Dos inspectores del BCE ponen contra las cuerdas a Ron y su equipo del Banco Popular

Otro jarro de agua fría para los imputados del caso Banco Popular. Los dos inspectores del Banco Central Europeo (BCE) que lideraron los dos informes demoledores sobre la entidad financiera han declarado en la última semana en la Audiencia, con conclusiones negativas sobre la contabilidad y las prácticas del banco que presidió Ángel Ron, y que se quedó en 2017 Banco Santander.

Se trata de Manuel Caro y Jesús Martínez Usano, que actualmente siguen en el BCE y que han declarado por videoconferencia. Durante sus testimonios han reconocido que se quedaron "estupefactos" con algunas de las cosas que se encontraron en la entidad, y han reconocido que la mala clasificación de los créditos reestructurados y los activos adjudicados tuvieron un impacto en las cuentas y en la solvencia de Popular durante 2016, el año de la ampliación de capital de 2.500 millones de euros.

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Durante las declaraciones, que concluyeron este viernes, el juez José Luis Calama se mostró muy participativo y valorativo sobre las presuntas irregularidades, incluso llegando a felicitar a Martínez Usano por sus inspecciones.

Uno de los puntos por los que más interrogó el magistrado es la condonación de 220 millones que hizo Popular a la sociedad Gestión de Activos Castellana 40 (GAC 40), que no fue aprobada por el consejo de administración: "Una condonación de este tamaño debía haber tenido un acuerdo expreso del consejo", expuso el inspector. En su lugar, Martínez Usano explicó que los directivos de Popular le justificaron entonces que se dieron explicaciones de forma verbal a la Comisión Delegada sobre GAC 40, lo que le pareció insuficiente.

Estos informes también detectaron un caso "que nunca había visto en mi experiencia como inspector", el de la compañía Fincas Monte Beco, en el que una empresa de producción de porcino justificó una financiación aportando un plan de negocio que decía que iba a abrir en el Congo para fabricar etiquetas vegetales.

Calama también puso el foco sobre la cartera de reestructurados de Popular creciera entre 2014 y 2015, mientras disminuían sus provisiones destinadas para ello: "Es un dato llamativo". El inspector le respondió que tiene usted razón, no sé si tiene explicación o no, pero en principio suena raro".

El magistrado también incidió en el impacto que una mala clasificación de los créditos reestructurados tenía para la entidad: "Esto tiene su importancia porque en las cuanto que se depositan en la CNMV que se anuncian al mercado, de forma específica hay que notificar las operaciones que están reestructuradas, porque es un elemento de análisis para los inversores, ¿no?", expuso Calama. " Sí, tiene importancia tanto para el análisis del mercado como el del supervisor conocer cuánto de la cartera ha sido reestructurado, con independencia de que después de esa reestructuración ha pasado tiempo", respondió Martínez Usano.

Papel de Saracho

Otro de los momentos clave se vivió con el interrogatorió del abogado de Emilio Saracho, sucesor de Ron al frente de Popular. Su letrado preguntó por el impacto en solvencia derivado del déficit de provisiones que detectó una inspección de los adjudicados a finales de 2016, antes de que llegara Saracho a la presidencia. Martínez Usano reconoció que había un impacto, pero que no lo cuantificó, algo que hizo intervenir al juez Calama: "Pero en la de riesgo de crédito si que se cuantificó, recuerdo haber leído esto, ¿por qué en una sí y en otra no?". El inspector justificó que fue una decisión suya, sin motivos de peso tras ella. El magistrado dejó la puerta abierta a solicitar nuevos datos sobre ello.

Además, Calama también pidió que el BCE aporte todo el cruce de documentación que tuvo con Popular acerca de la inspección de créditos previa a la ampliación de capital de 2016, con lo que podría estar buscando saber el grado de certeza del agujero que tenía la entidad antes de captar el capital de los inversores.

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Tanto Martínez Usano como Caro incidieron durante sus declaraciones en que lo irregular que le pareció la operativa de Popular con Thesan Capital, un fondo con el que se crearon sociedades luxemburguesas a las que indirectamente se transfirió riesgo del banco. La primera veza que descubrieron la operativa alertaron a sus superiores, que les instaron a analizarlo en la siguiente inspección.

Recientemente se ha concluido un trabajo pericial sobre esta operativa por parte de inspectores del Banco de España: "Las operaciones con las sociedades donde Thesan toma la participación debieran figurar clasificadas como dudosas desde 2012, cuando Banco Popular las clasificaba en normal. Esto llevaría a un déficit de provisiones que estimamos en, al menos, 521 millones de euros".