El 23-J se traga otra promesa de Sánchez: los cambios en 25 decretos pactados con sus aliados

Las elecciones anticipadas del 23-J no solo han arrastrado hasta vía muerta a decenas de leyes en tramitación en el Congreso de los Diputados. También han supuesto que el Gobierno de Pedro Sánchez no pueda cumplir algunas de las promesas que, desde 2020, ha hecho a sus aliados parlamentarios, a cambio de su apoyo a buena parte de sus leyes. El precio convenido con socios como ERC, EH Bildu o el PNV, a cambio de su apoyo a decenas de decretos ley, fue el compromiso de introducir modificaciones a estos decretos, que serían tramitados como proyectos de ley para retocarlos, vía enmiendas. Las normas seguirán en vigor cuando acabe la legislatura, pero estos cambios nunca se aplicarán en, al menos, 25 casos. Es más de una cuarta parte del total de decretos aprobados en la legislatura.

El Ejecutivo de coalición, que se jacta de haber impulsado cerca de 200 leyes desde enero de 2020, suele dejar en segundo plano que casi la mitad —96, según fuentes socialistas— son decretos ley. Estas normas entran en vigor de inmediato, con su publicación en el BOE, pero deben ser ratificadas por el pleno de la Cámara Baja en un máximo de 30 días. Y, en teoría, esta técnica legislativa solo debe aplicarse en caso de "extraordinaria y urgente necesidad". Esos 25 decretos del Gobierno, que lograron luz verde para ser tramitados como proyectos de ley, han encallado en el limbo de la tramitación parlamentaria, sin que ni siquiera hayan quedado oficialmente registradas todas las enmiendas de los grupos, al haberse visto prorrogado el plazo para presentarlas. Nunca se cerrará, y los proyectos de ley quedan congelados en este punto del trámite.

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En julio de 2020, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto Ley 26/2020, sobre medidas de reactivación económica, que hacía obligatorias en España las recomendaciones de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) debido a la pandemia. El pleno ratificó el decreto, pero impuso su tramitación como proyecto de ley para poder modificarlo. El plazo para registrar enmiendas se ha visto prorrogado en 116 ocasiones, no ha llegado a cerrarse, y los cambios ni siquiera se han debatido oficialmente. La norma ha quedado tal y como salió del Consejo de Ministros.

Es uno de los ejemplos que ilustran una forma de legislar que los aliados parlamentarios del Ejecutivo han criticado sistemáticamente. Esto es, llegar a la Cámara sin haber pactado previamente el decreto con los socios habituales, requerir sus apoyos y prometer cambios que no llegarán a materializarse. La situación de desconfianza entre sus aliados llegó a tal punto que, en agosto, ERC reclamó un compromiso por escrito a cambio de su apoyo al decreto por el que el Ejecutivo introdujo normas de ahorro energético, como la limitación del aire acondicionado en edificios públicos 27 grados. La norma entró en vigor tal y como salió de la Moncloa, y los cambios planteados por distintas formaciones no llegaron a aplicarse, como reconocen desde el Ministerio de Transición Energética.

Y, en abril del mismo año, el Gobierno se vio obligado a tramitar como proyecto de ley el decreto anticrisis en respuesta a la invasión de Ucrania. Logró luz verde tras una nueva negociación agónica, con apenas 176 votos a favor y 172 en contra. Incluía las subvenciones al litro de gasolina y el incremento del ingreso mínimo vital, y el apoyo de EH Bildu resultó imprescindible para salvarlo. De nuevo, las modificaciones reclamadas por quienes lo apoyaron han quedado en agua de borrajas.

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Ha ocurrido también con el proyecto de ley de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, de la hostelería y el comercio, que inició su andadura en febrero de 2021 y lleva la friolera de 90 prórrogas en el plazo para presentar enmiendas; con la norma sobre medidas urgentes de apoyo al sector agrario por la sequía, en abril de 2022, con 45 prórrogas, y con el proyecto de ley con medidas para la adaptación a la situación de Reino Unido tras el Brexit. Desde febrero de 2021, el plazo para presentar enmiendas se ha visto extendido en 90 ocasiones.

Esta forma de proceder ha afectado, incluso, a normas del calado de la primera iniciativa reguladora de los fondos europeos desplegados tras la pandemia, que España peleó en Bruselas para conseguir un compromiso por hasta 140.000 millones de euros. El Consejo de Ministros aprobó en diciembre de 2020 el Real Decreto 36/2020 y, de nuevo, el Ejecutivo comprometió su tramitación como proyecto de ley para que los grupos pudieran registrar enmiendas. El plazo para presentarlas se ha visto prorrogado hasta en 96 ocasiones en los últimos dos años y medio. Se quedará tal cual está.

Como permanece inalterada, la norma aprobada por el Gobierno en enero, para extender las medidas frente al impacto de la guerra de Ucrania. El Ejecutivo salvó su real decreto con 175 votos a favor y 164 abstenciones, incluyendo al PP, a Vox y a ERC. Y todas las fuerzas políticas (345 votos) apoyaron su tramitación como proyecto de ley para poder presentar enmiendas. Al cierre de la legislatura, registra 16 prórrogas del plazo para sugerir cambios. Nunca se aplicarán.

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Este bloqueo de los cambios a impulsar en decenas de iniciativas no tiene tanto efecto en normas como las desarrolladas durante la primera etapa de la pandemia, pensadas para las circunstancias concretas de ese momento. Pero sí se ha visto reflejado en leyes como la que ha reconocido el derecho de las trabajadoras del hogar a cobrar el paro: el Gobierno aprobó su decreto en septiembre, obtuvo luz verde a su tramitación como proyecto de ley... y la iniciativa está entre el grupo de leyes encalladas en la prórroga del periodo de enmiendas. Ni esta ni otras tantas normas pueden ser objeto de modificaciones que, en muchos casos, fueron comprometidas a cambio de los votos para sacarlas adelante.