Los lucrativos chanchullos de un técnico de Urbanismo: contratos troceados y facturas falsas

Un funcionario de la delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga) se enfrenta a una petición de 12 años de cárcel por supuestamente causar un quebranto a las arcas municipales de más de 600.000 euros por actuar en connivencia con dos empresarios a los que presuntamente favoreció en la obtención de contratos de obras y a los que pagaba facturas duplicadas o por trabajos inexistentes. Los tres son considerados autores, inductores o cooperadores de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsificación de documento mercantil que suman un total de 36 años de prisión y 30 de inhabilitación para el desempeño de un empleo público.

La Fiscalía recoge en su escrito de acusación que, entre los años 2009 y 2011, el técnico encargado de la Sección de Vías y Obras del Área de Urbanismo del consistorio benalmadense, T.J.P., aprovechó que entre sus funciones se encontraba la realización de las valoraciones técnicas en los procesos de adjudicación de las obras municipales, y la vigilancia de que las mismas se ajustaran a los proyectos, para “favorecer en repetidas ocasiones el fraccionamiento” de los trabajos y que pudiesen otorgarse como múltiples contratos menores.

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Esto permitía la “selección directa del contratista” y que en la mayoría de las ocasiones el agraciado fuese el empresario V.H.P. El Ministerio Público detectó esta práctica en obras como la “remodelación de escaleras de la calle Albaicín con Medina Azahara”, “el acerado en vial de circunvalación en el entorno de calle Finoso” o “las escaleras del paseo del Generalife”.

Aunque no fueron las únicas irregularidades que afloraron durante la investigación. También se constató que los trabajos se ejecutaron por “cantidades muy superiores a las inicialmente licitadas, sin que existiera circunstancia alguna que así lo motivara”. Esto se observó en cinco expedientes supervisados por el funcionario investigado y, “en ninguno de los casos, se ha justificado debidamente la necesidad del incremento de presupuesto, ni el destino final del dinero”. Provocando un perjuicio al ayuntamiento que se repetiría con la presunta aceptación de facturas que “no se correspondían con proyecto alguno o estaban duplicadas”.

El técnico supuestamente daba su conformidad a facturas que no se correspondían con ningún proyecto en ejecución

Es lo que la fiscal del caso considera que hicieron el técnico municipal y el mencionado empresario actuando previo acuerdo. Este presentaba las facturas, bien en su nombre, o el de su empresa, y el empleado municipal les daba conformidad. De esta forma se realizaron numerosos abonos indebidos, de los que en la calificación previa se detalla una quincena por cantidades que oscilan entre los 1.330,03 y los 20.874,20 euros.

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No fue el único empresario con el que T.J.P. presuntamente puso en práctica este modus operandi. M.G.V., el tercer acusado en esta causa, y en “connivencia” con el funcionario de Urbanismo, “realizó excesos de facturación, cobró por trabajos no realizados o emitió facturas duplicadas” que causaron un quebranto de 374.796,87 euros. Cantidad a la que hay que sumar los 260.587,97 euros cuantificados de las prácticas ilegales con V.H.P.

La Fiscalía considera que los hechos descritos son constitutivos de delitos continuados de prevaricación de funcionarios, malversación de caudales públicos y falsificación de documento mercantil. T.J.P., el principal investigado, es considerado autor de los dos primeros, mientras que afronta el tercer cargo como cooperador necesario.