El Gobierno congela el decreto de los fondos europeos en el Congreso y 'olvida' cambiarlo

Uno de los momentos más delicados del Gobierno en lo que va de legislatura se lo salvó Vox. Ocurrió el 28 de enero, en el Congreso. El pleno celebró el debate para la convalidación o derogación del decreto ley sobre el plan de recuperación y resiliencia que habría de gestionar el reparto de los fondos europeos, así como la posterior votación. Si no llega a ser por la abstención del partido de Santiago Abascal, Pedro Sánchez se habría encontrado con una de sus medidas estrella completamente arruinada.

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El malestar de los aliados parlamentarios se hizo tan notorio que fue imposible para el PSOE y Unidas Podemos forjar una mayoría considerable. En Moncloa, se hicieron a la idea de la derrota y el desasosiego comenzó a verse en los rostros de los ministros, en concreto, de la exvicepresidenta Carmen Calvo, quien defendió el decreto ese día. Cuando comprobaron que quedaba convalidado por la abstención de Vox, aparecieron el alivio y, poco después, el estupor. Por eso, la segunda votación, la de aceptar la tramitación de las nuevas medidas como si fueran un proyecto de ley, pasó desapercibida.

En esta segunda votación, sin embargo, se encuentra el hito político de la jornada. Al dejar el decreto expuesto a modificaciones, una inmensa mayoría del Congreso (todos los grupos, de hecho) estaba transmitiendo al Gobierno su deseo de negociar. Las críticas arreciaron en el debate, no gustaba nada el contenido, así que el PSOE y Unidas Podemos se avinieron al diálogo y a la mejora del texto, y votaron sí.

Pero lo que votó el Congreso no solo fue la conversión del decreto en un proyecto de ley, previa negociación parlamentaria a varias bandas. Votó también que el trámite siguiera el procedimiento de urgencia, es decir, conforme a plazos que son la mitad de los convencionales. Además de instar al Gobierno a pactar la gestión de los fondos con la oposición, el Congreso le pidió que lo hiciera rápido.

Seis meses después, no se ha hecho un solo cambio y apenas ha habido conversaciones, simplemente las que han permitido trasladar el proyecto a la Comisión de Asuntos Económicos, que es donde habita ahora mismo a la espera de un desbloqueo. El proyecto fue calificado, es decir, admitido a trámite, el 15 de febrero de este año, y dos días después caducó el primer plazo de enmiendas. Desde entonces, semana tras semana, las ampliaciones se han ido acumulando. La siguiente pone el horizonte en el 1 de septiembre. Esto es así porque basta con que dos grupos de la Mesa lo soliciten, y es lo que ha venido ocurriendo. PSOE y Unidas Podemos son los proponentes, indican fuentes del órgano que gobierna la Cámara.

El decreto está en vigor, pues así lo establece el procedimiento. Gobernar con decretos leyes no es lo más ortodoxo, o no debería serlo. Con una inicativa legislativa de esta índole, el Gobierno puede poner en vigor las medidas que considere oportunas con enorme celeridad. Tiene que justificar la urgente necesidad de las mismas, y adelante; la Constitución lo permite. Por tanto, una vez aprobado por el Consejo de Ministros y publicado en el BOE, el decreto se puede aplicar. Solo dejará de estar en vigor si el Congreso, antes de que pasen 31 días, lo deroga. Esto ya ha pasado en la legislatura en curso con aquel decreto de los remanentes de tesorería de los ayuntamientos. Y esto pudo pasar el 28 de enero si no llega a ser por la carambola de Vox.

Sin embargo, el decreto priva a la oposición de negociar el contenido antes de que que se publique en el BOE y entre en vigor. Cuando esto sucede, las negociaciones suelen ser largas. Aquí está la 'gracia' del Parlamento. Con un decreto, además, el Gobierno se arma con una serie de medidas que los demás grupos no tienen más remedio que aceptar, precisamente por estar vigentes. "El decretazo", lo llaman en las bancadas parlamentarias. Es justo lo que está pasando con este decreto 36/2020: el Congreso lo tiene en un cajón sin más consecuencias. Al fin y al cabo, lleva en vigor desde enero.

De hecho, el Ministerio de Hacienda lo está 'usando', como se puso de manifiesto este lunes durante la reunión de la Comisión Sectorial del Gobierno con las comunidades autónomas para diseñar el mecanismo de reparto. En virtud del artículo 20 del decreto, que entrega al departamento de María Jesús Montero el bastón de mando en cuanto a coordinación, el Ejecutivo comenzó a sentar las bases de un modelo que, por ejemplo, obligará a la creación de planes antifraude que eviten el desvío de los fondos respecto de los proyectos para los que van orientados.

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Así que se ha iniciado la construcción del sistema que regará de dinero europeo todo el país, pero, mientras tanto, en el Congreso, la posibilidad de negociación con los grupos para incluir mejoras o plantear redacciones opcionales sigue en el congelador. El Gobierno y las comunidades ya van a toda velocidad; el Congreso, no.

Decreto polémico

La irrupción de Vox en la historia de suspense en que se convirtió el pleno del 28 de enero eclipsó una serie de controversias, aunque no las erradicó. El decreto que regula la distribución de los 140.000 millones de euros que recibirá España durante los próximos siete años se encuentra bajo supervisión del Tribunal Constitucional, ya que el PP interpuso un recurso, luego admitido a trámite.

