La jueza rastrea si Negreira maniobró para ascender a árbitros cuando el Barça le pagaba

La jueza del conocido como caso Negreira ha solicitado a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y al Comité Técnico de Árbitros (CTA) que identifique a todos los colegiados de Primera y Segunda División desde 2010 hasta la actualidad. La sospecha se centra en la posible influencia del que fuera vicepresidente del CTA entre 1993 y 2018, José María Enríquez Negreira, en los ascensos y descensos de los árbitros de una categoría a otra mientras cobraba del Fútbol Club Barcelona.

Fuentes jurídicas confirman que la instructora busca confirmar si, desde la responsabilidad que ocupaba en el CTA, Negreira intervino en la designación de los árbitros. La tesis de los investigadores es que, a través de esa influencia sobre su trayectoria profesional, se ejercía una presión que repercutía posteriormente en los arbitrajes de partidos en los que intervenía el Barça.

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Como desveló El Confidencial, el actual presidente de los árbitros, Luis Medina Cantalejo, defendió en un escrito remitido a la Fiscalía en junio 2022 que el cargo de Negreira en el CTA "no suponía una labor determinada, salvo la de mera representación del organismo", pero, un año después, una de las líneas de investigación pone precisamente el foco en esta cuestión.

Según advierte la Fiscalía en su querella, entre las competencias propias de la CTA figura "clasificar técnicamente a los árbitros a tenor de las correspondientes evaluaciones, y proponer al presidente de la RFEF los ascensos y descensos, así como la adscripción a las categorías correspondientes". El árbitro del VAR Xavier Estrada Fernández, que figura como acusación particular, también sigue la misma línea y en mayo solicitó "todas las actas de ascensos y descensos" de los colegiados.

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Fernández Estrada acusa para ello al presidente de los árbitros de no informar "con detalle sobre los extremos" que le pedía la Fiscalía y, en el escrito remitido a la jueza, solicitaba que se le citara a declarar. La jueza no ha atendido esta última petición por el momento, pero, en una resolución del 25 de mayo, ordena librar el correspondiente mandamiento judicial a la RFEF y al CTA para requerirles esta "relación de árbitros" de Primera y Segunda División desde 2010.

El papel del Barça

La magistrada acaba de ordenar una batería de diligencias. Además de centrarse en los árbitros, ha solicitado las cajas de documentación que Joan Laporta exhibió en una rueda de prensa multitudinaria en la que trató de zanjar la intervención del club en un intento de alterar los resultados de la competición. En el reciente auto en el que prorroga el secreto de las actuaciones, la titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona reseña un larguísimo listado de diligencias a las que debe responder el Barça y se refiere directamente a los originales de los 629 informes, los 43 CDS y los otros cuatro informes a los que se aludió el presidente en aquella comparecencia del 17 de abril.

Laporta presentó en esta rueda de prensa los resultados de una investigación interna sobre los hechos, un compliance, y aseveró que el club estaba siendo víctima de una campaña de desprestigio sin base ninguna. "Quiero empezar con esta afirmación rotunda: el FC Barcelona no ha realizado nunca ninguna actuación que tenga como finalidad, como intención, alterar la competición a fin de obtener una ventaja deportiva a favor", defendió. También aseguró que la Agencia Tributaria no había podido demostrar que los pagos hechos a empresas relacionadas con el señor Negreira "hubiesen podido influir en la elección de los árbitros o en algún resultado deportivo". "No lo han podido demostrar porque no era posible", remató.

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La magistrada quiere comprobar ahora qué despacho externo elaboró el informe contratado por el FCB y conocer el lugar exacto en el cual se custodiaba la documentación que se enseñó a los medios. También reclama la identificación de las personas que han compuesto la estructura ejecutiva del Barça, los vicepresidentes deportivos y otros máximos responsables deportivos del club, así como de la secretaría técnica o deportiva encargada de analizar cuestiones en esta materia y de trasladarlas a la Junta Directiva, Asamblea General o cuerpo técnico. Para ello pide toda la relación de directores generales, CEO, directores ejecutivos y directores financieros, además de cualquier otro cargo con capacidad para ejecutar las decisiones estratégicas adoptadas por los órganos colegiados del club.

Con base en lo que Laporta aseguró en aquella rueda de prensa, la instructora también cierra la puerta a que el Barça se persone como perjudicado en el procedimiento. Considera que su afirmación sobre los servicios de asesoramiento y su defensa de que fueron efectivamente prestados, que se documentaron en facturas detalladas con los correspondientes conceptos y fueron pagados mediante transferencias bancarias, indica que no hubo perjuicio alguno. Según Laporta, en las conclusiones preliminares del informe de responsabilidad interna no se indicaba "la existencia de daño patrimonial".