tercer informe de deloitte

Caso Popular: la JUR descarta compensar y defiende que salvó hasta 22.700 M

La institución concluye que bajo procedimientos normales de insolvencia las pérdidas habrían sido sustancialmente mayores que las pérdidas que se realizaron en resolución

Foto: La presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke König, saliendo del Congreso en diciembre. (EFE)
La presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke König, saliendo del Congreso en diciembre. (EFE)

Los afectados del Popular no tendrán compensación desde Europa, después de su resolución en la noche del 6 al 7 de junio y la adjudicación por un euro al Santander. La Junta Única de Resolución (JUR, SRB por sus siglas en inglés) ha decidido de forma preliminar, tal y como se esperaba, que no tiene intención de establecer una compensación a los accionistas y bonistas de Banco Popular para que recuperen el dinero perdido. Aunque el organismo presidido por Elke König está lanzando un periodo para escuchar a los afectados que quieran exponer su opinión, tal y como se obliga en la normativa comunitaria, que se extenderá hasta el 14 de septiembre.

Sin embargo, la tercera versión del informe no confidencial de Deloitte justifica la resolución en que las pérdidas habrían sido más elevadas en un procedimiento de insolvencia "normal". En concreto, la liquidación y el concurso de acreedores habría provocado pérdidas de entre 23.400 millones de euros y 34.100 millones de euros. Entre estas pérdidas hay 9.400 millones en destrucción de capital, que se sufrió igualmente con la resolución, y 10.800 millones para los acreedores, frente a los 2.000 millones que sorportaron con la resolución, asegura el informe de Deloitte. Asimismo, hay cantidades que van desde los 3.300 millones hasta los 14.000 millones entre las pérdidas para los acreedores no asegurados, entre los que están los depósitos por encima de los 100.000 euros. En total, Deloitte cifra en 6.053 millones los depósitos sin cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).

Pérdidas estimadas para Popular entre resolución y liquidación. Fuente: Informe de Deloitte publicado por la JUR
Pérdidas estimadas para Popular entre resolución y liquidación. Fuente: Informe de Deloitte publicado por la JUR

En este sentido, el informe de Deloitte bajo el que la JUR se escuda dice que el FGD habría sufrido pérdidas temporales de entre 1.800 millones y 2.200 millones solo por cubrir a los depositantes de Banco Pastor. Para el conjunto del banco, las pérdidas habrían sido siempre del 100% para los accionistas, mientras que los acreedores no asegurados, entre los que están los depositantes, las pérdidas varían entre el 24% y el 54%.

Así, dado que las pérdidas con la resolución fueron de 11.400 millones, Deloitte calcula en el informe que publica hoy la JUR que este proceso que concluyó con la adjudicación a Banco Santander salvó pérdidas de entre 12.000 millones y 22.700 millones de euros en el peor escenario, en el que la liquidación habría durado 18 meses destruyendo valor por 34.100 millones, de los que 14.000 millones habrían sido de acreedores no asegurados, como los depositantes con más de 100.000 euros. Una versión que coincide con la que Emilio Saracho, el último presidente del Popular, emitió en el Congreso, mientras que su predecesor, Ángel Ron, insistió hace un mes en la comisión sobre la crisis financiera que la gestión de Saracho y las autoridades europeas se llevaron por delante a un banco solvente.

"El informe de valoración 3 llega a la conclusión de que bajo procedimientos normales de insolvencia las pérdidas generales habrían sido sustancialmente mayores que las pérdidas que se realizaron en resolución", asegura la JUR en un comunicado emitido este lunes. Por esta razón, la institución asegura "no estar obligada" a pagar una compensación a los accionistas y los acreedores afectados.

"Estamos decepcionados pero no sorprendidos por las conclusiones del informe, que no son realistas", asegura Richard East, socio director del despacho Quinn Emanuel, representante de varios tenedores del Popular como Pimco, Anchorage o Algebris. "Hemos señalado en varias ocasiones que la decisión de la UE de contratar la misma firma, Deloitte, para hacer tanto el informe preliminar de hace un año, y ahora el analisis definitivo, hace dudar sobre la credibilidad del informe final, que permite a Deloitte revisar su propio trabajo", añade.

Menor destrucción de valor

En concreto, la JUR sostiene que un procedimiento de insolvencia tradicional habría llevado a una destrucción de valor más importante debido a que se habría interrumpido de forma abrupta el negocio, habría habido pérdida de clientela, costes de liquidación y reestructuración y un proceso ineficiente de venta de activos. En la liquidación también habría habido un despido colectivo escalonado hasta afectar a toda la plantilla, que ascendía a 11.911 empleados en marzo de 2017, y cuyo coste habría supuesto entre 182 millones y 230 millones. Asimismo, Deloitte cree que habría habido un 'shock' en la estabilidad financiera española y un aumento adicional de los litigios. De hecho, el informe de Deloitte sostiene que se consideraron diferentes opciones y que con un procedimiento de insolvencia normal "los accionistas y los bonistas no habrían tenido mejor trato".

En concreto, hay tres escenarios sobre un proceso de liquidación si la entidad no hubiera sido resuelta y adjudicada al Santander por un euro en la noche del 6 al 7 de junio de 2017. En el primero, el periodo habría sido de 18 meses, aproximadamente hasta el 31 de diciembre de 2018. En el segundo estima tres años, hasta el final de 2020, teniendo en cuenta que más del 50% de los créditos vencían en este periodo, y en el tercero se habría alargado hasta el 31 de diciembre de 2024, con más del 75% del 'stock' de créditos vencidos hasta entonces. En cualquier caso, se habría recuperado en el mejor de los casos entre el 75% y el 82% de los activos, sin ninguna recuperación para accionistas y otros acreedores recibirían cantidades más bajas que con la resolución. Los costes de la liquidación habrían sido de hasta 1.192 millones, calcula Deloitte.

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