La probabilidad de corrupción se multiplica por cuatro por cada 1% que sube la vivienda

El trabajo se ha publicado en una de las plataformas académicas más prestigiosas del mundo económico, y su aportación fundamental es haber medido las probabilidades de que crezca la corrupción en función del incremento de la vivienda. Su principal conclusión no deja lugar a dudas: por cada 1% que suba el precio medio de la vivienda, la probabilidad de que haya corrupción se multiplica por cuatro. En concreto, un 3,9%.

La segunda conclusión tiene que ver con una consideración de carácter político basada en la experiencia de anteriores ciclos expansivos en los que se encarecieron de forma intensa los precios de la vivienda, y que habitualmente se conocen como burbujas. En este caso, concluye el estudio, los gobiernos municipales que gozan de una mayoría absoluta "son más susceptibles de incurrir en corrupción".

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El estudio no ha detectado diferencias reseñables en la probabilidad de corrupción en municipios liderados por gobiernos locales mayoritarios del PP o del PSOE, aunque sí en función del nivel de actividad económica en los municipios. Los más dinámicos, donde la renta per cápita es mayor, tienen menos probabilidad de que estallen casos de corrupción que los más atrasados. Los autores del estudio, en contra de lo que intuitivamente puede parecer, no encuentran evidencias de que el hecho de que un municipio se sitúe en la costa sea más proclive a la corrupción. Habitualmente, como se sabe, se ha relacionado la corrupción con las recalificaciones en zonas de playa al calor de la inversión nacional y extranjera.

El trabajo —se puede leer aquí— lo firman los profesores Antonios Marios Koumpias, de la Universidad de Michigan Dearborn; Jorge Martínez-Vazquez, de la Universidad del Estado de Georgia, y Eduardo Sanz-Arcega, de la de Zaragoza, que han estudiado la causalidad que existe entre precios de la vivienda y la corrupción urbanística, fenómeno que se dio con intensidad durante los primeros años del siglo hasta que la burbuja estalló. Los numerosos casos observados preocuparon, incluso, al Parlamento Europeo, que llegó a calificar de "endémica" la corrupción urbanística en España.

El contexto

Los autores del estudio parten para su análisis de diferentes trabajos académicos que han puesto de manifiesto la existencia de "un grave problema de corrupción política a nivel municipal asociado al sector inmobiliario", y, en particular, un vínculo estrecho entre corrupción y desarrollo urbanístico. A esta conclusión se puede llegar de forma intuitiva, pero lo que aporta el estudio, según Eduardo Sanz-Arcega, uno de los autores, es, precisamente, que las mediciones están basadas en criterios científicos. Son, por lo tanto, medias. Es por eso por lo que del análisis se han excluido comportamientos irregulares que han podido existir en otras actividades no inmobiliarias, pero que no están acreditadas en alguno de los registros con los que se han construido las bases de datos.

Entre las causas de la corrupción se encuentran las oportunidades que ofrece el negocio inmobiliario para la búsqueda de rentas, la enorme discrecionalidad municipal en el planeamiento urbanístico y, por último, un débil sistema institucional local que ha favorecido la corrupción. Además de condiciones de financiación muy beneficiosas, tanto para los compradores como para los promotores.

Entre 1999 y 2007, en concreto, los créditos hipotecarios crecieron en España un 19,8%, muy por encima del 10,4% en el conjunto de la zona euro. Igualmente, en 2007, por cada 100 habitantes se construyeron 1,6 viviendas, también muy por encima del 1,1% en la eurozona. Los precios reales de la propiedad inmobiliaria aumentaron un 25,5% entre 2003 y 2009.

El trabajo hace suyos algunos estudios académicos anteriores que han encontrado evidencias de que el hecho de que se destapen casos de corrupción apenas tiene influencia en los resultados municipales posteriores. Uno de los trabajos que se citan ha llegado a la conclusión de que, entre 2007 y 2011, la pérdida de votos para el partido corrupto es de apenas el 1,8% respecto de los alcaldes que son honestos. Ahora bien, como sostiene Sanz-Arcega, hay que matizar que el trabajo, por razones de disponibilidad de datos, no analiza la intensidad cuantitativa de la corrupción, lo que significa que no se diferencian casos de unos pocos miles de euros con otros de mucha mayor cuantía.

Para su análisis, lo que han hecho los autores del estudio es explotar la información existente a nivel municipal sobre los casos de corrupción urbanística y su relación con los precios locales de la vivienda durante un periodo de tiempo determinado. En concreto, entre principios de siglo y mediados de la primera década, en los municipios más grandes de España. Para ser más precisos, los que tuvieran una población de más de 25.000 habitantes, que son los únicos de los que se cuenta con información detallada sobre los precios de la vivienda. La base de datos es la que ha confeccionado un equipo de investigadores de la Universidad de Barcelona liderado por Albert Solé-Ollé. La muestra del estudio se compone de 554 observaciones municipio-ciclo electoral.

A la vista de los resultados, los autores del estudio recomiendan a los poderes públicos avanzar en tres direcciones para hacer frente a la corrupción urbanística. En primer lugar, favorecer la competencia política, ya que actúa como freno de la corrupción urbanística. En segundo lugar, alentar la rendición de cuentas por acción de la ciudadanía, lo que dificulta la incursión en prácticas corruptas, que parecen actuar en mayor medida en municipios densamente poblados y en aquellos de mayor población. Finalmente, favorecer el diseño de políticas públicas que tengan en cuenta los efectos perjudiciales que tiene el incremento de la actividad económica en torno al urbanismo en forma de externalidades negativas, como la propagación de la corrupción.