Delgado tomará posesión de su nuevo cargo en un acto discreto en la Fiscalía General

La ex fiscal general del Estado Dolores Delgado tomará posesión de su nuevo cargo este viernes, en un acto discreto organizado en la Fiscalía General del Estado, después de que el Gobierno confirmara el pasado martes su nombramiento para ocupar la dirección de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática en medio de una fuerte polémica y la oposición de las asociaciones conservadoras de la carrera. Se ha invitado a algunos cargos institucionales, confirman fuentes de la Fiscalía, que explican que se ha priorizado esta toma al coincidir varias otras fuera de Madrid o en actos que requieren mayor organización.

Tanto la Asociación de Fiscales (AF) como la Asociación Profesional de Independiente de Fiscales (APIF) se habían dirigido al Ejecutivo para pedir que paralizara la propuesta del fiscal general, Álvaro García Ortiz, pero sus críticas no fueron atendidas. "El Gobierno actúa en la potestad que le corresponde", defendió la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, tras el Consejo de Ministros. "Es un proceso absolutamente transparente". La AF y la AFIP incidían en que la mayoría del Consejo Fiscal no había informado sobre la plaza y, por tanto, la propuesta de García Ortiz era "nula" al no haberse debatido, pero la Abogacía del Estado se posicionó en contra de paralizar la designación e informó al Ministerio de Justicia de que no existía margen para no atenderlo.

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Una vez oficializada su designación para el puesto, dos días después de la publicación del real decreto del Gobierno, la toma de posesión dará el pistoletazo de salida definitivo para que asuma las funciones. Ambas asociaciones estudian ya recurrirlo. La Asociación de Fiscales debatirá en el seno de su comisión ejecutiva sobre la posibilidad de impugnarlo vía jurisdiccional. En el Consejo Fiscal del pasado jueves, hubo un plante completo al nombramiento.

Siete de los 12 miembros del órgano —los que pertenecen a la AF y la APIF— se negaron a informar y a votar. Alegaban dudas sobre la compatibilidad de Delgado para ocupar un puesto que coincide con los intereses de su pareja, Baltasar Garzón, cuyo bufete está especializado precisamente en el mismo terreno. Pidieron aplazar la elección hasta que se analizara de forma oficial lo que consideran un conflicto de intereses, pero el fiscal desoyó la solicitud y apoyó a su antecesora, con la que trabajó como jefe de la Secretaría Técnica.

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Ambas asociaciones advirtieron entonces al Gobierno de que la propuesta de nombramiento no había cumplido con el trámite establecido legalmente, porque no contaba con el informe preceptivo, aunque no vinculante, del Consejo Fiscal. Esa es la misma postura que se plantean trasladar ahora a los tribunales.

Malestar en la UPF

De forma paralela, el malestar por el nombramiento provocó una brecha en la asociación a la que pertenece la propia Delgado y de la que también es miembro el fiscal general. Como informó El Confidencial la pasada semana, destacados miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) han comenzado a abandonar la asociación como protesta a su designación.

Entre ellos, se encuentran la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra; el fiscal jefe de Salamanca, Juan José Pereña; el que fuera fiscal jefe de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza, y Carlos Castresana, histórico fiscal ahora destinado en el Tribunal de Cuentas, que ejerció como comisionado de la ONU contra la Impunidad en Guatemala y que concurría al puesto junto a la propia Delgado.