El Gobierno revela que las eléctricas aún harán negocio con las hidráulicas públicas 35 años más

Las eléctricas mantendrán el control de las grandes infraestructuras hidráulicas en España alrededor de 35 años más de media. Es decir, que el negocio de las concesiones públicas hidroeléctricas seguirá de forma mayoritaria en manos de seis grandes empresas (Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol, EDP y Acciona) hasta más allá de 2050, llegando en algunos casos más allá de 2075. Esto significa que explotarán algunos de estos activos altamente lucrativos por periodos de más de 100 años.

Así consta en los datos recopilados por la Subdirección General de Dominio Público Hidráulico e Infraestructuras de la Dirección General del Agua, del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, a los que ha tenido acceso El Confidencial. El Ejecutivo de Pedro Sánchez detalla la fecha exacta en que termina la concesión de las 1.064 centrales hidráulicas que hay registradas en España (busque el año en que expiran las concesiones).

Los datos revelan que Iberdrola posee 8.402,7 MW repartidos en 136 centrales (21 de más de 100 MW) a cuyas concesiones otorgadas por los poderes públicos durante el siglo XX aún les quedan de media 31,2 años de vida (más allá de 2050). La sigue Endesa, que posee 3.902,4 MW en más de 100 centrales (ocho de más de 100 MW) que llegarán de media hasta 2050 también. Naturgy posee 1.604,1 MW para los próximos 26 años, mientras que Repsol posee 1.019 MW hidroeléctricos que caducan de media dentro de 34,31 años (hasta 2056). Acciona cuenta con 771,5 MW para 25,3 años más, mientas EDP ostenta 482,4 MW con una vida aún por disfrutar de 28,45 años.

La cuenca hidrográfica que más potencia hidráulica acumula es el Ebro, seguida del Duero, Miño-Sil, Tajo, Júcar, los saltos de agua del Cantábrico, Guadalquivir, Guadiana y Segura. Hasta ahora, en España no existía una recopilación pública única para conocer la fecha de caducidad de las concesiones hidroeléctricas, construidas la mayoría de ellas durante el franquismo y los primeros años del siglo XX.

Los datos recopilados por el Gobierno revelan que varias de las centrales más grandes cuentan con periodos de concesión a las principales eléctricas de alrededor de 100 años, pese a que la Ley de Aguas establece que de forma general no se pueden superar los 75 años. Este es el caso de la mayor central hidráulica de España, José María de Oriol-Alcántara (92 años en total para Iberdrola hasta 2061), Mequinenza (97 años para Endesa hasta 2061), Bao (100 años para Iberdrola hasta 2061), San Esteban (96 años para Iberdrola), Ribarroja (96 años para Iberdrola hasta 2061), Belesar (100 años para Naturgy hasta 2063), Valdecañas (97 años para Iberdrola hasta 2061), Azután (92 años para Iberdrola hasta 2061), San Esteban (96 años para Naturgy hasta 2051), Torrejón (97 años para Iberdrola hasta 2061), Salime (100 años para EDP hasta 2056), Gabriel y Galán (100 años para Iberdrola hasta 2061) o Canelles (101 años para Endesa hasta 2061).

No obstante, la recopilación de información de la Dirección General del Agua no está completada al 100%, ya que hay algunas concesiones de las que no concreta su año de caducidad, así como en otras la potencia no está especificada.

Llama la atención el periodo concesional de la central de Bolarque, controlada por Naturgy, en la cuenca del Tajo, y cuya concesión va de 1910 a 2049. Es decir, 139 años en total de periodo de explotación, o Peares, en el Miño-Sil, por 104 años: de 1955 a 2059. El régimen de Franco consideró en la ley del sector público de 1964 que en las "concesiones o autorizaciones sobre el dominio público se incluirá necesariamente el plazo de duración, que no podrá exceder de 99 años" porque después de eso podrían generarse derechos de propiedad.

Sin embargo, posteriormente, una modificación introducida por la Ley de Aguas de 1985 advertía de que las concesiones hidráulicas no podían exceden en ningún caso los 75 años. Pero las eléctricas han aprovechado un resquicio que contemplan la propia Ley de Aguas y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico con el que pueden lograr ampliaciones temporales de las concesiones por motivos de amortización de la inversión. De esta forma, con las inversiones que han realizado las eléctricas en mejoras a lo largo de los años les han servido para estirar la licencia de explotación de este bien público para producción de electricidad a partir del agua.

Varias de las plantas hidráulicas más potentes en manos de las eléctricas finalizarán su concesión pública con 100 años de explotación

Los activos hidráulicos son altamente valorados por el mercado. Al no existir hasta ahora un registro donde consultar los años de caducidad, los fondos de inversión han buscado esta información por vías informales. Al tratarse de plantas que pueden gestionar el agua, eso les permite hacer sus ofertas cuando la luz es más cara. Es decir, que muchas centrales, cuyas inversiones están ampliamente amortizadas tras décadas de uso, producen electricidad a partir del agua, lo que significa que sus costes son muy bajos, y la ofertan a precios similares al de las centrales de gas.

Eso explica que la hidráulica sea la que marca el precio a muchas horas del día. La subida del gas a récord histórico en los mercados mayoristas hace que sus ingresos se hayan disparado. Ante esta situación, el Gobierno sacó un real decreto-ley en septiembre en el que pretendía eliminar lo que denominan beneficios caídos del cielo ('windfall profits'), y que detraen ahora gran parte de lo que ganan estas instalaciones. Una "retribución excesiva", según han manifestado en repetidas ocasiones los responsables de Ejecutivo recientemente.

Este es el caso de Ricobayo, que estuvo en el centro de la polémica este verano porque Iberdrola vació este embalse aprovechando los precios récord de la luz. Construida en 1926, la eléctrica vasca ostenta su explotación hasta 2039, por lo que estará en su poder 113 años. La fuerte bajada del nivel de Ricobayo en poco tiempo motivó una investigación del Ministerio para la Transición Ecológica. Ahora, el departamento que dirige Teresa Ribera trabaja en la elaboración de un código de buenas prácticas para tratar de evitar que se sucedan episodios como el de este verano, que la vicepresidenta tercera calificó de "escandaloso". Sin embargo, ahora el Gobierno no encuentra base para multar a la eléctrica que dirige Ignacio Sánchez Galán y el caso quedará archivado, según 'El Mundo'.

El vaciado de diversos embalses como el citado de Ricobayo y otros como Valdecañas, Salas, Belesar, As Portas y Soutelo al calor de los elevados precios de la electricidad provocaron que Unidas Podemos pidiera la reversión al Estado de las concesiones hidráulicas para que sean gestionadas desde una empresa pública de nueva creación.

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Una medida con amplio recorrido mediático el pasado verano, ya que el PSOE estaba de acuerdo con su socio de gobierno, pero que, sin embargo, tiene un efecto inmaterial. Los datos revelan que menos de 1.000 MW de casi 18.000 tienen una concesión que concluya antes de 2030. Por el contrario, las eléctricas controlan casi 15.000 MW y la mayoría de sus explotaciones cuenta con licencia de operación para más de 30 años.

En cualquier caso, 'elDiario.es' informa de que para esos 953 MW que caducan en los próximos ocho años, el Ministerio para la Transición Ecológica está tratando de fiscalizar ilegalidades para detectar la posible ampliación indebida de dichas concesiones, según consta en documentación oficial.