La vertiente económica de los pactos profundiza en el desgaste del PSOE

El café para todos que se repartió en la transición, con la bendición del ministro de la UCD Manuel Clavero Arévalo, tiene que seguir siendo para todos a pesar de que los socios de Pedro Sánchez quieren limitar el reparto. Lo tienen claro los dirigentes territoriales del PSOE, los que hablan en público y los que lo hacen en privado. En este momento de gran malestar social, con miles de ciudadanos en las plazas de todo el país gritando contra los pactos de Pedro Sánchez, la amnistía se lleva la mayor parte de los focos, pero el contenido económico de los pactos firmados con nacionalistas e independentistas es lo que más preocupa en las baronías, sobre todo por el efecto de agravio comparativo que genera.

Con la rebaja de la malversación y la eliminación de la sedición, ocurrió algo similar. La reforma del Código Penal se aprobó cuando empezaban a conocerse las rebajas de condena a delincuentes sexuales que provocó la ley del solo sí es sí. En el PSOE, entonces, la preocupación era el efecto pernicioso de esta norma impulsada por Irene Montero y su réplica en el plano electoral. Ahora, el temor, incluso más que en la amnistía, está en la diferencia que se pueda dejar ver en materia de inversiones, traspaso de competencias o negociación en materia de financiación autonómica, que será uno de los debates centrales de la legislatura una vez que eche a andar.

"No habrá desequilibrios", expresa una diputada andaluza, tajante. El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, mantiene esa posición desde hace semanas e insiste en recordar el papel de árbitro que siempre han ejercido los socialistas andaluces. Espadas es el jefe de la federación más numerosa del partido que, en otros tiempos, fue un dolor de cabeza para Sánchez en lo orgánico. Espadas fue elegido gracias al aval de Sánchez y para sustituir a Susana Díaz, que ejercía una resistencia blanda desde que perdió la Junta en 2018.

El PSOE andaluz está totalmente alineado con Ferraz, pero es cierto que es la tónica general en el partido, con la excepción de Emiliano García-Page, que ejerce de voz crítica, pero poco más. No hay una corriente alternativa que se conjure, como ocurrió en 2016, para torcer la voluntad del secretario general y su núcleo duro. Los pactos que harán posible la investidura de Pedro Sánchez tienen además un efecto sedante. A pesar de las reservas que muchos dirigentes y cuadros del partido expresan en privado, siempre van asociadas a una coletilla: "Lo importante es el Gobierno".

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"Gran parte de los acuerdos estaban ya amortizados", explica un barón territorial, aunque admite que los acuerdos son "raros". Con "raro" se refiere a lo que en Ferraz llaman "la plasmación de las discrepancias", algo que se ve muy bien en el acuerdo con Junts. Los neoconvergentes han logrado incluir en el texto sus posturas de máximos, pero el PSOE asegura que no tienen intención de concedérselas, como ocurre con la cesión del 100% de los impuestos que se recauden en Cataluña. "El dinero tiene que ser igual para todos", zanja este dirigente.

El mensaje es el mismo que se lanzó desde los territorios gobernados por el PSOE cuando se hizo público el acuerdo con ERC, que incluía la quita de la deuda de Cataluña con el Estado. García-Page ejerció su papel habitual y recordó que defendió que Castilla-La Mancha deberá recibir lo mismo que Cataluña. Y lo mismo dijo Adrián Barbón, el presidente asturiano. Es cierto que el acuerdo con los republicanos establece que el mecanismo de perdón de deuda es extensible al resto de las comunidades, pero el criterio para calcular la compensación todavía no se conocerá hasta que se haya formado el Gobierno, y eso genera suspicacias.

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"Este Gobierno defenderá a Andalucía infinitamente mejor que uno de PP y Vox", defiende un dirigente andaluz en una réplica del argumento más habitual entre los barones, a pesar de las dudas respecto a la amnistía. Hay una sensación generalizada en el PSOE que asegura que el suflé y la presión de la calle empezarán a bajar, como ocurrió con los indultos. Entonces quedarán la vertiente económica de los acuerdos y la aprobación de los presupuestos. Es cierto que los últimos PGE han cumplido el precepto del Estatuto andaluz, que establece que la inversión del Estado en la comunidad debe ser acorde a su peso poblacional. Y a eso se agarran en la federación más grande del PSOE, donde milita precisamente la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del partido, María Jesús Montero.

Satisfacción y alivio en Málaga

El ambiente en el congreso de los socialistas europeos que se ha celebrado en Málaga este fin de semana era precisamente ese. Entre los ministros y los miembros de la cúpula del partido allí presentes se podían escuchar incluso expresiones de alivio. "Es un momento histórico", apuntaba una dirigente del partido miembro de la ejecutiva federal. La satisfacción era palpable, a pesar de las protestas que se registraron el viernes frente a la Subdelegación del Gobierno de la capital de la Costa del Sol, donde Sánchez se reunió con el canciller alemán, Olaf Scholz.

En el partido del puño y la rosa han pasado página, aunque son conscientes de que la ley de amnistía coleará mientras dure su tramitación en el Congreso. Están ya en la próxima pantalla, que es la reelección inminente de Sánchez en un debate que se prevé para los días 15 y 16 de noviembre. La orden de Ferraz a sus diputados es que deben estar en Madrid ya el martes 14, aunque Francina Armengol aún no ha fijado la fecha para el pleno de investidura que dará paso, si no hay sorpresas, a las quinielas del nuevo Ejecutivo.