Sánchez apela ahora al voto femenino y anuncia que la ley de paridad incluirá al TC y CGPJ

Tras virar esta fin de semana la campaña a las políticas sanitarias, Pedro Sánchez ha comenzado la última semana apelando al voto femenino. Para ello, ha recuperado la ley de paridad de las empresas, ya aprobada en primera vuelta por el Consejo de Ministros tras el 8-M, y que este martes se aplicará de forma definitiva, según ha anunciado en un mitin desde Santander. Se trata además de una norma obligada por una directiva europea. La principal novedad introducida al anteproyecto es que afectará también a los órganos constitucionales del Estado, como habían reclamado desde el espacio de Unidas Podemos, que estuvo al margen de la redacción. Es decir, al Tribunal Constitucional, al Consejo de Estado, al Tribunal de Cuentas, al Consejo Fiscal y al Consejo General del Poder Judicial. En todos ellos hay ya paridad, menos en el CGPJ, que sí la tuvo en origen, pero no actualmente.

En el acto, donde Sánchez ha arropado a los candidatos a la alcaldía y a la presidencia de la comunidad autónoma, Daniel Fernández y Pablo Zuloaga, respectivamente, ha puesto el foco en las políticas feministas del Ejecutivo y defendido la paridad en todos los ámbitos, desde la política a la empresa, pasando por el Gobierno. Paridad a través de una política de cuotas que defendió porque, "favorece la meritocracia a aquellas mujeres que no han podido romper el techo de cristal".

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Siguiendo su línea de campaña centrada en anuncios y en poner en valor las políticas del Ejecutivo, sin referencias a la política local de los territorios que visita, Sánchez ha defendio la "justicia" de que la igual con una ley de cuotas se extienda al poder económico y al poder político. De hecho, la norma obliga a las empresas cotizadas y entidades de interés público con más de 250 trabajadores y 50 millones de volumen de negocio anual a contar al menos con un 40% de presencia de mujeres en sus puestos de dirección. La misma cifra mínima será de obligado cumplimiento para las juntas de gobierno de los colegios profesionales y para los jurados que otorguen premios o reconocimientos financiados con dinero público, según el texto aprobado en el anteproyecto.

El texto introduce en la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión una nueva infracción grave, que tendrá aparejada una sanción de las que corresponden a las infracciones de este tipo que establece la Ley del Mercado de Valores y que se graduará según determine la CNMV. Las multas podría ir desde 300.000 euros hasta el 2% de los recursos propios en función de la gravedad.

La estrategia de Sánchez, en una clave de corte nacional y personalista, como preludio de la larga precampaña para las generales, mantiene así una fórmula en la que se busca acaparar las banderas sociales frente a sus socios de coalición. También la feminista, a pesar de que el ministerio de Igualdad está en manos de la dirigente de Podemos Irene Montero. Y es que la ley de Representación Paritaria no está liderada por el departamento de Igualdad y ni siquiera se informó previamente a la ministra de su desarrollo.

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El Ministerio de Igualdad, responsable de estas políticas, no conocía la intención de los socialistas de llevar el anteproyecto al Consejo de Ministros el pasado mes de marzo y no participó así en su elaboración. Primero se evitó que el texto pasase por el denominado "consejillo", la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, para que quedase fuera del radar de los morados. Un órgano en el que se define el índice de asuntos que pasan luego por el órgano colegiado para su aprobación. Después, se trasladó al departamento de Montero una idea vaga de la iniciativa, comunicándosele la intención de anunciarla en un acto de partido. "Nos avisaron el viernes de que lo anunciaba el presidente el domingo", aseguraron entonces fuentes del Ministerio. Montero tampoco presentó el texto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros tras el 8-M.

Las sanciones en caso de incumplimiento recogidas en el anteproyecto comenzarían a aplicarse a partir de julio de 2024 en el caso de las empresas cotizadas y a partir de julio de 2026 en el caso del resto de empresas con más de 250 trabajadores y con una cifra anual de negocios superior a 50 millones de euros. Además de las multas a las empresas cotizadas que vulneren las obligaciones en materia de igualdad de género en los consejos de administración, se establecen sanciones en caso de incumpliendo de la elaboración y publicación del informe anual de igualdad de género en el consejo de administración. Asimismo, se sancionará la falta de inclusión en la memoria de la información relativa a la igualdad de género en los puestos de alta dirección o cuando dicha información se presente de forma incompleta o aportando datos falsos.

El anteproyecto recoge asimismo obligaciones a nivel de partidos políticos y gobiernos. En el caso de las formaciones políticas se regulan las listas cremallera para que se confeccionen con una alternancia total de hombres y mujeres. Se busca acabar con el hecho de que solo el 44% de los escaños del Congreso o el 39% del Senado estén ocupados por mujeres. Asimismo, en lo referente a los gobiernos, se obligará legalmente a una composición paritaria.