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La carga jurídica del Popular anterior al Santander es de hasta 3.400 millones

Deloitte estima una horquilla de entre 1.788 y 3.453 millones de contingencias jurídicas por cláusulas suelo, preferentes o por las ampliaciones de capital

Foto: Banco Popular.
Banco Popular.

La década de crisis de Banco Popular deterioró su solvencia y disparó la amenaza de litigios hasta cifras astronómicas que ha asumido Banco Santander. Las contingencias jurídicas que arrastraba la entidad que presidieron Ángel Ron y Emilio Saracho presentan cifras millonarias para el tamaño del banco de entre 1.788 y 3.453 millones.

Estos riesgos jurídicos no incluyen el propio final del banco, sino que son la carga heredada de la gestión, prácticas comerciales y operaciones de los últimos años de la entidad, hace muchos años considerada como un ejemplo de solvencia y rentabilidad. Pero ha pasado mucho tiempo desde entonces, con dos cambios de presidente, la entrada con fuerza en el crédito promotor e inmobiliario y una crisis financiera de por medio.

Durante este proceso, el Popular fue uno de los bancos más afectados por la nulidad de las cláusulas suelo que el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) dictaminó que debía ser con retroactividad, contradiciendo al Supremo. Asimismo, realizó dos ampliaciones de capital de 2.500 millones de euros en cada caso, en 2012 y 2016.

En estas dos operaciones, ejecutadas bajo el mandato de Ángel Ron y criticadas después por Emilio Saracho, hubo una gran presencia de minoristas, lo que ha multiplicado las demandas. Muchos juzgados de primera instancia están dando la razón a los demandantes por vicio del consentimiento, al considerar que la información pública del banco no era fidedigna, como demostró la reexpresión de cuentas del 3 de abril de 2017.

La Junta Única de Resolución (JUR o SRB, por sus siglas en inglés) publicó la tercera versión del informe no confidencial de Deloitte sobre la resolución en la noche del 6 al 7 de junio de 2017, con la adjudicación por un euro a Banco Santander. Es decir, la consultora realizó el informe que derivó en la decisión final y ahora estudia cómo se realizó en esta tercera versión (la primera, V1, la realizó la JUR, y las dos siguientes, V2 y V3, Deloitte).

Pérdidas menores

La institución europea presidida por Elke König ha descartado de forma preliminar compensar a los 305.000 accionistas o a los bonistas de deuda subordinada y CoCos, que perdieron toda su inversión. Era esperado. Ahora habrá un proceso para escuchar las opiniones de los afectados que quieran emitirlas, tal y como recoge el derecho comunitario, hasta el 14 de septiembre.

Elke König, presidenta de la JUR, en el Congreso. (EFE)
Elke König, presidenta de la JUR, en el Congreso. (EFE)

No obstante, todo el mundo da por hecho que la JUR corroborará su decisión preliminar. Para ello, se justifica en que la resolución supuso pérdidas de 11.400 millones sin afectar a los acreedores no asegurados (tenedores de deuda sénior o depositantes con más de 100.000 euros, por ejemplo), mientras que la liquidación en un proceso ordinario de insolvencia habría disparado las pérdidas hasta un rango de entre 23.400 millones y 34.100 millones de euros.

Entre los análisis realizados por Deloitte están las contingencias legales por cláusulas suelo, obligaciones convertibles obligatorias, gastos de préstamos hipotecarios, ampliaciones de capital y garantías bancarias del promotor. El informe, publicado este lunes en formato PDF escaneado, elimina varias referencias sobre estas contingencias, como las cifras de cada partida. En su comparecencia en la comisión de investigación de la crisis financiera en el Congreso, el presidente de Santander España y del Popular, Rodrigo Echenique, señaló que Santander pidió confidencialidad de algunos datos para no dar armas a los demandantes y a los competidores.

Varias fuentes de contingencias

Aunque la JUR no deja ver las cifras de contingencias por cada partida, sí facilita el global, que es un abanico amplio que oscila entre los 1.788 millones en el mejor escenario y los 3.453 millones en el peor. No obstante, matiza que “los procedimientos de liquidación suelen comportar importantes litigios y reclamaciones en hipótesis difíciles de anticipar”.

Deloitte: "Los procedimientos de liquidación suelen comportar importantes litigios y reclamaciones en hipótesis difíciles de anticipar"

Estas cifras están en línea con lo estimado internamente en Banco Santander, aseguran fuentes de la entidad cántabra. El banco presidido por Ana Botín elevó sus provisiones por litigios nada más quedarse el Popular un 20% o 1.193 millones, hasta los 5.712 millones. Gran parte de ellos son por la resolución, que se suma a la carga que calcula Deloitte. En este sentido, el 70% de los inversores minoristas se acogió a un bono de fidelización del Santander y renunció a emprender medidas legales, pero hay múltiples demandas de minoristas e institucionales, con una causa investigada por el juez Fernando Andreu en la Audiencia Nacional.

