Las grandes ciudades dan la espalda a los peajes urbanos que habilitará el Gobierno

Las grandes ciudades españolas no contemplan, por ahora, recurrir al sistema de peajes urbanos para restringir o controlar el tráfico de vehículos y las emisiones de efecto invernadero en los entornos metropolitanos. El Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado martes, incorpora la introducción de una figura fiscal o 'tarifa de congestión' al estilo de las que ya se aplican o se están implementando en ciudades europeas como Londres, París, Lyon o Estocolmo. Se trataría de un opción a decidir por los ayuntamientos de los municipios de más de 50.000 habitantes, los territorios insulares y las localidades de más de 20.000 vecinos que superen los valores máximos de contaminación regulados. Todos están obligados a establecer una zona urbana de bajas emisiones antes de 2023.

La nueva norma no estará aprobada hasta el final de la legislatura, el año que viene. Sin embargo, no puede decirse que haya prisa por ponerla en práctica por las ciudades susceptibles de aplicarla en la parte de penalizar o restringir por la vía económica la contaminación derivada del tráfico rodado urbano. Tras conocerse el contenido del anteproyecto de ley, del que ya se venía especulando desde hace meses, los gobiernos locales de las principales capitales del país se han apresurado a dejar claro que no entra en sus planes recurrir a los peajes, al menos en un primer momento.

TE PUEDE INTERESAR

En busca del Tesla español: el Gobierno lanza un banco de pruebas para el coche autónomo

Fernando H. Valls

Los primeros alcaldes en pronunciarse este miércoles han sido los de Sevilla, Antonio Muñoz (PSOE), y Valencia, Joan Ribó (Compromís). El primer edil andaluz ha querido cortar de raíz un debate muy incómodo para los munícipes a poco más de un año para las próximas elecciones locales. "No forma parte de las intenciones del Gobierno municipal la aplicación de esa medida en Sevilla. Disipo cualquier duda o interrogante que pueda haber al respecto", señaló Muñoz. Otras ciudades andaluzas como Córdoba o Málaga están en la misma posición.

Menos contundente se mostró Ribó, quien a preguntas de los medios de comunicación calificó de "positiva" en términos generales la nueva ley que prepara el Gobierno "porque se adapta a las nuevas formas de movilidad". Indicó que su equipo "estudiará con calma" el texto cuando entre en vigor, pero añadió que "es pronto" para plantearse la posibilidad de aplicar peajes urbanos. Desde el entorno del alcalde, aseguran que la tarifa por congestión no se contempla, que los esfuerzos se están aplicando ahora en poner en marcha la zona de bajas emisiones (ZBE) que restringe el acceso a vehículos con etiqueta ambiental. El modelo es de vigilancia mediante un sistema de cámaras y se financia con fondos Next Generation. La ciudad también ha implementado, no sin problemas de adaptación por parte de vecinos y usuarios, el área de prioridad residencial (APR) de Ciutat Vella, que permite sancionar a los conductores que entren en el centro sin estar registrados y autorizados como residentes o trabajadores por el ayuntamiento.

"Valencia no es Madrid", apuntilló Joan Ribó, dando a entender que la capital valenciana no tiene los mismos problemas de contaminación o requiere las mismas soluciones que la madrileña.

Madrid, sin embargo, tampoco prevé aplicar ningún peaje. Así lo aseguraron a preguntas de El Confidencial fuentes oficiales del área de Medio Ambiente y Movilidad del consistorio que dirige José Luis Martínez-Almeida (PP). El consistorio ha puesto en marcha también tres zonas de bajas emisiones, la de especial protección de Distrito Centro, la de plaza Elíptica, también de especial protección, y la general de Madrid. Los accesos indebidos o que vulneren las restricciones en las áreas protegidas contemplan sanciones económicas.

TE PUEDE INTERESAR

Las ciudades sí avanzan en movilidad sostenible, pero aún están a mitad del camino

Eva González

Pendiente de evaluación

Barcelona, la ciudad que se interesó en principio por las llamadas tarifas de congestión, enfría ahora su posición al respecto. Fuentes del área de emergencia climática del equipo de gobierno de Ada Colau ('comuns') señalan que están a la espera de evaluar el funcionamiento de los sistemas de control de las zonas de bajas emisiones (que incluyen también municipios colindantes del área metropolitana como l'Hospitalet o Sant Adrià) antes de plantearse nuevas medidas como las tarifas de congestión. El modelo es el que están desplegando el resto de grandes ciudades, con cámaras de control que hacen lectura de matrícula, conexión con el registro de la Dirección General de Tráfico y supervisión de etiquetas ambientales. "Todavía no lo hemos podido evaluar al completo. Cuando determine el despliegue, tendremos los datos y entonces decidiremos si tomamos o no nuevas medias complementarias, como pueden ser peajes u otras", señalaron.

En Bilbao, donde hace dos o tres años se abrió un debate sobre los sistemas de control del tráfico contaminante en la ciudad, el equipo de gobierno de José María Aburto (PNV) tampoco tiene en mente recurrir a la penalización de acceso mediante tarifas económicas. La capital vasca ha declarado el área central de la ciudad zona de bajas emisiones (ZBE) y contempla desplegar medidas de restricción de paso y vigilancia y control similares a las del resto de las grandes ciudades españolas.