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La discusión política, el enfado de la oposición, se alimentó de dos elementos: por un lado, la ausencia del dictamen del Consejo de Estado, lo que llevó a PP y a Cs a denunciar un nuevo caso de manipulación institucional por parte del Gobierno. Por otro, la inexistencia en el citado decreto de controles férreos. Para ambos partidos, solventar el requerimiento de control con una alusión a la Intervención General del Estado no era (no es) suficiente.

El dictamen del Consejo de Estado se hizo público el 1 de marzo. Las sospechas de que era duro con las carencias del decreto se confirmaron. La principal: que el nivel de supervisión y vigilancia resultaba laxo. Alrededor del decreto, concebido para dar respuesta a la cuantiosa inversión europea, creció una sombra de sospecha que se tradujo en el mencionado recurso del PP ante el Constitucional y en un aumento del ruido declarativo. Es cierto que los pronunciamientos de este órgano consultivo no son vinculantes, pero la crítica a la falta de rigor llamó la atención de los partidos que sustentan la coalición y de los que quieren vencerlos en unas elecciones.

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Porque el decreto, su texto, delega en la Intervención General del Estado y en un Servicio Antifraude los controles, lo que no basta, a criterio de los integrantes del Consejo, entre los que no hubo pronunciamientos discrepantes.

Importancia política

Que el Gobierno ha encomendado al reparto de los fondos gran parte de su capital político hasta el final de la legislatura, y, por tanto, hasta que haya comicios, lo demuestra el propio decreto, en el que pueden leerse frases como estas: "El Consejo Europeo del 21 de julio de 2020, consciente de la necesidad en este momento histórico de un esfuerzo sin precedentes y de un planteamiento innovador que impulsen la convergencia, la resiliencia y la transformación en la Unión Europea, acordó un paquete de medidas de gran alcance" o "los proyectos que constituyen el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia permitirán la realización de reformas estructurales los próximos años, mediante cambios normativos e inversiones, y, por lo tanto, permitirán un cambio del modelo productivo".

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Crea una figura nueva, los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (Perte), y un registro estatal para seguirlos. Forma también una Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, que presidirá Sánchez, un comité técnico, una conferencia sectorial y una web específica.

El decreto de los fondos establece que el Gobierno rendirá cuentas al Congreso sobre el proceso una vez cada tres meses

Conlleva la agilización de los procesos administrativos, en especial las declaraciones de impacto medioambiental, que suelen ser trámites farragosos, y aboga por conformar "foros de participación y grupos de alto nivel" para dar cabida en la decisión sobre el destino y volumen de los fondos a "actores relevantes" del paisaje institucional, sin precisar cuáles son estos. Y marca una periodicidad para la rendición de cuentas ante las Cortes: una vez cada tres meses.

Es paradójico que el mismo Gobierno cumpla con el deber de control parlamentario, aunque la periodicidad podría ser más corta, y al mismo tiempo deje en el congelador el proyecto de ley derivado del decreto. La prioridad es evidente: que el dinero empiece a circular. Sánchez informó sobre las cuantías iniciales en la Conferencia de Presidentes del pasado 30 de julio en Salamanca.

PP y Cs, enfadados

Preguntados por el limbo en que está el decreto, dentro del Congreso, el Partido Popular y Ciudadanos muestran su enfado. "El Gobierno no puede estar construyendo a trozos un acuerdo que tiene que ser global; se necesita un cambio de rumbo”, dicen fuentes del primer partido —en concreto, de la dirección de su grupo parlamentario—, que lamentan que no haya "ningún gesto" de Sánchez para abordar los fondos como lo que creen que son: un tema de Estado.

Según el análisis del PP, claro que "hay que modificar el decreto", lo que el Ejecutivo cercena "porque salió como salió”, aseguran. El partido de Casado quiere introducir en el texto la configuración de una autoridad independiente que asuma el reparto; sería “un grupo de expertos de la sociedad civil".

Desde Ciudadanos, su portavoz, Edmundo Bal, es muy crítico y reprueba que el bloqueo de la tramitación de un proyecto de ley procedente de un decreto sea tan habitual en la Cámara Baja. Como PSOE y Unidas Podemos tienen mayoría en las mesas, tanto la del Congreso como las de las comisiones, "lo paralizan” primero y “lo condenan al fracaso” después, debido a la prórroga indefinida del plazo de enmiendas.

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Si llega el momento de negociar enmiendas, la formación de Inés Arrimadas planteará "una mayor objetividad a la hora de decidir dónde inyectar el dinero europeo”, y así evitar situaciones que suenen a prebendas para los partidos que apoyan al Ejecutivo.

Sobre la implicación de las autonomías, Bal piensa que “no es de sentido común” que participen en asuntos que son competencia del Estado, pero aclara: “Hay proyectos fiscalizados por Europa que serán de envergadura, y las comunidades sí deben participar al estar afectadas”.

El dirigente de Ciudadanos concluye con una advertencia al Gobierno, al que pide reflexión: "Cuando llegan reales decretos leyes como este o el de los interinos [que se convalidó por un voto], de repente te llaman para pedirte el voto porque se les caen. Qué forma es esta de trabajar. Que se sienten y pactamos".