Las contingencias jurídicas de las que habla la consultora son reclamaciones potenciales que ya estaban referenciadas en los estados financieros del banco. “La declaración de insolvencia no evita que las partes presenten nuevas reclamaciones”, señala Deloitte, que añade que en su experiencia “podrían surgir reclamaciones adicionales imprevistas y potencialmente importantes en un escenario de liquidación, ya que los clientes, acreedores y accionistas buscan maximizar sus recuperaciones”.

Sin que sea posible predecir la cuantía, lo cierto es que lo que haya que pagar recaerá sobre Banco Santander. Los bancos que analizaron la posible compra del Popular en un proceso ideado por Saracho semanas antes de la resolución estudiaron el coste de litigios como una variable a asumir. Los riesgos judiciales fueron clave para que otras entidades rechazaran la adquisición, a pesar de que Saracho buscó fórmulas para compartir el riesgo.

En el caso de Bankia, Morgan Stanley realizó un informe para el banco presidido por José Ignacio Goirigolzarri sobre el potencial coste de la compra, con el asesoramiento de la consultora EY. Las contingencias legales estimadas en el informe, incorporado a la causa de la Audiencia Nacional y al que ha tenido acceso este medio, ascendieron a 2.566 millones de euros, repartidos entre 955 millones en la ampliación, 750 millones por las cláusulas suelo, 520 millones por las obligaciones convertibles, 295 millones por contingencias IRS y otras y 46 millones por avales bajo la Ley 57/68.

En línea con Deloitte

Esta cifra estaría en la parte central de la horquilla de Deloitte. Las cláusulas suelo son por reclamaciones ante los tribunales no resueltas, procesos judiciales pendientes y un previsible aumento sustancial de las reclamaciones por la nueva legislación que protege al consumidor. Las obligaciones convertibles obligatorias son productos financieros vendidos durante la crisis que han dado lugar a numerosos litigios. Los gastos de préstamos hipotecarios proceden de las tasas de notario y otros costes relacionados con la constitución de la hipoteca que tenían que pagar los clientes hasta una sentencia del Tribunal Supremo el 23 de diciembre de 2015. El problema de las ampliaciones son los “errores potenciales u omisiones” en el folleto original. Por último, las contingencias por garantías bancarias de promociones inmobiliarias hacen referencia a reclamaciones de clientes de promotores ante viviendas no construidas porque el banco era responsable conjunta y solidariamente.

Deloitte estima en el informe tres escenarios de liquidación del banco bajo el precedente de Banco Madrid o insolvencias de entidades europeas durante la crisis. El periodo se hubiera alargado tres meses, 18 meses o incluso siete años. Y las pérdidas oscilan entre 23.400 millones y 34.100 millones de euros. La destrucción de capital de 9.400 millones se hubiese producido en todos los casos, como ocurrió en la resolución, pero para los tenedores de deuda subordinada se hubiera disparado, desde 2.000 millones hasta 10.800 millones, según estos cálculos. Asimismo, los acreedores no asegurados, como tenedores de deuda sénior o depósitos por encima de 100.000 euros, habrían soportado pérdidas de entre 3.300 millones y 8.500 millones, ya que los depósitos sin cubrir ascendían a 6.053 millones. Mientras que el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) habría sufrido pérdidas temporales de entre 1.800 millones y 2.200 millones, cubriendo a los depositantes solo del Pastor. Los activos fiscales diferidos (DTA) del Popular eran de 5.692 millones, de los que hay 2.031 millones protegidos y otros 3.491 millones no protegidos. Santander ha pedido a Hacienda usar 1.000 millones este año.

Pérdidas en diferentes escenarios en Banco Popular. (Fuente: informe de Deloitte publicado por la JUR)
Pérdidas en diferentes escenarios en Banco Popular. (Fuente: informe de Deloitte publicado por la JUR)

El informe ha provocado críticas entre representantes de los accionistas y bonistas, tanto asociaciones que defienden intereses de los minoritarios como Adicae, que dice que “contradice toda la política de consumo de la Unión Europea”, como entre institucionales. "Estamos decepcionados pero no sorprendidos por las conclusiones del informe, que no son realistas", asegura Richard East, socio director del despacho Quinn Emanuel, representante de varios tenedores del Popular como Pimco, Anchorage o Algebris. "Hemos señalado en varias ocasiones que la decisión de la UE de contratar la misma firma, Deloitte, para hacer tanto el informe preliminar de hace un año y ahora el analisis definitivo, hace dudar sobre la credibilidad del informe final, que permite a Deloitte revisar su propio trabajo", añade. Por su parte, Javier Rubinstein, socio de Kirkland & Ellis que representa a un grupo de inversores mexicanos entre los que está Antonio del Valle, critica que "el informe presenta una opción falsa entre resolución e insolvencia, ni una ni otra era procedente, y por lo tanto no brinda una base relevante o legítima para medir el daño ocasionado por la resolución de Banco Popular. Banco Popular era un banco solvente y nunca debería haber sido resuelto".

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