Moreno se distancia de Ayuso y dilata la decisión de recurrir el impuesto a los ricos

El Gobierno andaluz mantiene la incógnita sobre la pugna legal que ya ha confirmado Isabel Díaz Ayuso para luchar contra el impuesto de solidaridad anunciado por María Jesús Montero para las grandes fortunas. El equipo jurídico de Juanma Moreno dilata los plazos y todavía estudia si enzarzarse en lo que puede ser un largo pleito en el Tribunal Constitucional o estudiar otras vías. El malagueño se distancia así de las prisas de su compañera de partido, que incluso sin conocer los detalles del tributo ya ha anunciado que recurrirá el gravamen a los ricos, considerado como una invasión de las competencias autonómicas.

Los juristas del equipo de Juanma Moreno están a la espera de conocer la literalidad del texto, mientras que el Gobierno andaluz mantiene su postura crítica con la propuesta del Ministerio de Hacienda, que cercenará parte de su reforma fiscal. Una vez entre en vigor el nuevo tributo anunciado por Montero, los contribuyentes con más de 3 millones de euros de patrimonio no podrán beneficiarse de la bonificación que el presidente de la Junta anunció a mediados de septiembre en Madrid.

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El Ejecutivo del PP, que gobierna en solitario por primera vez Andalucía, puede optar por la vía de la comisión bilateral que establece el Estatuto autonómico para dirimir estos asuntos. Se trata de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Comunidad Autónoma que figura en el artículo 184 de la norma andaluza. A este organismo aludió ayer el PP andaluz en un debate en el Parlamento regional sobre autonomía fiscal.

En un foro similar, el Gobierno de Juanma Moreno ya ha desatascado otros conflictos con la Moncloa, como el primer decreto de simplificación que entró en vigor a principios de 2020 y la ley del suelo aprobada a finales del pasado año. Se trata de una apuesta por esa vía moderada y del diálogo de la que presume el presidente andaluz y que lo separa del modelo más incisivo de la jefa del Ejecutivo madrileño.

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El contraste es evidente. El barón andaluz, ungido en el PP como el 'delfín' de Feijóo, opta por la prudencia y deja a Ayuso sola. La presidenta de la Comunidad de Madrid anunció que llevaría el asunto al Tribunal Constitucional incluso antes de que el Ejecutivo registrase la norma en la Cámara Baja. La Moncloa plantea incluir la tasa a las grandes fortunas como enmienda a otra proposición de ley, la que prevé gravar los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas y de las grandes entidades financieras, pero el texto aún se desconoce.

"Lo redacten como lo redacten, este impuesto ataca directamente la autonomía fiscal de la Comunidad de Madrid, teniendo en cuenta que lo que intenta es volver a instalar el pago de un impuesto que nosotros, dentro de nuestra autonomía, hemos retirado", justificó Ayuso a principios de semana. "Este impuesto es una broma de mal gusto", zanjó. Génova evita decantarse por uno u otro modelo bajo el principio del respeto a la autonomía de sus barones, si bien Feijóo no esconde que se identifica mejor con la mesura de Moreno que con el modelo más beligerante de su homóloga madrileña.

Opinión

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Ayuso y Moreno mantienen una competencia soterrada que avivó el anuncio sobre la bonificación del Impuesto al Patrimonio en Andalucía, pese a que no deja de ser una imitación de la política fiscal madrileña que inauguró Esperanza Aguirre y que Ayuso defiende a capa y espada. La medida puso de nuevo el foco sobre el barón que arrebató la corona a la dirigente madrileña tras firmar la primera mayoría absoluta del PP en la Junta. Moreno eligió la capital para hacer el anuncio, que pronunció frente a Alberto Núñez Feijóo, la plana mayor del partido y exministros de la época de Aznar y de Rajoy. Solo hubo una ausencia destacada: la de Isabel Díaz Ayuso.

El PP trató de tapar todo ruido sobre una eventual pugna interna bajo la premisa de que el modelo de reducción de impuestos está en el ADN del partido. Pero es imposible negar que el espíritu de la reforma impulsada por Moreno está pensada para competir con Madrid, ya que es donde se encuentra la mayor parte de los grandes patrimonios que el malagueño quiere atraer a Andalucía.

El "impuesto de solidaridad" impulsado por el departamento que dirige María Jesús Montero neutraliza las bonificaciones al patrimonio de Madrid y Andalucía, una medida en la que también trabajaba la Región de Murcia y en la que había profundizado Galicia. Ayuso marcó el camino judicial desde el primer momento. Moreno no descarta acudir los tribunales, pero con mucha menor vehemencia que la madrileña. Esto no es obstáculo para que en el entorno del presidente de la Junta dieran por hecho hace solo unos días que terminarían presentando recurso en el Constitucional tan pronto como el nuevo impuesto comenzase su tramitación parlamentaria.

Debate en el Parlamento regional

La espera por la batalla judicial no es incompatible para el PP andaluz con la crítica a María Jesús Montero y su nuevo impuesto a las grandes fortunas. Así quedó reflejado el viernes en la Cámara andaluza, que aprobó una proposición no de ley en defensa de la autonomía fiscal de la comunidad. Los populares se quedaron solos en la defensa de su iniciativa, ya que Vox, que apoyó la reforma fiscal de Moreno, se abstuvo en la votación.

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"Tenemos la obligación de defender el Estatuto y nuestra autonomía fiscal", defendió Pablo Venzal, portavoz del PP andaluz en materia de Hacienda, que auguró que el impuesto anunciado por Montero puede ir en contra de la norma autonómica y de la Constitución, aunque todavía no se conoce la literalidad del texto. La proposición no de ley aprobada el viernes por la Cámara regional aboga por evitar una armonización fiscal y defiende la "autonomía financiera" de la comunidad.

La izquierda en pleno rechazó el texto. PSOE, Por Andalucía y Adelante se mostraron a favor de la autonomía fiscal de la comunidad, pero no si es para bajar la presión fiscal a los más ricos. Inma Nieto, la portavoz de la coalición Por Andalucía, recordó cómo en 2018 el PP apoyó un acuerdo fiscal que incluía una apuesta por la armonización fiscal en tipos como el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y Patrimonio. Los izquierdistas llevaron varias enmiendas al Pleno con fragmentos de ese acuerdo, que fueron rechazadas por los populares.