¿Por qué pudo rescatarse el Popular en 2012? ¿Se habría salvado?

Primavera de 2012. El hundimiento de Bankia y la desconfianza absoluta de los mercados en el sistema financiero español disparan la prima de riesgo hasta 600 puntos básicos y amenazan con obligar a nuestro país a salirse del euro. El FMI, la Comisión Europea y el BCE (la troika) fuerzan al Gobierno de Mariano Rajoy a aceptar el rescate con dinero europeo, que el presidente acepta solo si se limita al sector financiero. El importe se fija en un máximo de 100.000 millones, pero la cuantía exacta se determinaría por las necesidades de capital de cada entidad que se deriven de unos test de estrés que se encargan a Oliver Wyman.

Y en estos ejercicios de resistencia, salta la sorpresa: además de los 'sospechosos habituales' (Bankia, CatalunyaCaixa, NovacaixaGalicia, BMN, Banco de Valencia y el proyecto de fusión Ibercaja-Liberbank-Caja3), también suspende el Banco Popular con un déficit de capital en el escenario adverso de 3.223 millones. Saltan todas las alarmas en Moncloa y en el Edificio Beatriz. El problema no es solo de las cajas de ahorros dirigidas por políticos manirrotos e incompetentes, sino que hay un banco privado de rancio abolengo que también corre peligro de muerte por indigestión de ladrillo.

¿Qué hacer? Se plantean dos opciones: meter al Popular en el paquete del rescate de las cajas e inyectarle dinero público, o bien permitirle intentar sanearse y recapitalizarse por sus propios medios. Todos los implicados se apuntan a la segunda opción. El Gobierno la prefiere para poder mantener su discurso de que la crisis se circunscribe a las cajas de ahorros y que los bancos privados no solo no son un problema sino que han contribuido a la solución comprando cajas insolventes. La patronal bancaria (AEB) hace frente común.

Todos de acuerdo: nada de dinero público

Y el Popular, presidido entonces por Ángel Ron, tiene un miedo atávico a la nacionalización desde los tiempos de la República, agravado en la Transición (ese temor condicionó la gestión de Luis Valls). Y lleva en su ADN el rechazo a cualquier ayuda como signo de desprestigio e incapacidad. El Popular, que había sido el banco más prudente y eficiente de España, no puede acabar así. Además, hay una razón más prosaica: aceptar el rescate equivale a reconocer que ha estado ocultando un problema mucho mayor de lo que se creía y dar la razón al consenso del mercado, que considera que llegó demasiado tarde y se quedó con lo peor en la burbuja del ladrillo.

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Por tanto, se opta por permitirle arreglar el problema en solitario. La solución acordada es una ampliación de capital de solo 2.500 millones. Y como todo el mundo sabe, menos de cinco años después tiene que ser resuelto (intervenido) por la Junta Única de Resolución y vendido al Santander por un euro. ¿La historia podría haber sido diferente si se hubiera elegido la primera opción? El gobernador del Banco de España, Luis Linde, reconoció ayer en el Congreso que sí: "Fue una mala decisión dejar al Popular sanearse por sí mismo. Aunque hizo un esfuerzo por sanearse, no fue suficiente porque su situación era demasiado grave". Ahora bien, matizó que "eso lo vemos ahora, entonces nos parecía que tenía capacidad para hacerlo".

El rescate tenía premio: traspaso a Sareb

¿Tan decisiva fue esta decisión como para que el mismísimo gobernador del Banco de España entone el 'mea culpa'? La respuesta es que sí. Porque no solo se trataba de una inyección de capital, sino que el rescate tenía un premio muy gordo: iba acompañado del traspaso de todo el crédito promotor y los activos adjudicados al banco malo que la troika obligó a crear al Gobierno dentro del rescate, la Sareb. Es decir, se habría librado de un plumazo de los 37.000 millones de activos tóxicos que a la postre lo llevarían a la tumba.

No podemos saber con exactitud qué habría pasado después de ese rescate, si el Popular hubiera sido capaz de devolver sin problemas los 3.200 millones de dinero público o si hubiera ocurrido cualquier otra cosa (una compra, fusión, etc.). Pero lo cierto es que, si hubiera aceptado el rescate, no habría tenido que provisionar más y, en consecuencia, no habría requerido nuevas ampliaciones, ni se habría generado el pánico a una quiebra que provocó la desbandada de los depositantes en mayo de 2017. Y, salvo catástrofe, sus accionistas y tenedores de subordinada no habrían perdido todo su dinero. Fue la gran oportunidad perdida de la que Linde se arrepiente ahora. A buenas horas.