El Gobierno comienza a poner fin al imperio hidráulico de Iberdrola

El Ministerio para la Transición Ecológica ha denegado a Iberdrola la prórroga de la concesión de aguas para la generación de energía eléctrica en las centrales de Villalcampo I y II, en Zamora. La autorización expira el próximo año y provocará que la multinacional que preside Ignacio Sánchez Galán pierda una capacidad de producción de 217 MW. Iberdrola se arriesga a perder otras infraestructuras similares en los próximos años. La empresa ha recurrido la decisión ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, según consta en documentos oficiales a los que ha tenido acceso El Confidencial.

El conflicto da una pista de lo que hay en juego. Villalcampo es una de las seis instalaciones que conforman los Saltos del Duero, el mayor sistema hidráulico de España, con una generación total de 3.161 MW. Hasta ahora, Iberdrola los ha gestionado en exclusiva y constituyen uno de los activos más rentables de su balance, pero el Gobierno de Pedro Sánchez anunció durante la pasada legislatura su intención de recuperar progresivamente todas las plantas hidráulicas para que pase a gestionarlas el Estado.

La mayoría de estos embalses están amortizados desde hace décadas y la materia prima cae literalmente del cielo. En 2017, un año especialmente seco, el ebitda de Iberdrola se redujo en más de 400 millones de euros. Además, por el sistema de fijación de precios, el agua es la única fuente de energía que fija su valor por el coste de oportunidad de otras fuentes más caras, como el gas. Eso convierte los Saltos del Duero en una palanca clave para influir en el mercado eléctrico nacional.

La cotizada con sede en Bilbao se sienta justo estos días en el banquillo por haber inflado, supuestamente de manera artificial, a finales de 2013, el precio de su agua embalsada en las cuencas del Duero, Tajo y Sil para forzar que se conectaran a la red sus plantas de ciclo combinado. La tarifa de la luz subió tanto que el Ejecutivo de Mariano Rajoy se vio obligado a suspender la subasta para impedir que se disparara el recibo de los hogares. Cuatro directivos de Iberdrola Generación y la propia mercantil están acusados de un delito contra los consumidores.

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En la actualidad, los Saltos del Duero suponen más del 30% de la capacidad hidráulica de Iberdrola. Ante la cercanía del fin de la concesión de las centrales de Villalcampo, la compañía pidió una extensión del plazo a la Confederación Hidrográfica del Duero. Pero el director de Aguas de ese organismo, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, denegó la solicitud el 9 de septiembre de 2022, según muestra el expediente. Las concesiones de las centrales Saucelle I y Castro II, también de los Saltos del Duero y controladas igualmente por Iberdrola, finalizan en 2028 y 2031, respectivamente.

La decisión del ministerio llegó después de que este mismo departamento acusara a Iberdrola, en el verano de 2021, de desembalsar de manera temeraria toda el agua del embalse de la central de Ricobayo (Zamora), otra de las seis de los Saltos del Duero, con el único objetivo de disparar sus beneficios aprovechando los altos precios a los que cotizaba el gas en ese momento. Unas diligencias del Seprona de la Guardia Civil revelaron que, como consecuencia de aquel desembalse, varios municipios de la zona se quedaron sin agua y tuvieron que cerrar negocios turísticos. El departamento de Teresa Ribera aprobó un decreto ley para establecer unos caudales mínimos en Ricobayo y otros embalses con producción eléctrica.

Las concesiones de Saucelle I y Castro II, también de los Saltos del Duero y controladas igualmente por Iberdrola, finalizan en 2028 y 2031

Fuentes del ministerio aseguran a El Confidencial que la denegación de la prórroga de Villalcampo no guarda relación con el polémico desembalse de Ricobayo y se ajusta al procedimiento habitual cuando acaba una concesión. Por su parte, ha sido imposible contactar con Iberdrola para recabar su versión de los hechos.

Iberdrola reaccionó a la negativa de la Confederación Hidrográfica del Duero recurriendo la resolución ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. El pasado octubre, el ministerio envió a ese órgano judicial todo el expediente de Villalcampo. Si la central vuelve a salir a concurso, la multinacional podrá optar a otra concesión. Pero si queda bajo gestión del Estado, Villalcampo pasará a depender de un organismo público.