un año después de la resolución

La presión judicial en el Popular mete miedo en Europa para futuras crisis bancarias

La AEB y ESMA piden tener en cuenta la presencia de minoristas en futuras resoluciones, lo que pondría en jaque que haya nuevos casos como el de Banco Popular

Foto: Edificio de Banco Popular.
Edificio de Banco Popular.

Un año después, la resolución del Popular aún da muchos quebraderos de cabeza. Para bonistas y accionistas que lo perdieron todo, para Banco Santander, que asume la responsabilidad en las sentencias en contra, e, incluso, para Europa. La falta de protección del inversor y la presión judicial llevan a los supervisores europeos al cuestionamiento del mecanismo que puso fin a una historia bancaria de 91 años.

La autoridad europea de banca (EBA, por sus siglas en inglés) y el supervisor europeo de los mercados (ESMA) han publicado un documento en el que alientan a las instituciones responsables de los procesos de resolución de bancos a considerar “adecuadamente” a los inversores minoristas que tienen instrumentos de deuda anticrisis, como bonos subordinados o CoCos, y que pueden perder todo el capital.

La recomendación se dirige por lo tanto al Mecanismo Único de Resolución (MUS, dentro del BCE), que hace justo un año declaró “inviable” al Popular, y a la Junta Única de Resolución (JUR o SRB en inglés), que decretó su resolución. Tanto EBA como ESMA recuerdan que aún hay inversores minoristas que “conservan una parte importante de los títulos de deuda emitidos por las entidades”. "Lo importante es que se exterioricen los riesgos y el inversor los entienda", argumentan en LEAN Abogados. "Los minoristas no deberían tener estos títulos, como opina el BCE, aunque la clave es cómo se venden", añade Juan Abellán, del IEB.

La directiva actual sobre recuperación y resolución bancaria (BRRD) no distingue si hay muchos minoristas para el trato previsto a los pasivos elegibles. Dicho de otra manera, los instrumentos que pueden ser convertidos en capital para que el inversor asuma pérdidas y evitar el uso de dinero público.

Esta ha sido la bandera de las autoridades europeas tras la crisis financiera, que obligó a los estados a la inyección de 400.000 millones de euros para recapitalizar la banca. En España, el Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB) usó 56.545 millones, de los que ha recuperado algo más de 2.500 millones con Bankia, donde aún tiene una participación del 60,6%, valorada actualmente a precios de mercado en 6.160 millones de euros.

Por ello, la Comisión Europea y el BCE se han jactado de crear un mecanismo para no volver a usar dinero del contribuyente en las crisis bancarias, aunque hubo un paréntesis con dos cajas de ahorros italianas en 2017. Ahora, dos autoridades de peso como la EBA y ESMA cuestionan resoluciones como la del Popular para “fortalecer la protección de los inversores”, y después de la presión judicial vista en España. Si tienen éxito con este reclamo, se introduciría en el debate de la futura Unión Bancaria la posibilidad de recuperar el dinero público para las crisis bancarias o buscar otras alternativas a defunciones de bancos como la del Popular en la noche del 6 al 7 de junio de 2017.

Primer aniversario

Así, hoy es el aniversario del fin del banco que antes de Ángel Ron se consideró como un ejemplo de estabilidad y solvencia, especialmente en los tiempos de Luis Valls-Taberner, presidente entre 1972 y 2004. Después de una fuga de depósitos a raíz de la crisis bursátil y las dudas sobre la solvencia de la entidad, el banco fue declarado inviable por el BCE, resuelto por la JUR y asignado por un euro al Santander, que realizó una ampliación de capital de 7.000 millones de euros para digerirlo. Los bonistas y los 305.000 accionistas perdieron toda su inversión.

La entidad cántabra que preside Ana Botín planea completar la integración jurídica entre septiembre y octubre de este año, para posteriormente acometer la tecnológica. Aunque el proceso está envuelto en la presión judicial por las sentencias contra la resolución del Popular, cuya responsabilidad recae en el Santander, que al terminar 2017 tenía 3.181 millones en provisiones para cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes, según el último informe anual.

El juez Fernando Andreu instruye el caso en la Audiencia Nacional, cuyo desenlace dependerá en gran medida del informe que están preparando peritos del Banco de España. En total, la Audiencia está ventilando 259 recursos contencioso-administrativos, según desveló el FROB en su memorial anual. “El informe pericial probablemente ratificará la opinión de los peritos que estamos llevando varios despachos, y que reflejan que la información de Banco Popular no era fidedigna”, señalan en LEAN Abogados.

El informe pericial (para la Audiencia Nacional) ratificará la opinión de los peritos particulares, que reflejan que la información no era fidedigna

Hasta ahora, ha habido varias sentencias de juzgados de primera instancia e instrucción, que son en firme cuando están por debajo de los 2.000 euros y recurribles en las audiencias provinciales si superan esta cifra. Varias sentencias han dado la razón, y la tónica general es que señalan que la información de la ampliación de capital de 2.500 millones de 2016 no era correcta, como se vio en el hecho relevante del 3 de abril de 2017, en el que hubo una reexpresión de las cuentas, ya bajo la presidencia de Emilio Saracho. Uno de los juzgados se apoyó en el caso Bankia como jurisprudencia para dar la razón al demandante.

Asimismo, en las últimas semanas ha habido la primera sentencia contra el Popular por una compra de acciones ajena a la ampliación de 2016, que se produjo en marzo de 2017, ejecutada a través del bróker de otro banco. El juez de Gavà considera que las cuentas anuales de 2015 y 2016 no reflejaron correctamente la realidad del Popular. No en vano, la entidad pasó de unas provisiones de 1.600 millones a otras de 5.600 millones, “sin que la economía española justificara este cambio”, señalan en LEAN Abogados. Esto redundó en pérdidas de 3.485 millones en 2017, que acabaron siendo mayores con la reexpresión de las cuentas.

Plazos para las demandas

Las demandas de accionistas y bonistas se basan en dos argumentos. Por una parte, está el vicio de consentimiento, por el que se están declarando nulos algunos contratos de compraventa de acciones en la ampliación o de bonistas cuando la información facilitada por el vendedor no era correcta. En segundo lugar, está el artículo 38 de la Ley del Mercado de Valores, que impone al emisor de títulos la responsabilidad de ser transparente.

En este sentido, el plazo de prescripción de pedir responsabilidad extra contractual a través del artículo 1902 del Código Civil expira este jueves, ya que el plazo es de un año. Aunque “se puede interpretar que reclamar por operaciones posteriores al 3 de abril es más difícil, una vez que se reformularon las cuentas”, señalan fuentes jurídicas. La petición de nulidad del contrato se puede realizar durante los cuatro años siguientes al mismo, mientras que hay infracciones de la Ley del Mercado de Valores que tienen un plazo de tres años.

La resolución del Popular también llegará al Congreso. Los expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho comparecerán en la comisión que investiga la crisis financiera y el rescate bancario el próximo 12 de julio. También pasará por esta comisión Rodrigo Echenique, actual presidente del Popular y vicepresidente de Banco Santander, en este caso, el 18 de julio.

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