Extraer agua de pozos ilegales: una práctica ruinosa que amenaza a este pueblo de Murcia

La Guardia Civil y la Confederación Hidrográfica del Segura, en un operativo conjunto, han destapado un caso de extracción ilegal de aguas subterráneas en Mazarrón, al sureste de la Región de Murcia. La investigación ha revelado la participación de 18 individuos en actividades ilícitas que han infligido daños considerables al entorno natural a través de 51 pozos presuntamente fraudulentos. La alarma saltó en marzo de este año, cuando las extracciones de agua de la rambla de Ramonete, en la misma comunidad, despertaron la atención de los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), marcando el inicio de sus trabajos.

La práctica suele ser llevada a cabo por un pequeño grupo de agricultores que buscan ahorrar costes mediante la extracción ilegal de agua, especialmente en zonas agrícolas acostumbradas a épocas de sequía, con el fin de paliar la ausencia de precipitaciones o las restricciones hídricas impuestas al sector agrícola por instituciones o comunidades de regantes. Supone un peligro tanto para la supervivencia de los embalses como para los bolsillos de los ciudadanos. Un municipio de 30.000 habitantes en Murcia ha saltado a la noticia debido a un caso similar.

La inspección de 53 explotaciones agrícolas en el territorio murciano reveló la existencia de 51 pozos ilegales, estratégicamente escondidos en lugares de difícil acceso y camuflados con distintos materiales. Estaban conectados a grupos electrógenos que impulsan los motores de extracción, posibilitando el acceso no autorizado a las aguas subterráneas. El impacto ambiental se volvió aún más evidente al rastrear el flujo del agua extraída. Los agentes y técnicos siguieron las conducciones hidráulicas que partían de los pozos y descubrieron que el agua estaba siendo dirigida hacia invernaderos de agricultores locales que cultivan tomates, lechugas y melones. La transformación de terrenos de secano en áreas de regadío agravó aún más la situación.

Las personas presuntamente involucradas en estas actividades ilícitas han sido puestas a disposición del juez instructor de Lorca. Los cargos incluyen delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, así como sustracción de agua. La magnitud se estima, por ahora, en más de 2,5 millones de metros cúbicos de agua, lo que supone un impacto económico que supera los 2 millones de euros. Pero las cifras podrían "multiplicarse por tres" con el avance de la investigación del caso, hasta alcanzar los 7,5 millones de metros cúbicos de agua usados y los 6 millones de euros, según relatan fuentes de la Guardia Civil consultadas por este periódico.

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El punto focal de la investigación fue el acuífero de Mazarrón, previamente señalado en 2014 como una zona de riesgo cuantitativo por la Confederación Hidrográfica del Segura como consecuencia de la "sobreexplotación", señala un informe del anterior Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente. Las operaciones de investigación incluyeron reconocimientos tanto terrestres como aéreos, lo que arrojó luz sobre la existencia de invernaderos agrícolas en la zona.

Sospechando un uso irregular del agua para abastecer estos cultivos, los guardias civiles del Seprona y los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Segura iniciaron el estudio de caso. Las personas presuntamente involucradas en estas actividades ilícitas han sido puestas a disposición de la Instrucción de Lorca, Murcia. Los cargos incluyen delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, así como sustracción de agua.

El alto coste del agua desalada

Representantes de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Murcia afirman que la apertura del caso les ha sorprendido, debido a que la agricultura de la zona se nutre del agua que procesa la desaladora de Mazarrón, maquinaria privada que no depende de las ayudas del Estado, afirman desde la plataforma. Antonio, de UPA, reafirma que "el coste de extraer agua del suelo no es igual que pagar (el agua) desalada".

"Si hay alguien que está extrayendo agua de forma ilegal, está perjudicando a aquellos que tienen concesión legal en ese acuífero"

"Hay que tener en consideración que nosotros siempre defendemos que el agua debe ser legal. Si hay alguien que está extrayendo agua de forma ilegal, está perjudicando a aquellos que tienen concesión legal en ese acuífero", reconoce Antonio, integrante de UPA, añadió. La misma persona asegura que el precio del recurso por esta vía "tiene un precio de 1 euro por metro cúbico". "Es muchísimo", añade. Antonio entiende que el sector no puede hacer frente a los costes que supone la desalación del recurso. Pone de ejemplo un agricultor que tenga que regar cinco o seis mil m³ de terreno: "supone seis mil euros" de coste.