Casi un millón de españoles están hartos de la propaganda electoral y se borran del INE

El rechazo a recibir propaganda electoral crece en España. A día de hoy, son ya 895.257 personas las que han pedido que sus datos no figuren en la relación de votantes —y sus direcciones— a las que los partidos acceden en campaña para enviar sus programas o papeletas por correo postal.

Esta cifra se ha multiplicado por 10 en los últimos cuatro años. En las anteriores elecciones municipales, fueron 87.556 censados los que habían realizado este trámite. Así, la cifra actual se sitúa en el 2,5% de todos los votantes que están llamados a votar el próximo 28 de mayo, según datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La foto varía por regiones. Madrid (171.796) y Barcelona (99.906) cuentan con el mayor número de personas que pidieron al INE, responsable del censo electoral, su exclusión de las copias facilitadas a los partidos. Sin embargo, en términos relativos, Álava dobla la cifra nacional, con el 5,1% de sus electores excluidos. La siguen Teruel y Zaragoza, con un 4,7% y un 3,8% que formalizaron su baja. En el otro extremo están los vecinos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde solo el 1,6% ha hecho el trámite.

Además, las tres provincias vascas son las que han experimentado un mayor incremento. La de Guipúzcoa, por ejemplo, pasó de las 489 personas que solicitaron su baja en las municipales de 2019 a las 12.458 de este año.

Los motivos para darse de baja

En las elecciones municipales de 2019, los partidos justificaron más de 22 millones de euros en gastos de envío de propaganda, según el Tribunal de Cuentas. El dato proviene de los informes del fiscalizador, como parte del trámite que las formaciones deben seguir si quieren recuperar, mediante subvenciones, el dinero gastado.

Este desembolso público es una de las razones que mencionan algunos de los que se han dado de baja para hacerlo, pero no es la única. “Recibía un montón de panfletos en la otra punta de mi ideología y me sulfuraba”, cuenta Diego, ingeniero informático de 39 años. “Más allá del gasto, que tampoco me parece necesario, la realidad es que vas a votar al partido que quieras, independientemente del buzoneo”, añade.

En las anteriores municipales, un 58,5% de los encuestados por el CIS tras la votación ni leyó ni echó un vistazo a cartas, folletos o programas, aunque uno de cada cuatro decidió el sentido de su voto en las dos semanas previas a los comicios, lo que coincide con el mailing electoral, que tiene lugar durante la campaña.

En su caso, Diego tomó su decisión tras los últimos comicios generales, aunque no lo hizo hasta las autonómicas de la Comunidad de Madrid de 2021. Esta posibilidad se introdujo en la Loreg en diciembre de 2018, pero la ventana temporal para realizar el trámite es de apenas una semana en cada convocatoria de elecciones. Para este 28-M, el plazo se cerró el pasado 17 de abril.

A esto se añade una barrera: la técnica. Para completar el trámite, es necesario contar con un certificado digital o un sistema de identificación electrónico equivalente, como los utilizados para presentar la declaración de la renta de forma telemática. “Para nuestra generación ya no es problema, pero para la gente mayor, sí”, opina Diego.

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Por su parte, Carmen, psicóloga de 34 años, comenta que le gustaría no recibir comunicaciones electorales en papel “por razones ambientales”. También porque la información que contienen se limita a un producto de marketing político. “No es una información real que me pueda ayudar a elegir libremente”, explica.

La entrevistada reconoce que no ha solicitado su exclusión al INE. “Siempre lo dejo pasar y me acuerdo cuando llega la primera carta, cuando ya es tarde”, lamenta. Según el calendario oficial, los partidos recibirán los listados de votantes en la primera semana de mayo. Entonces, cuando lleguen a su buzón las primeras cartas, recordará su despiste.