demanda".

Laura Borràs y el retiro de su escaño

Andreu Pujol fue, junto a Isaías Herrero, el hombre clave en la trama que ha hecho que la presidenta Laura Borràs fuera condenada a cuatro años y medio de cárcel por adjudicar contratos, lo que hizo que la Junta Electoral Central (JEC) la retirara de su escaño en el Parlamento catalán, aunque decidió recurrir y presentar un recurso de casación contra dicha condena ante el Tribunal Supremo.

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Un Tribunal Supremo que ha rechazado la suspensión cautelarísima del acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) que retiró el escaño en el Parlamento catalán a la presidenta suspendida Laura Borràs, tras haber sido condenada a cuatro años y medio de cárcel por adjudicar contratos a dedo. Todo ello después de que Borràs pidiera medidas cautelarísimas contra la resolución que dejó sin efecto su credencial como diputada del Parlament tras considerar que concurría causa de inelegibilidad sobrevenida tras su condena penal por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.