Un juez imputa al presidente de Cox por "revelación de secretos" en el concurso de Abengoa

El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid ha admitido a trámite una querella de la constructora Urbas contra el presidente de la compañía de energías renovables Cox Energy, Enrique Riquelme Vives, por un presunto delito de "descubrimiento de secretos empresariales". Los hechos denunciados están relacionados con la subasta de las unidades productivas de la antigua Abengoa.

La querella fue admitida a trámite el pasado 4 de julio, aunque el auto, al que ha tenido acceso El Confidencial, no había trascendido hasta ahora. La instructora del caso, la jueza Esperanza Collazos, ha dado traslado de las diligencias a la Fiscalía para que se pronuncie sobre la adopción de posibles medidas cautelares contra Riquelme y su empresa, que también figura como investigada.

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Según Urbas, a mediados de 2022, un socio de la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC) propuso a Urbas explorar una toma de contacto con Cox Energy para “valorar posibles colaboraciones, integraciones de activos o incluso una adquisición de dicha compañía”. En el marco de esa operación, relata la querella, Cox Energy solicitó a través del socio de PwC diferente información confidencial contable sobre Urbas.

Antes de compartir sus datos, Urbas exigió la firma de un acuerdo de confidencialidad para dejar por escrito que sus “secretos empresariales” no podían ser utilizados para un fin distinto de la posible cooperación o integración con Cox Energy. La compañía de Riquelme aceptó esa condición y rubricó el acuerdo de confidencialidad el 28 de noviembre de 2022. En los siguientes días, Urbas empezó a compartir su información.

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En una primera fase, según expone la querella, el grueso de esos datos afectaba a la contabilidad ordinaria de Urbas. Pero el 30 de noviembre, otro socio de PwC comunicó a la constructora que Riquelme quería conocer los detalles de la oferta que iba a presentar para tratar de adjudicarse los activos y pasivos de la extinta Abengoa, un proceso que se dirimía en la sección tercera del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla.

Cox argumentó que los números de la oferta de Urbas eran importantes porque las unidades productivas de la multinacional andaluza podían afectar al proceso de fusión en el que estaban inmersos. En un primer momento, la constructora se negó a proporcionar esos detalles, pero, el 15 de diciembre de 2022, el propio Riquelme escribió por WhatsApp a uno de los consejeros de Urbas, Pablo Cobo, para solicitarle expresamente la “información reservada empleada para preparar la oferta presentada”.

"Creo que puedo ayudarte"

La querella admitida a trámite incorpora los mensajes enviados por Riquelme. En estas comunicaciones, el fundador de Cox asegura a Cobo que quiere acceder a los datos de la oferta de Urbas para echarle una mano en el concurso. “Creo que puedo ayudarte”, afirmó Riquelme. Ante tanta insistencia, el consejero de Urbas accedió finalmente a proporcionar de “buena fe” esa información a su interlocutor.

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Los archivos que Cobo envió a Riquelme incluían “las condiciones de los préstamos con las entidades bancarias que financiarían la operación, los pasivos asumidos por Urbas, la estructura de todo el pasivo, posiciones concretas de avales, plan de negocio concreto para Abengoa a cinco años e hipótesis consideradas por Urbas para su materialización”. “Era el resultado de meses de esfuerzos de Urbas y sus asesores” y se trataba de “información reservada muy valiosa (…) que determina los límites de la posibilidad de mejora de la oferta”, subraya la querella.

La constructora afirma que, tras proporcionarle esos datos, Riquelme no solo no la ayudó a terminar de perfilar su oferta, sino que, “en contemplación y abuso de la información confidencial suministrada por Urbas”, Cox Energy elaboró en tiempo récord su propia candidatura y la presentó al concurso de la Sección Tercera del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla.

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El pasado abril, el tribunal acabó precisamente decantándose por la propuesta de la compañía de Riquelme, en detrimento de las presentadas por Urbas y otras empresas y fondos de inversión. Los perdedores recurrieron la decisión, pero la elección de Cox fue confirmada en mayo. Urbas volvió a oponerse presentando un incidente de nulidad, pero el titular del Juzgado Mercantil 3 de Sevilla, Jesús Gabaldón, dictó una providencia el 12 de julio que tumba este último movimiento y da por cerrada la venta de la antigua Abengoa a la empresa de Riquelme.

La admisión a trámite de la querella por "descubrimiento de secretos empresariales" en el Juzgado número 15 de Madrid abre ahora otro frente a Cox, aunque en el ámbito penal. Se trata de un delito castigado con hasta cuatro años de prisión.