La futura ley de paridad incluirá sanciones a las empresas que incumplan las cuotas
Las multas podría ir desde 300.000 euros hasta el 2% de los recursos propios en función de la gravedad. Su graduación la determinará la CNMV, al incluirse una nueva infracción grave en la Ley de los Mercados de Valores
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El Gobierno tendrá capacidad sancionadora contra las empresas que incumplan la política de cuotas para garantizar la representación paritaria de hombres y mujeres en los órganos de decisión. Según avanzan fuentes cercanas a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, el texto de la nueva ley de paridad que ha pasado hoy por el Consejo de Ministros incluye la posibilidad de establecer diferentes sanciones económicas, en función del tipo de sociedad. La norma obliga a las empresas cotizadas y entidades de interés público con más de 250 trabajadores y 50 millones de volumen de negocio anual a contar al menos con un 40% de presencia de mujeres en sus puestos de dirección. La misma cifra mínima será de obligado cumplimiento para las juntas de gobierno de los colegios profesionales y para los jurados que otorguen premios o reconocimientos financiados con dinero público.
El texto introduce en la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión una nueva infracción grave, que tendrá aparejada una sanción de las que corresponden a las infracciones de este tipo que establece la Ley del Mercado de Valores y que se graduará según determine la CNMV. Las multas podría ir desde 300.000 euros hasta el 2% de los recursos propios en función de la gravedad.
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Las sanciones en caso de incumplimiento comenzarían a aplicarse a partir de julio de 2024 en el caso de las empresas cotizadas y a partir de julio de 2026 en el caso del resto de empresas con más de 250 trabajadores y con una cifra anual de negocios superior a 50 millones de euros. Además de las multas a las empresas cotizadas que vulneren las obligaciones en materia de igualdad de género en los consejos de administración, es establecen sanciones en caso de incumpliendo de la elaboración y publicación del informe anual de igualdad de género en el consejo de administración. Asimismo, se sancionará la falta de inclusión en la memoria de la información relativa a la igualdad de género en los puestos de alta dirección o cuando dicha información se presente de forma incompleta o aportando datos falsos.
El anteproyecto de la ley de Representación Paritaria recoge asimismo obligaciones a nivel de partidos políticos y gobiernos. En el caso de las formaciones políticas se regulan las listas cremallera para que se confeccionen con una alternancia total de hombres y mujeres. Se busca acabar con el hecho de que solo el 44% de los escaños del Congreso o el 39% del Senado estén ocupados por mujeres. Asimismo, en lo referente a los gobiernos, se obligará legalmente a una composición paritaria. "Gobierne quien gobierne en España, esta ley garantizará que la paridad ya no dependa de la sensibilidad política de quien esté al frente del Ejecutivo", indican desde el Gobierno.
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La ley ha sido coordinada por el ministerio de Presidencia, con un papel secundario del departamento de Igualdad que dirige Irene Montero. Según fuentes de Igualdad, la parte socialista del Ejecutivo no avisó hasta el pasado viernes de la intención de llevar la norma al Consejo de Ministros de este martes. Desde el ministerio se han realizado propuestas para extender la paridad también al poder judicial, como es el caso del CGPJ y el resto de órganos constitucionales, además del poder político y económico. Unos cambios que esperan poder introducir en la norma cuando vuelva al Consejo de Ministros en segunda vuelta para su aprobación definitiva. Con todo, estas mismas fuentes señalan que sus prioridades legislativas se centran en lo material, para que "todas las mujeres puedan despegarse del suelo pegajosos", a través de políticas de cuidados y conciliación, servicios públicos o subida del salario mínimo interprofesional.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado la norma aprobada este martes como una iniciativa "pionera" llamada a "extender la paridad a todos los ámbitos". "Hemos abierto camino en el poder político, hasta hacer de España un referente mundial. Y lo vamos a consolidar por ley. Pero vamos a hacerlo también en el sector privado, impulsando la presencia de las mujeres en los puestos de dirección de las grandes empresas y los colegios profesionales", argumentaba este lunes para concluir que "si las mujeres son la mitad de la sociedad, deben ser la mitad del poder político y del poder económico".
La ley ha sido coordinada por el ministerio de Presidencia, con un papel secundario del departamento de Igualdad que dirige Irene Montero
La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, defendía en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la agenda feminista del Ejecutivo en la que enmarcó esta futura norma. "El 25% de las normas aprobadas por este Gobierno han tenido un impacto positivo en las mujeres", según ha recalcado desviando el foco del debate sobre las discrepancias con sus socios por la reforma de la ley del solo sí es sí, que ha tildado de "técnicas" y poniendo en valor "lo que nos une".
De las recomendaciones se pasa a las obligaciones, como ha recordado la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. Un extremo que ha justificado porque "tenemos que aprovechar el cien por cien del talento femenino para mejorar la productividad de las empresas y tener un crecimiento más fuerte y más sostenido en el tiempo".
El Gobierno tendrá capacidad sancionadora contra las empresas que incumplan la política de cuotas para garantizar la representación paritaria de hombres y mujeres en los órganos de decisión. Según avanzan fuentes cercanas a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, el texto de la nueva ley de paridad que ha pasado hoy por el Consejo de Ministros incluye la posibilidad de establecer diferentes sanciones económicas, en función del tipo de sociedad. La norma obliga a las empresas cotizadas y entidades de interés público con más de 250 trabajadores y 50 millones de volumen de negocio anual a contar al menos con un 40% de presencia de mujeres en sus puestos de dirección. La misma cifra mínima será de obligado cumplimiento para las juntas de gobierno de los colegios profesionales y para los jurados que otorguen premios o reconocimientos financiados con dinero público.