Hacienda cazó al Barça por intentar deducirse 900.000 euros con las facturas falsas de Negreira

La querella de la Fiscalía contra el FC Barcelona y los expresidentes Josep María Bartomeu y Sandro Rosell por el pago de más de 7 millones de euros al exárbitro José María Enríquez Negreira revela que la Agencia Tributaria descubrió la trama cuando el club catalán intentó deducirse de forma irregular 877.299 euros con facturas presuntamente falsas. Hacienda comenzó una inspección que terminó aflorando el vínculo del Barça con el antiguo número dos del Comité Técnico de los Árbitros (CTA) y que ahora ha desembocado en un procedimiento penal.

El Ministerio Público precisa que los hechos se remontan al 5 de julio de 2019, todavía con Bartomeu en la presidencia del FC Barcelona. La Agencia Tributaria abrió un expediente para revisar las declaraciones, los impuestos de Sociedades e IVA que presentó el Barça, entre 2015 y 2018, derivadas de su relación con la sociedad Dasnil 95 SL y Nisdal SCP, dedicadas supuestamente a la venta de servicios de publicidad para empresas, promociones y objetos de regalo.

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En concreto, la Inspección Fiscal pidió a la entidad deportiva "copia de las facturas y de los medios de pago utilizados, descripción de la naturaleza de los servicios prestados y su relación la actividad de la entidad", así como "el contrato de prestación de servicios" que justificaba las transferencias y el acuerdo adoptado previamente por los órganos de gobierno del club para autorizar esos encargos.

El Barça contestó a ese primer requerimiento entregando las facturas emitidas que había recibido de las dos mercantiles investigadas, Dasnil 95 SL y Nisdal SCP, pero no aportó más documentos. En el concepto figuraba que ambas empresas habían prestado al club servicios de "asesoramiento de vídeos". Hacienda requirió entonces al club para que identificara a los "profesionales, técnicos o personal auxiliar que habían desarrollado esos servicios, así como copia de los vídeos, documentos o informes en los que se concretaron esos trabajos". No hubo respuesta, según explica la Fiscalía en la querella. El Barça no pudo entregar ningún nombre o archivo que demostrara que esos servicios reflejados en la factura realmente se prestaron. Las dos sociedades eran en realidad propiedad de Negreira, como acabó descubriendo el Ministerio Público en sus pesquisas.

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Hacienda concluyó que el FC Barcelona se había deducido facturas ficticias. En julio de 2021, la Inspección formuló una propuesta de regularización del impuesto sobre Sociedades de 404.249 euros más otros 52.324 euros de intereses de demora y otra propuesta de regularización del IVA de 473.050 más 84.991 euros adicionales por el retraso, en total 877.299 euros descontando la demora. El Barça aceptó pagar esas cantidades, pero ya era tarde. "Las facturas perdieron la presunción de validez", señala el Ministerio Público en su querella. En mayo de 2022 y ante los indicios de ilegalidad que iban más allá del ámbito tributario, el expediente del Barça saltó de la Agencia Tributaria a la Fiscalía.

Alterar la competición

La denuncia del Ministerio Público indica que los pagos al árbitro, que por entonces ejercía como vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), tuvieron como finalidad alterar la competición en beneficio propio. Las cantidades —siete millones en total— se abonaron para que los árbitros favorecieran al club en los partidos que disputase. La fiscal extiende la responsabilidad al propio Barça como persona jurídica, a los expresidentes Sandro Rosell (2010-2014) y Josep María Bartomeu (2014-2020), los exdirectivos Albert Soler y Óscar Grau y el antiguo árbitro Enríquez Negreira. Reclama que todos ellos sean oídos como imputados. Además, el escrito pide que sean citados a declarar en calidad de testigos el actual presidente del club, Joan Laporta, que ya dirigió la institución entre 2003 y 2010, otros expresidentes, como Joan Gaspart y el hijo de Negreira.

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El Ministerio Público apunta a la comisión de tres delitos: un delito continuado de corrupción en los negocios, en su modalidad de fraude deportivo, administración desleal y falsedad en documental. La denuncia ha recaído en el Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, que también tiene ya sobre la mesa la querella que formuló hace dos semanas, por los mismos hechos, el árbitro en activo Xavier Estrada Fernández.

La Fiscalía concreta en su escrito que Negreira cobró entre 2001 y 2018 más de 7,3 millones de euros, "una auténtica remuneración no prevista en los estatutos del club ni aprobada por la Asamblea General". "Las percepciones no tuvieron soporte legal ni estatutario alguno", continúa el Ministerio Público que descarta por completo que el supuesto asesoramiento técnico fuera real. De hecho, las cuentas de Negreira "se nutrían prácticamente en su totalidad de los ingresos procedentes del FCB". El dinero se retiraba en efectivo o mediante cheques al portador que cobraban terceras personas por encargo del árbitro.

Aún no está claro el destino de esos fondos o si Negreira pagó a su vez a terceros. Buena parte de la instrucción que arranca ahora se centrará en realizar una investigación patrimonial del árbitro y de su entorno familiar más próximo para conocer donde acabó el dinero que cobró.

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A la vista de las diligencias que reclama la fiscal, no pueden descartarse nuevas imputaciones. Pide información al FC Barcelona sobre las identidades de todas las personas que ocuparon los puestos de director general, CEO o director ejecutivo y el de director financiero, tesorero o jefe del área económica del club en el período comprendido entre los años 2011 a 2014.