Nuevo revolcón judicial a Delgado: el TSJM congela su última orden como fiscal general

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha suspendido de forma cautelar la última de las instrucciones que tramitó la ex fiscal general del Estado Dolores Delgado. En un auto fechado este jueves al que ha tenido acceso El Confidencial, atiende el recurso de la Asociación de Fiscales (AF), que agrupa al sector conservador, y congela el decreto de julio en el que exigía a los integrantes del Ministerio Público que declaren si desarrollan labores de preparación de alumnos de cara a oposiciones.

Delgado firmó el decreto solo unos días antes de abandonar la dirección de la Fiscalía para recordar a los fiscales que, en aplicación de su estatuto, no es compatible preparar a opositores y, después, integrar los órganos de selección de personal. También ponía de manifiesto que estas labores, cuyo beneficio económico muchas veces no se declara, solo quedan permitidas si no superan las 75 horas anuales y se desarrollan fuera del horario laboral.

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La medida impugnada tenía, por tanto, como objetivo aumentar la presión sobre los preparadores y empujarles a rellenar un documento expreso, para lo que establecía que los jefes de las diferentes fiscalías deberían hacer llegar a sus plantillas un modelo de declaración en el que debían reflejar si preparan o no a opositores y entregarlo en un máximo de un mes y medio.

Según aclaran fuentes cercanas a la Fiscalía General, el nuevo Reglamento del Ministerio Fiscal obliga a adoptar iniciativas para modernizar la institución y hacerla más transparente para mejorar el servicio público de la Justicia. Impone de forma expresa la obligación de comunicar a la Inspección fiscal de las actividades de preparación para el acceso a la función pública desempeñadas por los fiscales. El objetivo es el de garantizar el control del régimen de incompatibilidades para formar parte de órganos de selección de personal. El deber de comunicación no es nuevo. Se desarrolla ya en otros ámbitos, como en el control de presos preventivos, las causas pendientes de despacho o las diligencias de investigación que dirige cada fiscal.

La AF se pronunció de forma inmediata contra la iniciativa. "Una vez iniciado ese peligroso camino, nada impedirá que se impongan nuevas obligaciones en el futuro al antojo de la Fiscalía General", avisaron. Para la AF, la medida implica que la jefatura se arroga competencias que le son ajenas y que corresponderían únicamente al poder legislativo. La obligación concreta es además "innecesaria y desproporcionada", por afectar a derechos como la intimidad, la libertad y la protección de datos.

Suspensión cautelar

Tras revisar su recurso, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid suspende la orden de forma cautelar: "Es claro que la ejecución del acto, con la consiguiente declaración de los interesados, cuya conformidad a derecho pretende cuestionarse en el recurso, haría perder completamente su finalidad al mismo, de manera que una eventual sentencia estimatoria resultaría de imposible ejecución, al haber producido ya sus efectos el acto cuestionado de manera irreversible", argumenta.

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Frente a los argumentos esgrimidos por la Fiscalía, los magistrados sostienen que "no se aprecia, y en cualquier caso no se justifica, que se produzca un perjuicio grave para los intereses generales derivada de la suspensión cautelar del acto". De esta manera, congelan la medida antes de revisar el fondo y pronunciarse de manera definitiva.