En busca del Tesla español: el Gobierno lanza un banco de pruebas para el coche autónomo

'Sandbox' o caja de arena en inglés. Se trata de un banco de pruebas, un espacio desregulado a propósito por el Gobierno, para testar proyectos innovadores. Ya lo impulsó Nadia Calviño en el terreno financiero y ahora lo pretende hacer Raquel Sánchez en el sector del transporte, tanto el de personas como el de mercancías por carretera. La futura Ley de Movilidad Sostenible, cuyo anteproyecto aprobó este martes el Consejo de Ministros, pretende sentar las bases de una reforma comprometida con la Unión Europea y de la que, por tanto, dependen los fondos comunitarios.

Este 'sandbox' de Transportes lo que busca es poner sobre la mesa innovaciones ambiciosas en el terreno de la movilidad. Una de las más significativas es la del coche sin conductor o autónomo, según explican fuentes del ministerio. Lo que quiere el Gobierno es localizar y apostar por proyectos pioneros en la materia, en búsqueda de una especie de Tesla 'made in Spain'. Un coche, en definitiva, que pueda circular sin la intervención humana desarrollado en nuestro país. No necesariamente de capital español, pero sí con tecnología o aportación local.

Invertir en tecnología, en innovación y generar puestos de trabajo. Ese es el objetivo de este proyecto incluido en la Ley de Movilidad. Explorar modelos de negocios para que diferentes empresas hagan sus propuestas en un ámbito controlado y, a continuación, que la Administración las examine y si lo considera oportuno las autorice, explican fuentes del Departamento de Transportes.

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El Gobierno se ha fijado cambiar el modelo de movilidad en esta legislatura aprovechando los fondos europeos. Según el anteproyecto de ley aprobado este martes, el Ejecutivo plantea crear una estructura legal para que los promotores de estos proyectos y las administraciones interactúen. "El espacio controlado de pruebas busca poner a prueba proyectos de innovación en movilidad entendida como proyectos que generen nuevos modelos de negocio, aplicaciones, procesos o productos para la prestación de servicios de movilidad y otros complementarios, y no meras propuestas de modificación normativa, sin perder de vista la seguridad en el desarrollo de estas pruebas estableciendo un control de sus riesgos", reza el texto legal.

Cogobernanza es lo que busca el Gobierno. Que empresas o universidades lancen propuestas para introducir la innovación en movilidad, como ya se hizo en el terreno financiero, y que, a continuación, el Consejo de Ministros proponga los cambios legales oportunos. Un trabajo que llevará años y que está pensado que se desarrolle a lo largo del próximo mandato. De hecho, el calendario de Transportes contempla que la Ley de Movilidad Sostenible supere el trámite parlamentario en los estertores de la actual legislatura.

Peajes en ciudades y carreteras

En esta ley también hay incluida una reforma fiscal para que los ayuntamientos puedan cobrar un peaje por acceder al centro de las ciudades de más de 50.000 habitantes. En concreto, para los vehículos que deseen acceder a las llamadas zonas de bajas emisiones. Esto no significa que será una tasa obligatoria, sino que cada consistorio podrá implementarla y adoptarla como desee. El de Barcelona, dirigido por Ada Colau, ya ha mostrado interés.

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El ayuntamiento que lo decida, por tanto, podrá eximir del pago a los residentes. O podrá segregar el peaje urbano en función de la zona de residencia del conductor. También establecer exenciones para los transportistas. Todo queda abierto para que las administraciones locales definan su propio modelo. Hacienda ha querido que sea una tasa impositiva abierta. "El objetivo es evolucionar hacia las ciudades que prioricen al peatón", inciden desde Transportes.

Novedades para reformar el sistema de movilidad a la espera del gran dilema: los peajes en las autovías y autopistas. En este terreno, el Gobierno prefiere ser cauto por lo impopular de la medida y por las dificultades que supondría encontrar apoyos parlamentarios para aprobarla. Hasta Unidas Podemos ha expresado ya su rechazo. La intención del Ministerio de Transportes es poner sobre la mesa varios modelos de pago por uso de las carreteras para evaluar sus pros y sus contras. Y, a partir de ahí, intentar alcanzar un consenso político "con apertura de miras", explican en el departamento dirigido por Raquel Sánchez.