La Audiencia Provincial procesa a la alcaldesa socialista de Móstoles por el caso ITV

El PSOE tendrá que lidiar con un frente inesperado antes de las elecciones del 28 de mayo. La Audiencia Provincial de Madrid ha acordado la reapertura del caso ITV en Móstoles y ha ordenado procesar a la alcaldesa del municipio, Noelia Posse, y a los siete concejales de su equipo de gobierno por prevaricación administrativa tras condonar una deuda a la empresa Móstoles ITV SL en octubre de 2020. Los jueces han revocado el archivo de la causa, dictado el pasado mes de mayo, tras el recurso presentado por Ganar Móstoles Más Madrid, antiguo socio de los socialistas en la localidad, y la Fiscalía. Posse además es la candidata del partido en los próximos comicios.

El auto, fechado el 10 de febrero y al que ha tenido acceso El Confidencial, corrige lo dictado en el escrito de archivo y pone de manifiesto que los indicios de delito por prevaricación son "bastante sustentadores" para reabrir la causa, "sin perjuicio de ulterior calificación por las partes acusadoras". "Debemos revocar y revocamos el auto dictado por el Juzgado de Instrucción n.º 1 de Móstoles, de fecha 3 de mayo de 2022, en el sentido de dejar sin efecto ese sobreseimiento y ordenar al Juzgado Instructor que acuerde la transformación en Procedimiento Abreviado", exponen los magistrados en su escrito, contra el que no cabe recurso.

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El caso ITV surgió tras una querella de la marca municipal de Más Madrid en la localidad, Ganar Móstoles, por presuntas irregularidades en la condonación de una deuda a la empresa ITV Móstoles SL por parte del ayuntamiento, ahora gobernado por el PSOE y Podemos. La mercantil fue la adjudicataria de una parcela en el Parque Móstoles Tecnológico en junio de 2011, bajo otro equipo de gobierno. En el convenio suscrito entonces se dictaminó que debía abonar un canon anual de 133.000 euros a cambio de la cesión del terreno para su explotación durante 30 años. Y aunque esa cantidad debía incrementarse progresivamente en función del IPC, la entidad no cumplió su parte y desde el año 2013 incurrió en impagos. Así, siempre según la querella, la Junta de Gobierno encabezada por Posse aprobó en 2020 una quita del 50% de la deuda que había contraído con el consistorio, además de facilidades para los abonos aplazados. El montante total rozó los dos millones y medio de euros y la operación contó con el rechazo del secretario y el interventor municipales, que fueron cesados y posteriormente readmitidos por mandato judicial.

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El auto de la Audiencia Provincial de Madrid considera que los indicios planteados en la querella son suficientes para el procesamiento de Posse y sus concejales, que quedan a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados. Los argumentos esgrimidos echan por tierra el escrito de sobreseimiento, dando por buena la presunta arbitrariedad de la Junta de Gobierno detallada en la denuncia de Ganar Móstoles. El Juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles, por su parte, archivó la causa al entender que "en ningún momento" existió voluntad "de causar un perjuicio para las arcas públicas". Y también rechazó la malversación y determinó que la actuación del Ayuntamiento de Móstoles respetó la legalidad y la normativa vigente.

Desde el ayuntamiento socialista, que tilda la querella de "política", justifican la actuación del equipo de gobierno y lo comparan con otras exenciones de pago durante la pandemia, como los cánones de las terrazas o de la plaza de toros de las Ventas por parte de la Comunidad de Madrid. "Pedimos informes al órgano responsable e informaron favorablemente. Esto fue juzgado y sobreseído y ahora la Audiencia en su auto no prejuzga la resolución tomada por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Móstoles, el auto ordena la continuación del procedimiento por vía ordinaria a efectos de las partes puedan exponer sus argumentos".

Mandato de escándalos

El caso ITV fue el último escándalo en torno a Noelia Posse. Lo cierto es que la polémica ha sido una constante durante todo su mandato, salpicado de enchufes e idas y venidas a los tribunales. Apenas arrancó la legislatura, en septiembre de 2019, se empezaron a conocer una cascada de dedazos en Móstoles. Noelia Posse convirtió el ayuntamiento en una suerte de agencia de colocación con beneficios a familiares y amigos. Contrató a su hermana como responsable de redes sociales con un sueldo anual de más de 50.000 euros, e hizo lo propio con varios allegados como cargos de confianza.

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En pleno terremoto también otorgó un complemento salarial de más de 1.500 euros a un familiar que trabajaba en el Ayuntamiento de Móstoles. Y aunque la alcaldesa y su entorno denunciaron una "caza de brujas", el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Madrid se pronunció en la misma dirección y tumbó la contratación del gerente del área de Urbanismo, cercano a la dirigente socialista, por no adecuarse a los requisitos del puesto.

Aunque el PSOE suspendió de militancia a Posse durante nueve meses, la realidad es que la dirección regional ha sido más bien tibia ante todos sus escándalos y no ha actuado en ningún momento con la contundencia que reclamaban tanto la oposición como algunas voces internas entre los socialistas. Todos los partidos con representación en la localidad reprobaron a Posse y Ganar Móstoles abandonó el Gobierno local, pero su partido guardó silencio y esperó a que pasase la tormenta. El archivo de la causa, de hecho, terminó por catapultar a la alcaldesa como candidata para los próximos comicios, totalmente respaldada por el equipo de Juan Lobato. También ahora, con el mensaje de que no actuarán hasta la apertura de juicio oral.