La Fiscalía pide volver a imputar a los exconsejeros Figar y Victoria por Púnica

La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido el archivo del caso Púnica para seis personas, entre ellas el exconsejero de Presidencia y Justicia de Madrid, Salvador Victoria, la exconsejera de Educación, Lucía Figar, y su sucesor en el cargo, Manuel Pérez Gómez. En el escrito, al que ha tenido acceso El Confidencial, el Ministerio Público sostiene además que el magistrado Manuel García-Castellón ha cometido un error al sobreseer la causa para cuatro de ellos porque ni siquiera constaban como imputados en la pieza número 9 que ahora da por finalizada, sino que se les investigaba en la número 10. Según critica, esta decisión "infringe todas las garantías procesales".

El recurso de la Fiscalía responde al auto dictado el 14 de octubre, cuando el magistrado propuso juzgar a ocho personas por la presunta financiación irregular del PP de Madrid, entre ellos el que fuera gerente del partido Beltrán Gutierrez y el exsecretario general Francisco Granados. La resolución, que solo afecta a la mencionada pieza 9 del caso Púnica, acordaba el archivo de las diligencias para los expresidentes madrileños Esperanza Aguirre e Ignacio González, además de para otras 70 personas.

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Anticorrupción impugna este auto y pide a la Sala de lo Penal que vuelva a imputar a los tres exconsejeros, así como al exjefe de prensa de la Consejería de Educación, Pablo Balbin Seco, a otro trabajador de este departamento, Luis Sánchez Álvarez, y a la exadministradora de Laboratorio de Almagro, María Luisa de Madariaga.

En el caso de Salvador Victoria, la Fiscalía considera que debe que ser procesado porque "existen indicios razonables para afirmar que fue conocedor, beneficiario, impulsor y solucionador" de la trama. El recurso destaca para ello las llamadas interceptadas al empresario Alejandro de Pedro Llorca, uno de los presuntos cabecillas de la red que cerró supuestos contratos irregulares con el PP de Madrid. Según advierte la Fiscalía, la investigación ha probado que Victoria tuvo "relaciones con las contrataciones". En cuanto a María Luisa de Madariaga, Anticorrupción expone un razonamiento similar y pide que sea procesada por "un delito de prevaricación y malversación".

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A partir de ahí, el recurso se centra en los de Figar, Pérez, Balbín y Sánchez, todos ellos relacionados con la Consejería de Educación. De hecho, ese es su principal argumento para impugnar su sobreseimiento, pues según advierte, el magistrado acordó que se abriera la pieza separada número 10 para investigar "los hechos referentes a la Consejería de Educación" en noviembre de 2020. De esta manera, todos ellos quedaban apartados de la pieza 9 que ahora se da por finalizada.

"Pronunciarse en la presente pieza separada número 9 de unos hechos que son objeto de investigación en la pieza separada número 10 infringe todas las garantías procesales, además de desconocer el principio de intangibilidad de las resoluciones judiciales", critica. "Máxime cuando el auto del 14 de octubre de 2022 no fundamente tal extremo, limitándose a entrar a valorar cuestiones de la prueba y del fondo, pero sin argumentar el porqué efectúa tal valoración en una pieza de la que tales personas no formaban parte".

Para reforzar esta idea, Anticorrupción va un paso más allá y apunta a las propias diligencias practicadas en la mencionada pieza número 10. Según subraya, las mismas han revelado "una contratación administrativa cuyas irregularidades superaron los límites de las infracciones administrativas para constituir un reproche penal por los indicios de su arbitrariedad en asegurar la adjudicación de los trabajos en favor de las empresas de Alejandro de Pedro", por lo que tampoco cabe sobreseer el caso para ellos.