El exsenador del PP David Erguido pone rumbo al banquillo por el caso Púnica

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón da por finalizada la pieza del caso Púnica relativa a los contratos del PP de Madrid con la empresa Waiter Music. En el auto de conversión a procedimiento abreviado del 29 de julio al que ha tenido acceso El Confidencial, el magistrado da el primer paso para abrir juicio oral contra 15 de los investigados, entre ellos el exsenador del PP David Erguido y el exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados. En el caso de Erguido, este pone rumbo al banquillo en un momento en el que volvía a acaparar titulares como posible directivo la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo del Ayuntamiento de Madrid.

En marzo de 2018, el exgerente de Waiter Music José Luis Huerta, ya fallecido, admitió ante García-Castellón que organizó actos para el PP de Madrid y que no los cobraba. A cambio, resultaba adjudicatario de la planificación de las fiestas de numerosas localidades, entre ellos Algete, donde Erguido fue concejal. Tanto al exsenador como a los otros 14 investigados se les considera responsables de tráfico de influencias y prevaricación.

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"De los diferentes Ayuntamientos, Waiter Music siguió contratando de forma ininterrumpida desde el año 2004 hasta el año 2013, con el Ayuntamiento de Valdemoro [donde Granados fue alcalde]", explica el magistrado. "Y, entre los años 2007 al 2011, con los de Móstoles, San Martín de la Vega, Algete, Chinchón, Ciempozuelos, Torrejón de Velasco y Moraleja de En medio". Todos ellos, destaca el auto, "gobernados por alcaldes pertenecientes al Partido Popular de la Comunidad de Madrid", aunque solo en cinco se han hallado irregularidades.

"Tal relación comercial fue posible debido a que los diferentes expedientes administrativos, cuando los había, estaban predeterminados para que fuesen adjudicados, bien a Waiter Music, bien a empresas controladas directa o indirectamente por José Luis Huerta", relata el auto. De esta manera, "se podía contar con una empresa que, por una parte, realizaba los festejos de conformidad y, por otra y muy importante, proporcionaba unos servicios extras a requerimiento de los políticos, bien en extras decididos al momento de las fiestas, bien prestando servicios privados para actos del PP municipal, bien para alguno de sus miembros que no eran nunca facturados".

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Esta supuesta adjudicación irregular se habría producido en los ayuntamientos de Valdemoro, Algete, Ciempozuelos, Moraleja de Enmedio y Móstoles, así como a través de dos entes públicos que dependían del Gobierno autonómico: la Fundación Arpegio y el Patronato Madrileño de las Montañas. En cuanto a Erguido, el magistrado apunta al papel que jugó en Algete, donde las empresas de Huerta facturaron entre 2007 y 2014 cerca de dos millones de euros. La exalcaldesa Inmaculara Juárez Menéndez, que también pone rumbo al banquillo, le encargó a él como primer teniente de alcalde las cuestiones de festejos, y "no a la concejalía de Cultura, como venía siendo habitual".

Erguido, que "era un hombre de la confianza de Francisco José Granados", compatibilizó así su cargo como concejal electo del ayuntamiento de Algete con el de asesor técnico del Gabinete de la Presidencia, nombramiento que se produjo al mismo tiempo que Granados se convertía precisamente en consejero de Presidencia e Interior de la Comunidad de Madrid. Sea como sea, el juez subraya que el papel de Granados en esta trama no se habría limitado a su relación con el exsenador, sino también a los años que ocupó la alcaldía y la dirección del PP en Valdemoro, otro de los ayuntamientos que los investigadores sitúan como epicentro de los negocios de Waiter Music.

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"La relación de amistad se inició entre José Luis Huera Valbuena y Francisco José Granados Lerena, prosiguiendo, tras la marcha de este a la Consejería de Transportes (2003), con José Miguel Moreno Torres [sustituto de Granados en la alcaldía], siendo el mismo el que decidía que se siguiese contratando con José Luis Huerta Valbuena, para lo que se siguió una compleja red de expedientes y procedimientos administrativos cuyo único objetivo era el de dar sensación de formalidad, minimizando cualquier sospecha de irregularidad, al tiempo que existía toda una negociación extraoficial", explica el auto, apuntando a que esta situación se extendió hasta 2015.

Junto a Erguido, Granados, Juárez y Moreno, García-Castellón también acuerda procesar a otros cargos relacionados con los cinco ayuntamientos o los dos entres públicos. En concreto, María Ángeles Herrera García, Rafael Marín Valenciano, José Carlos Boza Lechuga, Carmen Plata Esteban, María del Carmen Benito Saldaña, Alfredo Ovejero López, Carlos Alberto Estrada Pita, Ricardo Godino Marqués, Lorenzo Del Triunfo Calleja, Esteban Parro del Prado y David Ortiz Espejo. Tanto la Fiscalía como las acusaciones populares tienen ahora diez días para formular escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral.