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El Gobierno busca blindar a la industria de los cortes de energía en el plan de contingencia
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BRUSELAS PIDE AHORRAR UN 15%

El Gobierno busca blindar a la industria de los cortes de energía en el plan de contingencia

La garantía del autoabastecimiento, blindando a los consumidores industriales, es una suerte de línea roja del Gobierno, que también dará la batalla en Bruselas para que el recorte del 15% en el gas no se generalice a todos los países

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i) conversa con la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera (d), durante el debate sobre el estado de la nación. (EFE/Chema Moya)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i) conversa con la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera (d), durante el debate sobre el estado de la nación. (EFE/Chema Moya)

Con la presión de la industria en aumento, las previsiones económicas a la baja por los efectos en la inflación de la subida del precio de la energía y una creciente desafección social, el Gobierno está dispuesto a dar la batalla en Bruselas para que los planes de contingencia por la crisis energética afecten lo menos posible a España. La prioridad es proteger a la industria, con unas empresas más intensivas en el uso energético que las de otros países europeos, y asegurar el autoabastecimiento. La propuesta de la Comisión Europea hecha pública este miércoles reclama hacer ya recortes del 15% del gas para hacer frente al eventual cierre del grifo del gas por parte de Rusia como represalia a las sanciones. Se trata de un recorte voluntario, pero que se haría obligatorio en caso de activarse un mecanismo de alerta.

Desde el ministerio de Transición Ecológica han trasladado a los representantes de las industrias con las que se llevan reuniendo durante los últimos días un mismo mensaje: "No habrá falta de suministro". España es menos dependiente del gas ruso y, aunque está dispuesto a asumir los mecanismos de solidaridad para suministrar a otros países en caso de necesidad, el objetivo es que haya algún tipo de excepción. Todo a punta a que la negociación que se abre ahora en Bruselas, de cara a la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros de Energía que se celebrará el próximo 26 de julio, se centrará en que el recorte del gas en un 15% se generalice en todos los países por igual.

Portugal es otro de los primeros países que ha cuestionado la obligación para todos los Estados miembros de asumir recortes del 15% y que, precisamente, se unió a España para crear la excepción ibérica topando los precios del gas. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, aprovechaba este contexto para insistir en una entrevista en TV3 que la excepción ibérica es "todavía más importante".

"Todos los países no pueden recibir el mismo trato. En España estamos proporcionando electricidad a Francia, que tiene parado más de la mitad del parque nuclear", explicaba esta mañana la vicepresidenta económica. En una línea similar, aunque menos explícita, se manifestaba la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, asegurando que "nuestros industriales y nuestros consumidores no deben sufrir por una seguridad de suministro que han estado pagando durante años". Ribera añadía que "España es un país solidario, pero tenemos que acertar con la mejor forma de ayudar a los países de la UE que dependen del gas ruso".

La propuesta de la UE deja margen a los Estados miembros a que monitoricen el cumplimiento de los objetivos de recortes y elaboren sus propios planes de contingencia. Estos están dirigidos principalmente a la industria, pero el Ejecutivo apuesta por un ahorro del consumo, con mayor eficiencia, para evitar que las empresas se vean lastradas. Medidas que se enfocarían principalmente a las administraciones públicas, empujando a que las comunidades autónomas y los ayuntamientos se sumen a los planes de ahorro.

El Consejo de Ministros ya aprobó un primer plan de medidas de ahorro y eficiencia energética en la Administración General del Estado con el objetivo de racionalizar el consumo eléctrico en los edificios públicos. Se revisa la climatización, iluminación, ocupación de inmuebles u optimización de alumbrado exterior. En el plano organizativo, se reclama impulsar el trabajo a distancia o promocionar el transporte colectivo.

El Ejecutivo está elaborando otro plan de ahorro dirigido a los hogares, en forma de guía de recomendaciones, con el objetivo de sensibilizar sobre el consumo. Sin alarmismos. En Moncloa hay preocupación por cómo vayan calando estos mensajes en la población ante el creciente clima de desafección social por la situación económica, por lo que se insiste en que no afectará al estilo de vida. De ahí que se estén modulando las alertas para que se digieran de la mejor forma posible. La batalla en Bruselas se centrará así en proteger a la industria española, pero también a los hogares, despejando el temor a cortes de suministro. Si se actúa de forma rápida y eficaz, explican desde el departamento que dirige Teresa Ribera, se afrontará un escenario de "relativa tranquilidad" aun dentro de las tensiones previstas.

La hipótesis de restringir el gas, como se baraja en Alemania, no está sobre la mesa y en cualquier caso tampoco afectaría a "ningún tipo de consumidor". Así lo aseguraba esta mañana la titular de Transición Ecológica desde Bilbao, argumentando que los consumidores españoles pagan "desde hace mucho una factura muy elevada" y "no se merecen restricciones ni racionamientos". Solidaridad con otros países, pero asegurando el autoabastecimiento. El ministerio de Transición Ecológica, además, ha encargado tres informes (a Red Eléctrica, Enagás y Core) para evaluar posibles escenarios ante el riesgo del corte del gas ruso y España no tendría problemas de suministro ni en el peor de los escenarios.

Otras de las propuestas que el Ejecutivo llevará la próxima semana a Bruselas para debatir el plan de contingencia común se centran en "impulsar el ahorro y la eficiencia" para aumentar la disponibilidad de recursos, mantener en niveles históricos las plantas de almacenamiento, tanto subterráneas como las regasificadoras, incrementar la producción de las renovables y ayudar a los países vecinos más expuestos. Dentro de este último punto, entre las medidas más desarrolladas que destacan desde Transición Ecológica se encuentra la creación de una suerte de puente marítimo entre Barcelona y Livorno para transportar gas a Italia.

Se trabaja también en activar un centro de distribución desde el puerto de Gijón hacia otros países como Holanda o Bélgica. Para ello, se pretende acelerar las autorizaciones para la puesta en marcha de la regasificadora del Musel y convertirla en el menor tiempo posible en un centro de almacenamiento y distribución de gas.

La garantía del autoabastecimiento, blindando a los consumidores, es una suerte de línea roja. Un mensaje que se viene repitiendo en público durante los últimos días por parte del Gobierno. España sufrirá subidas de precios ante el escenario de cortes de gas, pero no tendrá problemas de abastecimiento como sí se anticipan en otros países, según insisten desde Moncloa. Pese a tratar de alejar el escenario de las restricciones, la asunción de fuertes subidas de precios es un duro golpe que sí asume para la economía española. Los efectos del invierno duro que se anticipa se notarían en una mayor inflación, por la mayor sensibilidad de España a la subida de precios de la energía.

Con la presión de la industria en aumento, las previsiones económicas a la baja por los efectos en la inflación de la subida del precio de la energía y una creciente desafección social, el Gobierno está dispuesto a dar la batalla en Bruselas para que los planes de contingencia por la crisis energética afecten lo menos posible a España. La prioridad es proteger a la industria, con unas empresas más intensivas en el uso energético que las de otros países europeos, y asegurar el autoabastecimiento. La propuesta de la Comisión Europea hecha pública este miércoles reclama hacer ya recortes del 15% del gas para hacer frente al eventual cierre del grifo del gas por parte de Rusia como represalia a las sanciones. Se trata de un recorte voluntario, pero que se haría obligatorio en caso de activarse un mecanismo de alerta.

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