El Gobierno prepara el desarrollo de partes pendientes de la ley de Memoria antes del 23-J

El adelanto electoral ha dejado en un limbo algunos de los principales elementos introducidos en la ley de Memoria Democrática. En su mayoría tenían que desarrollarse normativamente, vía reforma de ley o decreto, como la prohibición de la Fundación Francisco Franco, a través de un cambio en la ley de asociaciones, el reglamento sobre la "restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas del periodo 1936-1939" o el decreto sobre la resignificación del Valle de los Caídos. En el Ejecutivo valoran la posibilidad de aprobar alguno de ellos antes de las elecciones. De hecho, el jueves pasó por la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, el órgano que prepara los asuntos a debatir en el Consejo de Ministros, un acuerdo relativo a la ley de Memoria Democrática para completar parte de su desarrollo pendiente, según ha podido saber este diario.

Otros de los decretos que quedaron pendientes tienen que ver con la creación de un Centro de Memoria Democrática y la puesta en marcha del Consejo de la Memoria Democrática. En lo que respecta a la resignificación del Valle de los Caídos, que de no acometerse quedaría en manos del próximo Ejecutivo, tenía como objetivo establecer un nuevo marco jurídico aplicable al ahora denominado Valle de Cuelgamuros para determinar su organización, funcionamiento y régimen patrimonial.

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E. Delgado

La creación de del Consejo de Memoria Democrática, también en el aire, sería imprescindible para poner en marcha otros aspectos centrales de la ley. Entre sus funciones están las de informar del proyecto del Plan de Memoria Democrática, sobre el plan plurianual de exhumaciones o la elaboración de las recomendaciones para la reparación de las víctimas.

Lo que ya descartó el Ejecutivo en su plan anual normativo para este 2023 fue desarrollar la parte de la ley de Memoria Democrática relativa a la restitución o compensación a los partidos políticos de bienes incautados o las reparaciones a las víctimas que realizaron trabajos forzados. Tampoco la parte de la ley que insta a llevar al Consejo de Ministros la creación de una comisión técnica para que, en el plazo de un año, "elabore y presente un estudio que describa el conjunto de medidas de reparación de carácter económico dirigidas a las víctimas de la guerra y la dictadura, y reconocidas tanto en la normativa estatal como en la autonómica, para que establezca conclusiones y recomendaciones sobre el grado de cobertura alcanzado y déficits subsanables".

El articulado de la ley relativo a las reparaciones económicas no se incluyó en el proyecto aprobado por el Consejo de Ministros. Se pactó durante su tramitación parlamentaria para conseguir los apoyos necesarios. ERC las incluyó entre sus principales reivindicaciones para facilitar la aprobación del texto, que amenazó con tumbar hasta el último momento. Finalmente, pasó del no a la abstención tras recogerse en parte sus demandas.

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EFE

Los republicanos siempre han criticado el agravio comparativo con otras organizaciones, principalmente sindicales, a las que se les ha restituido patrimonio a través de diferentes fórmulas. A UGT, por ejemplo, se le devolvieron en el año 2005 bienes valorados en 140 millones de euros tras la aprobación de un decreto que sacó adelante el Ejecutivo de Zapatero.

Dentro de sus previsiones sí estaba la intención de culminar el proceso legislativo para prohibir las organizaciones que hagan apología del franquismo, con la Fundación Francisco Franco en el punto de mira, que ensalcen el golpe de Estado y la dictadura o enaltezcan a sus dirigentes. En el plan anual normativo, se recoge que el Ministerio de Interior impulsaría una ley que modifique la actual norma reguladora sobre el derecho de asociación. La ley de Memoria Democrática establece el plazo de un año desde su entrada en vigor para promover esta modificación.

El PP compromete su derogación si gobierna

Dentro del paquete de normas aprobadas por el actual Gobierno y que Alberto Núñez Feijóo se ha comprometido a derogar si llega a la Moncloa figura la ley de Memoria de Democrática. Entre sus motivos, según explicó en una entrevista en Onda Cero, por el "disparate histórico" de que formaciones con EH Bildu apoyasen en el Congreso la aprobación de esta ley. Una norma, como la ley trans, la de Educación o la de eutanasia, que calificó en la misma entrevista como "minoritarias" y que "se impusieron a las mayorías para mantener la coalición de Sánchez". Tras el 28-M, esta ley fue una de las primeras que puso en la diana.

Ya tras el desbloqueo de la norma en el Congreso, Feijóo criticó con dureza el texto y, sobre todo, el acuerdo con EH Bildu, entre otros, para sacarla adelante. En la víspera del homenaje a Miguel Ángel Blanco en el 25 aniversario de su asesinato, el líder de los populares avanzó en un acto en Ermua su intención de derogar la norma. "Nos provoca una profunda repugnancia que sean ellos quienes dicten los términos de la Memoria Democrática", dijo con respecto a la formación abertzale radical.