La Audiencia Nacional archiva la imputación de Cifuentes por el caso Púnica

El juez del caso Púnica, Manuel García-Castellón, ha archivado la imputación de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes por los delitos de prevaricación y cohecho. La exdirigente se encontraba investigada por la adjudicación del servicio de cafetería de la Asamblea de Madrid de 2009 y 2011, pero el magistrado descarta que estuviera al tanto de posibles irregularidades y considera que no participó en la presunta financiación ilegal del PP.

En septiembre de 2019, al acordar su imputación, el juez subrayaba que Cifuentes valoró "de forma arbitraria las ofertas presentadas por los licitadores, posicionándose en dicha valoración a favor del Grupo Cantoblanco". "No les importó que su participación en el comité de expertos conculcase la legalidad vigente, ya que Cristina Cifuentes también presidía la mesa de contratación y la investigada Recoder [letrada de la Asamblea de Madrid] había emitido en el expediente del contrato un informe jurídico", argumentaba el correspondiente auto.

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Pese a ello, un año y medio después, el instructor apunta a que esta tesis se basaba en un informe policial que ya no se sostiene. El atestado ponía el foco en donaciones por parte de algunos empresarios a Fundescam, entre ellas una que se realizó en 2007 por parte del Grupo Cantoblanco, pero García-Castellón concluye que la idea de que Cifuentes tuviera un previo conocimiento de las mismas “se basa en una mera especulación, ausente de todo elemento indiciario que la sustente".

Fundescam se erige como piedra angular del supuesto plan destinado a nutrir de fondos opacos al partido en Madrid: "Todos ellos se sirvieron de la circunstancia de que Fundescam era una fundación adscrita al partido y por tanto gestionada desde el mismo, bajo la supervisión de sus máximos dirigentes", afirmaba uno de los autos de 2019.

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Tras las diligencias realizadas, Cifuentes queda fuera de esos "máximos dirigentes" investigados: “No se desprende de lo actuado hasta el momento indicio alguno que permita sostener que la Sra. Cifuentes tuviera conocimiento de quienes eran los donantes de la Fundación Fundescam”, explica en el juez. En el mismo auto, fechado este martes, también levanta la imputación a la letrada de la Asamblea de Madrid Tatiana Recoder y al presidente del Grupo Cantoblanco, Arturo Fernández.

García-Castellón rechaza además la participación de Cifuentes en encuentros clave de la trama, como mantenía la Fiscalía Anticorrupción. Según defendía el Ministerio Público, la expresidenta madrileña "asistió a las reuniones que mantuvieron los investigados Ignacio González y Francisco Granados, junto a Esperanza Aguirre y Borja Sarasola, con Juan Miguel Madoz Echevarria, administrador de la empresa SWAT, en las que se planteaba la estrategia política y de comunicación, muchas de ellas celebradas en la sede de SWAT".

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La Fiscalía destacaba su asistencia a estas citas porque considera a Madoz "uno de los cooperadores en el desvío de fondos públicos para pago de gastos electorales, que omitía el administrador electoral en la contabilidad de las campañas". Una estrategia que, según defiende, "se planeaba en las reuniones" y pasaba por emitir facturas falsas desde 2008 a la mercantil Indra "como medio de trasvase de fondos desde la Agencia de Informática de la CAM para pagar gastos electorales y otros gastos del partido".

Lejos de dar por buena esta idea, el juez ya archivó el pasado marzo la imputación de Indra como persona jurídica y, en lo que se refiere a Cifuentes, descarta una vez más que tenga relación con la presunta financiación ilegal del PP a través de la empresa SWAT: “No se sustenta en ningún tipo de indicio que permita corroborarla, tratándose de una mera sospecha ausente de fundamento alguno”.

El juez apunta a que su imputación por estas reuniones se basó, entre otras cuestiones, en la declaración de la que fuera mano derecha de Esperanza Aguirre, Isabel Gallego Navarrete. Frente a la versión de esta, Cifuentes negó haberse reunido con el empresario Juan Miguel Madoz Echeverria, afirmación que él mismo confirmó y que se ve reforzada por documentación en la que se demuestra que "no ostentaba cargo alguno vinculado con la contabilidad, gestión o administración de las elecciones del año 2008”.