España recluta aliados para plantar cara al plan energético de Bruselas

La batalla política del Gobierno contra Bruselas se ha comparado con la ‘excepción ibérica’, en la que España y Portugal sumaron fuerzas con éxito, pero el Ejecutivo quiere que su frente en esta lucha trascienda al país vecino, para pasar a sumar a todos los aliados posibles. En materia energética, España cuenta con una posición de fuerza en la UE, y están dispuestos a utilizarla. Fuentes del Gobierno aseguran que están buscando aliados entre los 27 para consolidar un bloque que pueda plantar cara a Bruselas y permita abrir una negociación.

Por el momento, Portugal, Grecia, Francia, Italia, Hungría y Polonia, según el mapa del Ejecutivo, ya han expresado su rechazo al mecanismo que permitiría a Bruselas obligar a los 27 a reducir un 15% su consumo de gas en el caso de llegar al escenario más drástico de crisis energética, con el presidente ruso, Vladímir Putin, cerrando por completo la llave de paso.

Hoy por hoy, el Gobierno no se atreve a afirmar que cuente con el respaldo de todos estos países: sí da por hecho el respaldo de Portugal o Grecia, estudia los movimientos de Francia o Italia (que vive una situación política particularmente volátil) y observa con detenimiento a Hungría y Polonia. Cuantos más sean, más resonarán sus reclamaciones.

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El Ministerio de Transición Ecológica, que depende de la también vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, así como la Representación Permanente de España ante la Unión Europea (REPER) se reúnen en estas horas claves con sus homólogos, sondeando apoyos y buscando puntos en común. No descartan que, de ser necesario, el propio presidente, Pedro Sánchez, llegue a intervenir, y sí dan por hecho que, ante un tema tan estratégico, será necesario que los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 se sienten a abordar una respuesta coordinada. Hasta la reunión del Consejo Europeo de Energía en la que se debatirá sobre la posición a adoptar, el 26 de julio, aún cuentan con margen para negociar, evitando el indeseado escenario de ruptura.

En principio, la idea es forzar al Ejecutivo comunitario a sentarse a buscar soluciones, sin llegar a consolidar una minoría de bloqueo en el Consejo Europeo (requiere del apoyo de al menos cuatro estados, que representen a más del 35% de la población), pero sin descartar tampoco que pueda darse esta situación. El Gobierno es consciente de que no puede permitirse un acto de rebeldía ante un reglamento aprobado por las instituciones comunitarias, pero planea dar la batalla hasta el último momento en una negociación en la que sabe que cada hora cuenta.

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No pasa por la “imposición”, en palabras de Ribera, de objetivos de reducción vinculantes que, además, consideran inútiles: que España deje de gastar un 15% no supone que el resto de estados puedan acceder a esas reservas, explican. La vicepresidenta tercera fue clara en su comparecencia del miércoles: “Pase lo que pase” no habrá cortes de suministro, ni a familias ni a empresas, y toca lucir músculo con una carta que no puede jugar “ningún otro estado de la UE”. Esto es, que España es la “entrada” de “más del 30% del gas licuado” en Europa.

De hecho, antes de actuar sobre la demanda, forzando una reducción del gas que puedan consumir los 27 en un cómputo global, la propuesta española es actuar sobre la oferta, suministrando más gas. Para ello, el Ejecutivo ofrecerá a Bruselas triplicar la cantidad de gas que, en condiciones normales, puede reexportar a Francia. A juicio del Ejecutivo, esta es la mejor definición del principio de igualdad: utilizar a pleno rendimiento las capacidades y las infraestructuras españolas para distribuir este combustible.

La letra pequeña, sin embargo, aporta matices: no es que el Gobierno quiera obtener cifras de exportación nunca alcanzadas, sino que quiere triplicar el volumen de gas que exporta en condiciones normales, y, para definir estas condiciones, se refiere al propio plan de Bruselas: la cantidad media exportada de los últimos cinco años. Sin embargo, en meses como mayo, ya en un contexto extraordinario, España ya ha alcanzado la máxima cantidad de gas que puede exportar a Francia, por lo que estrictamente no estaría triplicando su capacidad de exportar (las infraestructuras no lo permiten), sino utilizando a pleno rendimiento sus capacidades, que en la media de los últimos cinco años se emplearon a un tercio de su máximo rendimiento.

El Gobierno se enteró por la filtración de que Bruselas quería fijar objetivos obligatorios

Por otro lado, tampoco han gustado las formas del Ejecutivo comunitario. Desde el Gobierno aseguran que, si bien habían conversado sobre el contenido de esta propuesta en los últimos días, Bruselas siempre les trasladó que los objetivos serían voluntarios, y no vinculantes. La sorpresa llegó, afirman, con la filtración de un primer borrador, el viernes, en el que ya se aludía al escenario de obligatoriedad. Y hasta quedaban en blanco los porcentajes de ahorro que el Ejecutivo comunitario planeaba fijar.

Por eso, insisten: la respuesta debe ser coordinada, pero, para coordinarse, es necesario sentarse a dialogar teniendo en cuenta las condiciones de partida de cada uno de los socios y dejando fuera de la negociación los mecanismos coercitivos que puedan causar un “sufrimiento innecesario”, en palabras de Ribera. Innecesario e ineficiente, zanjan.