La Pirámide de los italianos que homenajea a Mussolini y Vox lucha por mantener en Burgos

Es una pirámide, pero no está en El Cairo. Tampoco en Roma, aunque se levantara como homenaje a 384 soldados de la Italia fascista de Benito Mussolini. En realidad, la Pirámide de los italianos está a medio camino entre Castilla y León y Cantabria. En el valle de Valdebezana, en la provincia de Burgos, se alza este mausoleo que mandó construir Francisco Franco durante la Guerra Civil para enterrar a los militares italianos que apoyaron al bando sublevado. El enclave, que podría desaparecer en aplicación de la Ley de Memoria Democrática, ha generado una polémica porque Vox se ha lanzado a protegerlo y propone catalogarlo como Bien de Interés Cultural (BIC) para burlar la normativa. El trámite, sin embargo, es complejo y ni siquiera está clara cuál es su titularidad.

El edificio, escalonado y con una M enorme en su puerta de acceso, se convirtió en un reclamo turístico de la zona y uno de los más de 350 vestigios del franquismo en la región que, según la Ley de Memoria Democrática, pueden ser derribados. El catálogo oficial de inmuebles franquistas que elabora el Gobierno central aún no ha sido publicado, pero las comunidades o ayuntamientos ya empezaron a configurar sus propias listas. Un portal web creado para recopilar todos estos elementos, deberiandesaparecer.com, estimó en marzo unos 6.000 símbolos en todo el país. Entre ellos, la Pirámide de los italianos de Burgos.

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La Consejería de Cultura de Castilla y León —donde gobierna el PP en coalición con Vox, que ostenta este departamento— anunció que había iniciado los trámites para declarar BIC el antiguo mausoleo. Lo comunicó el titular del ramo, Gonzalo Santoja, que reivindicó la medida como una forma de mantener un edificio valioso por su arquitectura "singular" y sus condiciones "artísticas, históricas y paisajísticas". Estas, precisamente, son algunas de las excepciones a la norma estatal para conservar la construcción.

La estrategia de declararla BIC

La condición de BIC es una forma jurídica que permite proteger un monumento ante un derribo inminente. También es una estrategia que Vox ya puso en marcha con los 190 monumentos o símbolos franquistas de Castilla y León para blindarlos frente a la Ley de Memoria. Hicieron lo mismo en otras zonas del país. Uno de los casos más sonados fue el del Valle de los Caídos, en la Comunidad de Madrid, que también propusieron proteger. Pero finalmente no se logró el plácet del Estado.

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La justificación fue que el actual valle de Cuelgamuros no poseía un valor histórico y arquitectónico tan representativo de la época "más allá de su carácter simbólico y político", como remarcaron desde el Gobierno de Pedro Sánchez. Allí estuvieron enterrados Franco y Primo de Rivera antes de ser exhumados de la basílica, en 2019, el primero, y en abril de este año, el segundo. Pero Vox vuelve a probar el mismo método con la pirámide de Burgos, a la que ahora le quedan dos futuros posibles: la desaparición o la reinterpretación de su uso.

El Gobierno se abre a negociar

El marco regulatorio para el Patrimonio Cultural determina, en su artículo noveno, que estas catalogaciones deberán pasar antes un informe "favorable y razonado" de las instituciones consultivas pertinentes, en este caso de los técnicos y especialistas de Cultura. De momento, y según adelantó el propio consejero en el mes de junio, las perspectivas sobre la mesa le resultan optimistas.

La pirámide está en territorio castellanoleonés, aunque se ubique justo en el límite con Cantabria. Así que es esta Administración autonómica la que debe dar el visto bueno una vez incoado el proceso. Es decir, una vez iniciados los trámites a instancias del departamento responsable, el de Santoja en este caso. Con la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, hace ya casi un año, necesitan el aval del Gobierno central. El consejero de Cultura aseguró hace apenas una semana haber recibido cinco peticiones de la Secretaría de Estado de Memoria Histórica, dependiente del Ministerio de Presidencia, que debe resolver antes de acabar el período de alegaciones. Tres de ellas "muy favorables", añadió, sin concretar más.

Según Santoja, el Gobierno "no se opone" a convertir en BIC la pirámide. Pero añadió condiciones: la Junta de Castilla y León debe concretar de quién es la titularidad del espacio —que controla una asociación integrada por una decena de pueblos de los alrededores, la Hermandad de la Rivera— y a qué fines se va a destinar, sin que estos entren en conflicto con la norma. Desde el Ministerio que dirige Félix Bolaños, preguntados por este periódico, evitaron dar nuevos detalles sobre el contenido de las peticiones. "Velaremos porque se cumpla la Ley de Memoria, que obliga por igual a todos los gobiernos", fue lo único que deslizaron.

"Estamos muy tranquilos", responden desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de Castilla y León. Esta es su contestación después de que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Democrática amenazara con denunciar a Gonzalo Santoja por prevaricación si daba algún paso más para proteger el espacio. Desde el departamento quitan peso al amago de denuncia y sostienen que siguen "todos los pasos que marca la ley". Aunque quedan asuntos por resolver.

Un senador del partido de Meloni envió un escrito favorable a la conservación del mausoleo

Que un senador de Fratelli d'Italia —el partido de Georgia Meloni— enviara un escrito a la Consejería de Cultura castellanoleonesa para personarse en la fase de alegaciones del expediente administrativo no les ha gustado. Roberto Menia, que también es vicepresidente de la tercera comisión de Asuntos Exteriores y Defensa permanente en la Cámara Alta, registró la pregunta el pasado 14 de febrero dirigiéndose a los ministros de Cultura y Defensa de aquel país, preocupado por el futuro del mausoleo. Menia solicitó personarse en la fase de alegaciones, y apoyó públicamente los argumentos esgrimidos por el equipo de Santoja para blindar el edificio.

El proceso "puede durar años" desde que se registra el expediente, y desde la Consejería de Cultura de Castilla y León calculan que una resolución definitiva puede no ver la luz hasta, al menos, 2025. Por eso en la Consejería creen que una denuncia contra su titular "no tendría recorrido" porque la decisión final ataña a todo el Gobierno regional. No lo ven así en la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Su presidente, Emilio Silva, afirma que irán con todo si finalmente hay nuevas medidas de protección. "Estamos esperando a que dé el siguiente paso", se reafirma el sociólogo y activista.