La Policía Judicial detecta indicios de falsedad con facturas del hermano de Ximo Puig

El Equipo de Delitos Económicos de la Guardia Civil ha detectado la posible existencia de facturas cruzadas entre dos empresas administradas por Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que podrían haber servido para la obtención de subvenciones públicas por mayor cuantía de la que les correspondería, en unos hechos susceptibles de ser tipificados como delito continuado de falsedad en documento mercantil. Así figura en un escrito que la Fiscalía Anticorrupción remitió el pasado 31 de marzo al Juzgado de Instruccíón 4 de Valencia, que instruye la causa abierta tras una denuncia del Partido Popular contra Francis y otras empresas con las que colaboraba.

En ese escrito, al que tuvo acceso El Confidencial, el Ministerio Fiscal solicita al juez que cite al empresario de Morella para que aclare "las facturas cuyo pago no ha podido ser acreditado o aquellas cuya relación con la actividad mercantiles que administra no ha podido ser determinada". El instructor ha citado a Francis para el 23 de mayo en calidad de administrador de las dos mercantiles bajo investigación: Comunicacions dels Ports y Mas Mut Producciones. También ha citado para el 25 del mismo mes a Juan Enrique Adell Bover, administrador de Canal Maestrat y Kriol Producciones, por hechos similares en estas empresas y por un posible "falseamiento de nóminas".

La empresa de Francis dice que las dudas son sobre un "número muy limitado de facturas"

Según recoge la Fiscalía el informe elaborado por la Guardia Civil, que lleva dos años indagando en las empresas investigadas en calidad de Policía Judicial, señala "cuatro tipos de irregularidades en justificación de gastos". El primero es la existencia de esas facturas cruzadas entre Comunicacions y Mas Mut. "En la cuenta justificativa de gastos corrrespondiente al año 2015, CDC (Comunicacions dels Ports) habría adjuntado facturas de MMP (Mas Mut) cuyo abono no ha quedado acreditado". Y al revés, se habría producido la misma circunstancia entre MMP y CDP en sentido inverso. "En los años posteriores también se incluyen facturas sde este tipo, cuyo pago no ha podido ser acreditado".

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EC/Agencias

Este pasado martes, tras conocerse la citación del juez, Comunicacions dels Ports distribuyó un comunicado en el que asegura que no ha cometido ningún ilícito penal. La productora señala que durante más de dos años se ha mantenido un "respetuoso silencio" para no interferir en la investigación y ha aclarado que las "dudas" de la Guardia Civil sobre un número "muy limitado" de facturas aportadas para justificar las subvenciones concedidas. Según sostiene, esas dudas "serán resueltas en una próxima comparecencia en sede judicial, que se solicitará en breve".

La segunda irregularidad que recoge la Guardia Civil hace referencia a facturas en las que pone en duda que puedan servir para justificar ayudads concedidas tanto por la Generalitat valenciana como por la catalana dirigidas a subvencionar la producción y difusión en valenciano de programas de radio, televisión y prensa escrita o digital. Se trata de facturas duplicadas o de suministro de energía u otros conceptos que "no se corresponde con el domicilio social" y que tambiém integrarían el concepto de falseamiento para obtención de sunvenciones, "salvo que fueran también ficticias". No obstante, la propia Policía Judicial no aclara que pueda haberse producido ese delito de fraude en subvenciones, que exige un mínimi de 120.000 euros de cantidad defraudada para entrar en la tipificación penal.

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"En el supuesto de que no lo sean", dice sobre las facturas sobre las que tiene dudas de que sean subvencionables, "la conducta podría entrar en la de falseamiento que exige el delito de fraude en subvenciones o ser constitutiva de infracción administrativa con obligación de reintegro", señala.

Esta misma circunstancia, la de la inexistencia de conclusiones sobre si hay o no indicios sólidos de fraude en subvenciones, se da en el caso de la imputación del 100% de gastos en solicitudes de subvenciones remitidas por partida doble a la Generalitata valenciana y la catalana. La ley permite solicitar subvenciones por los mismos conceptos en ambas administraciones, siempre que no se exceda el 100% del gasto realizado, es decir, subvencionar dos veces por completo lo mismo.

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Es algo que la Policía Judicial cree que se produjo. "Esta acción debe de tenerse en cuenta en el caso de Cataluña, puesto que la justificación de gasto es del año anterior". Sin embargo, no aclara si la cantidad presuntamente defraudada alcanzaría el límite de los 120.000 euros que exige el delito. "Sería preciso determinar en el caso de Cataluña, qué cantidad se ha obtenido en cada expediente y compararlo con la cuantía obtenida en Valencia, para averiguar el exceso de gasto acreditado. Esta es la razón por la que la Fiscalía ha pedido auditorías a los departamentos de Intervención de las dos administraciones autonómicas. En esta línea va la cuarta posible irregularidad defectada por los agentas, la de haber omitido la recepción de subvenciones con la misma finalidad en la solicitud de ayudas de otra administración pública.

El informe "confunde"

En su comunicado, las productora que administra Francis Puig señaló que el informe de la Guardia Civil "confunde" al hablar de la doble imputación del gasto para subvenciones de la Generalitat Valenciana y la Generalitat Catalana. Según sostiene, el hecho de que las mismas facturas se hayan aportado en una u otra administración no implica en ningún caso se ha subvencionado íntegramente por ambas administraciones o doblemente un mismo gasto, "respetándose en todo momento el límite previsto en el artículo 19.3 de la Ley General de Subvenciones".

Comunicaciones dels Ports también recordó un oficio remitido por la Agencia Antifraude de fecha 20 de febrero de 2020 al juzgado en el que se señala que "todos los planes de control en el ámbito administrativo de las subvenciones recibidas han finalizado con resolución favorable, no instruyéndose ningún procedimiento de reintegro por parte de la administración". Las defensa de Francis confía en que tras su comparecencia judicial el 23 de mayo y una vez realizadas las auditorías de la Intervención se determine la inexistencia de delito y se archiven las actuaciones.

Por su parte, el 'president' Puig trató de restar trascendencia pública al caso señalando que las diligencias se enmarcan en la "normalidad" de las instituciones y en la Justicia" y que demuestran que "todas las personas y empresas son tratadas con la misma vara de medir". En la Generalitat estiman que la instrucción no está poniendo de relieve ningún trato de favor por parte de la Administración y que lo que se investiga es si tanto Francis Puig como sus aliados comerciales actuaron correctamente con las justificaciones. Justo en esta línea desplegó Puig el argumentario al señalar que "si alguno hace alguna cosa que no es correcta y la Justicia lo determina ha de tener su responsabilidad. Lo vivo con absoluta serenidad y tranquilidad y esperando que la Justicia tome finalmente el resultado que corresponda", dijo Puig.