Más problemas por el Popular: el juez tramita una querella por la compra del Pastor

La herencia del Banco Popular continúa provocando problemas judiciales para el Santander. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama acaba de enviar a reparto una nueva querella en la que se acusa a la entidad que compró en 2017 y a su expresidente Ángel Ron de delitos de estafa a los inversores e incumplimiento de los deberes de información por la ampliación de capital de 2012 aprobada para la compra del Banco Pastor.

Como indica el acuerdo del magistrado, al que ha tenido acceso El Confidencial, la nueva acción penal no tiene relación con otros procedimientos ya en marcha, como la ampliación de capital de 2016 o las inversiones hechas por particulares o profesionales con posterioridad a 2012. Esta falta de vinculación evita la acumulación de las actuaciones. Al tratarse de un asunto nuevo, requiere de la incoación de una nueva causa por los hechos contenidos en la querella formulada, por lo que se remite al juzgado que por turno ordinario corresponda.

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La querella, presentada por un accionista, recuerda que el Popular justificó la opa (oferta pública de adquisición) indicando que los ejercicios de estrés mostraban una posición holgada de liquidez. En el capítulo de resultados, precisaba que había alcanzado unos beneficios atribuidos en los nueve primeros meses del ejercicio de 404 millones de euros, experimentando con ello una caída del 22,5%. Se reitera que Banco Popular se mantiene entre las entidades más rentables del sistema financiero español. Con fecha 11 de octubre de 2011 publicó como hecho relevante la rebaja de las calificaciones por las agencias DBRS, Moody's, Fitch y Standard & Poor's como consecuencia de la adquisición. Acabó repercutiendo en un descenso de la calificación crediticia.

Para los querellantes, la opa —que supuso valorar Banco Pastor en unos 1.300 millones de euros— se efectuó a un precio excesivo que conllevaba la unión de un banco con déficit de recursos, alta morosidad y elevada exposición inmobiliaria con otro de similares características. Esta unión conllevó que Banco Popular Español tuviera que realizar unas fuertes correcciones derivadas de un déficit recurrente en las provisiones en las cuentas anuales de 2012, que arrastraba desde 2011, y que el Banco de España estableció en 2.756 millones de euros a fecha 30 de junio de 2011, y en 2.851 millones de euros con fecha 31 de diciembre de 2011, que fue consecuencia de la errónea valoración y clasificación de sus activos.

Desfases

La nueva querella defiende que "las inexactitudes, falsedades, desfases y pérdidas" que fueron reflejándose en informes financieros trimestrales y semestrales del ejercicio 2012, anteriores al propio folleto de la ampliación de capital, concurrieron también en la información financiera contenida en el folleto de la ampliación de capital, al incorporar el balance de situación cerrado a fecha 30 de septiembre de 2012.

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Destaca, en concreto, una "falsedad milmillonaria sobre el valor de los activos intangibles" en los activos fiscales, que agravó la falta de reflejo de la imagen fiel que las cuentas de Banco Popular ya arrastraba desde, por lo menos, el ejercicio 2011, "hasta el punto de que los propios inspectores del Banco de España cuantificaron a fecha 30 de junio de 2011 un déficit de provisiones de 2.756 millones que en fecha 31 de diciembre de 2011 se incrementó hasta los 2.851 millones de euros". También en la concesión de créditos dudosos, cuya ocultación (según la querella) desembocó en operaciones "para ocultar las refinanciaciones a empresas morosas mediante sociedades pantalla de Luxemburgo, en concreto, Thesan Capital".

"El origen de los desfases en la valoración de los activos intangibles deriva de la compra de Banco Pastor y las pérdidas que originó dicha operación: se compró por 1.400 millones un banco que, en realidad, tenía un valor de entre -500 o -1.500 millones de euros. El banco procede, en el ejercicio 2012, a incrementar su fondo de comercio, es decir, sus activos, en más de 2.000 millones de euros, multiplicando esta partida por cuatro respecto de 2011, siendo que, de esos 2.000 millones, 1.746 millones de incremento son atribuidos a la compra de Banco Pastor", indica.

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También señala que el acta del consejo de administración de Banco Popular Español del 6 de junio de 2017 reconoció expresamente que tenía incorrectamente valoradas la cartera inmobiliaria y la cartera crediticia, admitiendo una sobrevaloración de entre 1.600 y 3.000 millones de euros de la cartera inmobiliaria y, a su vez, una sobrevaloración de 1.525 millones de euros en la cartera crediticia.