España anticipa una dura batalla en Bruselas por su plan energético: "Lucharemos hasta el final"

Nadie esperaba una respuesta tan dura, pero la batalla por cómo responder a la crisis energética que ha generado Rusia solo acaba de empezar. El Gobierno asume que llegan días y semanas de difícil negociación con el resto de los socios europeos y con la Comisión, después de que la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, rechazara sin matices la “imposición” que llega desde Bruselas de una reducción del 15% en el consumo de gas a todos y cada uno de los 27 Estados miembros, también a España, entre agosto y marzo de 2023, para hacer frente a un posible corte del suministro por parte de Moscú.

Fuentes del ministerio transmiten que es exactamente eso lo que reclama Ribera: un “diálogo” serio para articular una respuesta coordinada. Explican que son conscientes de cuánto urge adoptar una hoja de ruta, y aseguran que no tienen intención de dilatar los tiempos más de la cuenta, pero se niegan a digerir sin más una receta que tildan de “insuficiente e injusta”. En los próximos días, los embajadores representantes permanentes tendrán que debatir el asunto, que estará sobre la mesa de los ministros de Energía de la Unión Europea la semana que viene en un encuentro convocado de forma extraordinaria para analizar la situación.

Durante la semana, el Gobierno y el Ejecutivo comunitario mantuvieron “intensas conversaciones” para tratar de evitar el actual escenario. Pero Bruselas había decidido hacía ya tiempo que tocaba cambiar de discurso, endurecer el mensaje y empezar a preparar a toda la Unión para un escenario que en las últimas semanas se ha convertido en mucho más que una simple hipótesis. Tras la publicación de la propuesta de Bruselas —“No es la más eficiente, la más eficaz ni la más justa”, según Ribera—, la vicepresidenta tercera compareció en rueda de prensa para mandar varios recados a la Comisión.

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“Pase lo que pase”, afirmaba, “no habrá cortes de luz”, “restricciones ni racionamientos”, ni a familias ni a industrias o empresas, y es necesario “un debate serio y honesto”. La propuesta del Ejecutivo comunitario gira sobre la idea central de que las medidas deben proteger a las familias y los servicios, centrándose en las industrias, aunque también concienciando a los ciudadanos sobre la necesidad de moderar el consumo. Ribera, a su vez, no discutía el principio de solidaridad, clave en la Unión, porque "muchos socios lo están pasando mal" y España quiere "ayudar", pero sí dejaba claro que marcarán una posición dura. Además, trataba de evitar las comparaciones con las posturas defendidas por socios como Países Bajos en el marco de los duros debates entre los Veintisiete sobre los fondos europeos. "No nos vamos a posicionar como otros", señaló la vicepresidenta.

Esto no quita para que Ribera hiciera valer la posición de fuerza de España en materia energética: "Ningún otro Estado miembro de la UE es la puerta de entrada al 30% del gas licuado", recordaba. De hecho, el Gobierno ha convertido la cuestión energética en una de sus prioridades en la capital comunitaria. La delegación española siente que su voz se escucha cada vez más, desde que en septiembre de 2021 el Gobierno presentara una serie de propuestas, algunas de las cuales, aunque inicialmente fueran descartadas por la Comisión Europea y otros Estados miembros, acabaron siendo adoptadas por el Ejecutivo comunitario. Además, Madrid todavía siente el impulso de la victoria política lograda cuando obtuvo la denominada 'excepción ibérica', que permitió el establecimiento de un tope al precio del gas en España y Portugal.

España no acostumbra a tomar posiciones contundentes en los debates europeos. Se siente más cómoda jugando en segunda o tercera línea. La idea que más repiten fuentes diplomáticas españolas en Bruselas es que el país está "con el consenso europeo". Pero en la cuestión energética el Gobierno se ha desmarcado de esa posición, defendiendo posturas más agresivas y jugando sus cartas. Ribera ha estado en el centro de toda esa coreografía y los negociadores españoles sienten que se han convertido en la referencia a seguir por otros Estados miembros con opiniones similares.

Sobre los tiempos, el ministerio es consciente de que no está obligado a presentar medidas concretas hasta septiembre, cuando la Comisión Europea espera que se entregue una actualización de los planes de contingencia que incluyan ya medidas para cumplir con los objetivos de reducción de consumo. Teniendo en cuenta que, hasta la fecha, Ribera solo se ha reunido con los portavoces parlamentarios y con representantes de empresas energéticas e industriales, se avecina también un importante debate social dentro de nuestras fronteras.

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En lo que respecta a la UE, la oposición de España tiene que cristalizar en el proceso habitual de aprobación de legislación europea. Cuando la Comisión Europea presenta una propuesta, el Parlamento Europeo y el Consejo, que es donde se sientan los Estados miembros, tienen que tomar postura al respecto, y después las tres instituciones inician negociaciones, los llamados 'trílogos', que deben desembocar en un texto conjunto, que es el que se aprueba y es vinculante. España tiene que tejer alianzas y buscar otros países que apoyen impulsar enmiendas que reduzcan la ambición de los planes del Ejecutivo comunitario.

En todo caso, el Gobierno sabe que la propuesta de la Comisión Europea por ahora es estrictamente eso, una propuesta. No hay nada en firme hasta que las instituciones comunitarias aprueben un reglamento, y sabe que hay otros Estados miembros que también tienen dudas sobre los detalles de la medida. Las economías europeas, ya debilitadas por el contexto, necesitan que la industria siga funcionando y no serán pocas las capitales que pidan evitar por todos los medios cortes a las empresas que puedan pinchar el ya ralentizado crecimiento económico de la Unión.

Bruselas ha reclamado un poder considerable ante esta crisis a través del artículo 122 de los Tratados, una cláusula de emergencia que permite asumir medidas excepcionales: pide poder obligar a los Estados miembros a establecer planes de reducción de consumo de forma unilateral en caso de que la situación empeore, o si lo solicitan al menos tres Estados miembros. Las capitales no suelen reaccionar demasiado bien cuando la Comisión plantea expandir sus poderes. Pero el Ejecutivo comunitario quiere actuar con urgencia y está poniendo toda la presión sobre los gobiernos. Sabe que para que el reglamento logre luz verde aún queda tiempo. En parte, por eso empieza con un discurso en el que el ahorro energético es, en principio, voluntario, porque después puede convertirse en obligatorio dadas las circunstancias.

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Por otra parte, hay estudios que apuntan que si los Estados miembros no empiezan a reducir de forma urgente un 15% el consumo de gas, las reservas de un buen grupo de países se quedarían completamente vacías a finales del invierno si Rusia finalmente decide cortar el suministro. Es un escenario que, además, de no haber una respuesta coordinada por parte de los Veintisiete, impactaría de forma muy grave en las economías de países más dependientes de Moscú.

Del mismo modo, el ministerio se aferra a los otros datos de esos mismos estudios, como el del 'think tank' económico Brueghel, que en su caso apuntarían a que España, Francia y Portugal son mucho menos vulnerables que el resto de miembros del club de los Veintisiete ante un hipotético —y asumido ya por muchos en el Ejecutivo comunitario— corte de gas por parte de Rusia. Las cartas de Bruselas y del Gobierno español ya están sobre la mesa. Habrá 'batalla', y a ambos les interesa que se salde cuanto antes.