Absuelto el delator de Arístegui y De la Serna acusado de dar un chivatazo a Rajoy

Una jueza de Madrid ha absuelto al agente comercial José Faya. Es la persona que en 2015 denunció una presunta corrupción encabezada por los exdiputados del PP Gustavo de Arístegui y Pedro Gómez de la Serna. Faya aportó documentos y datos tras años colaborando con ellos y se sentó el pasado otoño en el banquillo por varios delitos de revelación de secretos, acusado de llevarse documentación privada. Según consta en la sentencia a la que ha tenido acceso El Confidencial, unos meses antes de delatar a los políticos a las autoridades, informó presuntamente de estos hechos a la Moncloa, concretamente a Jorge Moragas, jefe de Gabinete del entonces presidente, Mariano Rajoy.

Esta investigación acaparó los titulares de la prensa en 2016. Situaba a Arístegui y De la Serna al frente de una trama de comisiones ilegales y sobornos a cambio de lograr contratos para empresas españolas en el extranjero. José Faya fue contratado por ambos en 2009 como agente para que buscara oportunidades de negocio en mercados internacionales. Pasó a trabajar físicamente en la sede del despacho de los dos exdiputados, Voltar-Lassen, en Madrid. En noviembre de 2015, presentó una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción y aquello fue el origen de una causa en la Audiencia Nacional que a día de hoy sigue bajo investigación del Juzgado de Instrucción número 5 en la diligencias previas 12/2016.

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Esta absolución tiene una incidencia directa sobre la causa general en la Audiencia Nacional. Una condena por revelación de secretos y descubrimiento al principal denunciante abría una vía para solicitar la anulación de toda la prueba que sostiene la investigación que dirige el magistrado Santiago Pedraz.

Faya es uno de los investigados en esa causa, motivo por el que el 12 de enero de 2016 la Policía Nacional procedió a realizar un registro en su casa y halló diversa documentación del despacho que lideraba Gómez de la Serna. En consecuencia, este exdiputado del PP se querelló contra Faya por apoderamiento no consentido de documentación relativa al ámbito privado y profesional y revelación de secretos mediante "el envío de parte de esta documentación a Jorge Moragas" y también al sindicato Manos Limpias en junio de 2015 y a periodistas. Cinco meses después, Faya acudió a la Fiscalía.

Buscaba "un referente al que respetaran"

El juicio se celebró entre los meses de septiembre y octubre del año pasado en el Juzgado de lo Penal número 29 de Madrid. Faya contestó como acusado a las preguntas de la Fiscalía y de su abogado. Le dijo a la jueza Alicia Barba que a partir de 2012 empezó a “ver cosas y actividades y contratos internacionales que le mosquean mucho”. También dijo que le “puenteaban” y luego “fue una evidencia que estaban cometiendo fraude internacional”. Negó haberse apoderado de datos de forma ilícita y alegó que tenía los documentos porque le tenían que dar información “de todo”, ya que, según el contrato que había firmado con ellos, tenía pactado cobrar el 33% de las igualas. Defendió que a él le tenían que dar esa información porque era la manera de controlar el dinero que le correspondía.

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Faya tuvo que dar explicaciones durante el juicio sobre decenas de documentos. Uno de ellos, llamado Doc 60 es la “carta a la atención de Jorge Moragas” que apareció entre los efectos hallados en su casa. Según consta en la sentencia, el agente comercial admitió que “es el jefe de gabinete de Mariano Rajoy” y dijo que “buscaba un referente al que ellos respetaran y le pagaran y dejaran de delinquir”. La justificación de Faya es que De la Serna y Arístegui le debían dinero de su trabajo. En el juicio, declaró que el 9 de abril de 2015 le remitió un correo a Gómez de la Serna en el que le advirtió de que si no le pagaban el dinero que le adeudan, acudiría a los tribunales, como finalmente hizo.

En este proceso, declaró como testigo el exdiputado del PP y exembajador en la India Gustavo de Arístegui. Confirmó que contrataron a Faya como agente y pasó a trabajar en su despacho de Madrid. Pero a partir de ahí, su versión es muy diferente. Según contó, Faya le dijo reiteradas veces que si no le daban dinero, le aseguraba “un escándalo mediático”, también se lo dijo a su hijo, por teléfono y mensajes. Hizo lo propio a directivos de Elecnor, empresa investigada por su presunta relación con la trama. Arístegui afirmó que el objetivo de Faya era “destruirle políticamente” y por eso mandó documentación a periodistas y apareció “en numerosos medios de comunicación”.

Arístegui, ante la jueza: "Fue un infierno, Voltar-Lassen perdió todos sus clientes"

Sostuvo Arístegui que aquello supuso el fin de su carrera política y de la de Gómez de la Serna, quienes tuvieron que dimitir: “Fue un infierno, Voltar-Lassen perdió todos sus clientes”. Denunció el dirigente popular que Faya les pedía dinero “que no tenía que ver con los contratos, cantidades desorbitadas, y les amenazó con ir a los periodistas”, pero dijo que nunca llegó a presentar una denuncia por extorsión contra el agente porque no tuvo tiempo.

De la Serna y Elecnor pidieron para Faya nueve años de prisión por revelación de secretos y descubrimiento de secretos de empresa. Alternativamente, propusieron la pena de dos años y ocho meses por un delito continuado de revelación de secretos conocidos por su relación laboral. Además, el exdiputado del PP pedía una indemnización de 1,4 millones de euros por los perjuicios ocasionados a su despacho y por los daños materiales y morales causados. La Fiscalía y sus abogados, Juan Gonzalo Ospina y Nicolás González Cuéllar Serrano, solicitaron la libre absolución.

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La jueza dice que, en función de la prueba practicada, existe “un déficit probatorio que afecta a elementos nucleares” de la acusación. Destaca que está acreditado el contrato de colaboración entre Faya y los dos exdiputados. Llama la atención sobre el hecho de que no se solicitase la declaración de Gómez de la Serna para que diera información sobre cómo era el día a día en el despacho, la secretaria que organizaba los documentos ha fallecido. Añade la sentencia, dictada en diciembre, que no hay elementos suficientes para descartar “que pudieran conducir a la deducción de la existencia de un móvil de resentimiento, enemistad, venganza, enfrentamiento”. Recuerda la magistrada que la mayoría de los testigos que declararon están siendo investigados en la causa principal en la Audiencia Nacional.

"No se ha acreditado —zanja la sentencia— el apoderamiento ilícito de dicha documentación por parte del acusado, sino más bien parece que la misma siempre estuvo a su alcance y disposición por razón del vínculo profesional y de colaboración que le unía a los querellantes, en virtud del contrato de agencia firmado, que le facultaba para poseer toda la documentación (...) no habiéndose acreditado un apoderamiento ilícito, ni el elemento objetivo ni el subjetivo de los tipos, no cabe entrar a valorar una supuesta revelación o cesión a terceros". Fuentes jurídicas confirman que De la Serna ha recurrido esta decisión en apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid.