La solución para el PSOE y Griñán: una reducción de la pena a dos años que le evite la cárcel

El anuncio de petición de indulto realizado por la familia de José Antonio Griñán ha puesto al Gobierno de Pedro Sánchez en un foco incómodo a las puertas de un año electoral en el que aspira a repetir mandato. Pese al capote inesperado que le ha facilitado el PP, cuyo líder Alberto Nuñez Feijoó anunció este miércoles que no se cebará en caso de una hipotética concesión de la gracia, la imagen de un Ejecutivo socialista favoreciendo a un político socialista no es la más deseable de cara a los comicios. Hay, sin embargo, una solución que beneficiaría a todos con un coste menor: la concesión de un indulto parcial que reduzca la condena de prisión del expresidente de la Junta de Andalucía sin borrarla por completo.

El número mágico es el dos. Dos delitos, prevaricación y malversación, uno de ellos discutido por dos magistradas del Supremo. Una reducción a dos años de cárcel en lugar de los seis actuales. Con esa disminución, el Gobierno, que iniciará el trámite del expediente de indulto a partir de septiembre, evitaría su encarcelamiento, pero no eliminaría el rigor aparejado a una condena que implique prisión. Y sobre todo lanzaría un mensaje al electorado y rebajaría las críticas por beneficiar "a los amigos".

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El principal puntal para apoyar esa tesis y apoyar una reducción en cuatro años de la actual condena sería el voto particular que ya preparan las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, del sector progresista, que rechazaron durante la deliberación en el TS que Griñán cometiera malversación y defienden que debería haberse estimado parte de su recurso y anular la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla para absolverlo de ese delito. Habría quedado en ese caso a la par que Manuel Chaves, cuya pena se limita a la inhabilitación.

En el escrito que preparan para reclamar el perdón, los familiares de Griñán —que cuenta con el apoyo de los expresidentes del PSOE Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero— ya se refieren a esta postura discrepante de Ferrer y Polo. Asegura que "solo aparece esa división en el seno del tribunal en contadas ocasiones". La solicitud agrega que el mero hecho de que dos de cinco magistrados del mismo tribunal puedan "exponer fundadamente su convicción a favor de la absolución" acredita que ha aparecido la duda.

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También se apoyan en el criterio que mantuvo en su día el TS cuando instruyó de forma temporal el caso. En la etapa en la que Griñán era senador, el alto tribunal asumió el procedimiento dada su condición de aforado. En un auto dictado en junio de 2015, decidió no imputar al expresidente andaluz por esta malversación porque entonces consideró que no se había acreditado que interviniera "en la concesión concreta de ayudas fraudulentas de fondos públicos" ni que supiera que se estaba disponiendo de esas cantidades para que terceras personas se lucraran.

La ley establece que el ingreso en prisión es obligatorio para aquellos condenados cuya pena sea superior a los dos años. En penas inferiores, no es, sin embargo, automático y depende del tribunal sentenciador, en este caso la Audiencia de Sevilla. La previsión viene recogida en el artículo 80 del Código Penal, en el que se dice que "los jueces o tribunales podrán dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a dos años cuando sea razonable esperar que la ejecución de la pena no sea necesaria para evitar la comisión futura por el penado de nuevos delitos y siempre que no haya sido condenado por otros hechos". Incluso en el caso de que el tribunal de Sevilla decidiera que debe ingresar con una condena de dos años, su estancia en la cárcel sería mucho menor, de solo unos meses.

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Si la tramitación del expediente de indulto se realiza al ritmo habitual y arranca cuando el TS notifique la sentencia a partir de septiembre, la decisión se encontraría sobre la mesa del Consejo de Ministros a finales de año. La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, quiso defender este jueves el "rigor" con el que el Gobierno estudiará este caso. Consideró las adhesiones de los expresidentes y de exministros socialistas, como "decisiones personales" que se "respetan de forma absoluta".

Tras conocer el sentido del fallo hace unas semanas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que, a falta de conocer la argumentación de la sentencia, su sensación es de que pagan "justos por pecadores". "No han sido condenados, ni siquiera acusados, de haberse lucrado, de haberse llevado un céntimo de euro ni de haber financiado irregularmente a organizaciones políticas", resaltó, destacando que no hubo un enriquecimiento personal.