La rebelión de los fiscales amenaza la continuidad de Dolores Delgado en su nueva plaza

El Consejo Fiscal celebrado este jueves se convirtió en cuestión de minutos en todo un motín. Siete de sus miembros se negaron a valorar, informar y votar la provisión de la plaza de fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática a la que concurría Dolores Delgado. Lo nunca visto. La crispación había ido calentándose según avanzaba la semana y se acercaba el día de la decisión. Era un secreto a voces que el fiscal general propondría a su predecesora para el puesto, como finalmente hizo. El gesto de plante de la mayoría de los consejeros, esa rebelión, anticipa un escenario complicado para Delgado. Habrá recurso contra el nombramiento y las posibilidades de que pierda su nuevo cargo se elevan exponencialmente.

Los miembros de la Asociación de Fiscales (AF) y el consejero de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) trataron en un último quiebro de aplazar o impedir lo que consideran en privado "una cacicada". Reclamaron que la elección de ese puesto concreto quedara eliminada del orden del día y se abriera un expediente para examinar la posible incompatibilidad de Delgado para el cargo, provocada por su relación sentimental con el exjuez Baltasar Garzón, cuyo bufete está especializado precisamente en el mismo terreno. La intentona no resultó. El fiscal general rechazó suspender la elección y propuso que la Inspección examinara la compatibilidad, pero a posteriori. Y estalló la revuelta.

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Los argumentos de la AF para no ver posible que Delgado asuma el puesto quedaron explicados en un escrito en el que la asociación se refiere a "la íntima relación de pareja" que mantiene Delgado con el que fuera titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional. Indican que es el presidente de la Fundación Internacional Baltasar Garzón (Fibgar), que, desde su nacimiento, "ha venido participando activamente" en la elaboración de informes ante instituciones nacionales e internacionales sobre materias tales como las "supuestas" infracciones del Estado español de lo dispuesto en la Convención contra las Desapariciones Forzadas o ante la ONU.

"Garzón recomendó la creación de la Fiscalía"

Garzón, dicen, ha propuesto investigar y juzgar las desapariciones del franquismo y ha promovido la no aplicación de la Ley de Amnistía. "Sus postulados han sido fundamento de la Ley de Memoria Democrática, hasta el punto de que la creación de la Fiscalía de Sala deriva de sus recomendaciones", acusa este grupo de fiscales, que también señala que Delgado ha colaborado en actividades de la propia fundación, tanto en su época como ministra de Justicia como con posterioridad.

Aunque esta supuesta incompatibilidad que aprecian fue el punto de ebullición, antes de negarse a votar, los encontronazos se habían ido desarrollando por fascículos. De lo general a lo particular, la tensión ha tenido en estos días nombres propios. Hubo un primer episodio que enfrentó a García Ortiz con Consuelo Madrigal, ex fiscal general, a cuenta de si había o no había antecedentes de nombramientos discrecionales en fase de descuento electoral. Este mismo jueves, el pulso fue entre Delgado y Salvador Viada, el consejero de la APIF. La ex fiscal general pidió por escrito que se apartara de la votación —esa que nunca llegó a producirse—, al ver señales de una "profunda animadversión" hacia ella.

El desenlace fue de ruptura. Al menos parcial. La mayoría no votó y el fiscal general decidió pese a todo. Los consejeros informaron con normalidad del resto de plazas. Fuentes fiscales consultadas dan ya por seguro el recurso ante el Supremo por la decisión. El TS ya tiene sobre la mesa otro recurso por el anterior nombramiento de Delgado. Recurso tras recurso, la continuidad de Delgado queda en manos del alto tribunal. Si a eso se suma la intención del Partido Popular de eliminar su Fiscalía en caso de gobernar tras las elecciones, el futuro de la ex fiscal general pinta muy inestable.

La exhumación de Franco, en el currículo

Tampoco el currículo de Delgado para postularse al puesto y obtenerlo convence a los críticos, que apuntan que algunos de los aspectos destacados se desarrollaron en puestos para los que fue designada por el Gobierno socialista. Tras destacar su experiencia jurisdiccional en la investigación y persecución de crímenes contra la Humanidad y violaciones de los derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional, en casos como Scilingo y los vuelos de la muerte o el caso Ruanda, y su colaboración con la Corte Penal Internacional en la investigación sobre la represión del régimen de Muamar el Gadafi, se destaca también la firma, como fiscal general del Estado, del memorándum de cooperación con la Fiscalía de Ucrania.

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También se incluye que, como ministra de Justicia, creó la Dirección General de Memoria Histórica y atribuyó a la Dirección General de Cooperación Internacional competencias en materia de derechos humanos. "De su actividad en este ámbito destacan la preparación del anteproyecto de ley para la modificación de la jurisdicción universal; la confección de un censo de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura; la reactivación de los procedimientos de declaración y reparación de víctimas; la dirección del expediente para la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco, y la asistencia como notaria mayor del Reino al acto de exhumación e reinhumación de los restos del dictador. Asimismo, impulsó numerosos actos de homenaje a los ciudadanos españoles que formaron parte del exilio republicano", refleja la Fiscalía.