Neymar defenderá que los tribunales españoles no pueden juzgarle por su traspaso al Barça

Neymar Da Silva se sentará a partir de este lunes en el banquillo de la Audiencia Provincial de Barcelona. La Fiscalía pide dos años de cárcel para el futbolista y le acusa de un delito de corrupción por las negociaciones que se llevaron a cabo hasta cerrarse su traspaso del Santos Club de Fútbol al Barça en 2013, pero según informa su equipo de defensa, alegarán que "los tribunales españoles carecen de jurisdicción" porque "se trata de hechos cometidos por nacionales brasileños en Brasil".

Neymar está procesado en esta causa desde 2016, cuando la Audiencia Nacional abrió una investigación a raíz de la denuncia del Grupo DIS, la firma que en 2009 le pagó cinco millones de reales (1,4 millones de euros al cambio) por el 40% de sus derechos federativos y que asegura haber sido estafada con su venta al Barça. Además del jugador, la Fiscalía y esta compañía han logrado sentar en el banquillo a sus padres, a ambos equipos como personas jurídicas y a los expresidentes del FC Barcelona Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu. Entre los testigos, destaca a su vez el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, cuyo club también quiso hacerse con el jugador en los años investigados.

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La vista en principio se alargará hasta el 31 de octubre, pero el equipo de defensa de Neymar y sus padres, liderado por los abogados de Baker McKenzie María Massó, Jesús Santos y Alicia Franch, buscará echar por tierra la acusación por la mencionada falta de jurisdicción desde el primer momento. Si el argumento no prospera y el juicio sigue adelante, expondrán otros cinco argumentos.

Delito de corrupción entre particulares

La tesis de la acusación se centra en primer lugar en lo ocurrido dos años antes de la venta del jugador, en 2011, cuando sostienen que los dirigentes del Barça, Neymar y sus padres pactaron en secreto una entrega de 40 millones de euros que alteró la libre competencia del mercado y restó valor al posterior traspaso. Según argumentan, este acuerdo supuso comprar su voluntad y dejó fuera de la operación a los verdaderos dueños de sus derechos, por lo que las acusaciones atribuyen a los procesados el mencionado delito de corrupción entre particulares. Frente a este razonamiento, desde Baker McKenzie apuntan que su defensa presentará tres argumentos.

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El primero de ellos se centra en que "no tiene sentido" que se aplique este delito al "mercado de fichajes, donde no operan las normas de libre concurrencia" y "la transferencia de un club a otro depende de la libre voluntad del jugador". Neymar solo se sienta en el banquillo por este delito, pero los abogados inciden en que "no es un servicio o una mercancía" y, por tanto, debe descartarse al contar "con voluntad propia". Para reforzar esta idea, su segundo argumento expondrá que el Santos ya había concedido en 2011 a Neymar "una autorización escrita para negociar y concretizar con otros clubes, permitiéndole así planificar su futuro profesional".

Expuestas estas dos ideas, el tercer argumento sintetiza ambos: "Los 40 millones de euros abonados por el FC Barcelona a Neymar" respondían "a una prima de fichaje legal" y así "se ha tributado en España y en Brasil", lo que descarta la acusación de que se trate de "una dádiva o pago indebido" en una negociación corrupta.

El delito de estafa

El segundo episodio que aborda la acusación se produjo en 2013, cuando el Barça pagó 17,1 millones por el traspaso del brasileño. Según la acusación particular y la Fiscalía, el Santos, que solo tenía derecho al 55% del importe de esta operación (9,4 millones), pactó con los dirigentes del club 'blaugrana' recibir otras cantidades para que su parte llegara al menos a la cifra que le habría correspondido por el 55% de los 40 millones que habían recibido Neymar y su familia dos años antes (22 millones). El Grupo DIS, sin embargo, sostiene que nunca fue informado de la existencia de esas partidas adicionales, lo que le impidió reclamar el porcentaje que le correspondía.

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A la vista de estas supuestas negociaciones a la espalda de la compañía que poseía un 40% de los derechos del jugador, las acusaciones apuntan a un delito de estafa, una imputación que la defensa tratará de desmontar con dos argumentos: en primer lugar, "el contrato con DIS no prevé un deber de Neymar de fichar por un club de fútbol durante la vigencia del contrato con el Santos FC ni de renunciar a negociar el futuro profesional del jugador para cuando hubiera adquirido la condición de 'free agent", por lo que "cualquier pretensión de DIS en ese sentido iría en contra de los más elementales derechos de todo trabajador" y, de hecho, contenía cláusulas "abusivas".

En segundo lugar, los abogados destacan que "DIS obtuvo un retorno de su inversión en los derechos económicos del jugador de más del 500%" en 2013, por lo que consideran que en ningún caso puede presentarse como víctima. A falta de cuatro días para que arranque el juicio, esa es la estrategia de defensa que ha armado el futbolista.