Antifraude concluye que Ribó pagó 772.500 euros en sobresueldos irregulares a ediles

Se planificó como una medida para que todos los concejales de la oposición cobrasen la dedicación exclusiva y le ha valido al alcalde de Valencia, Joan Ribó, un importante tirón de orejas de la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF), y todo sea que no acabe en la Fiscalía. El organismo que dirige Joan Llinares, que vigila el cumplimiento de la legalidad y los procedimientos administrativos en la Comunidad Valenciana, acaba de completar un informe en el que concluye que el Ayuntamiento de Valencia vulneró entre 2015 y 2019 las limitaciones retributivas que marca la Ley de Bases de Régimen Local, al establecer un "complemento especial de responsabilidad" del que acabaron beneficiándose 10 tenientes de alcaldía del equipo de gobierno, entre ellos, la actual vicealcaldesa, la socialista Sandra Gómez; el vicealcalde Sergi Campillo, o el responsable de Movilidad, Giuseppe Grezzi, los dos últimos de Compromís.

Los hechos tienen su origen en un pleno del 8 de julio de 2015, cuando apenas acababa de constituirse la corporación tras el cambio político que desalojó de la alcaldía a la veteranaRita Barberá, fallecida año y medio después. En ese pleno, los 33 miembros del consistorio votaron por unanimidad una tabla retributiva a propuesta de Ribó gracias a la cual todos los ediles cobrarían al menos lo mismo que aquellos con dedicación exclusiva. Para lograrlo, el alcalde propuso la creación de un complemento que en la práctica superaba la dedicación completa a partir del tercero y hasta el décimo teniente de alcalde, a los que asignó una dedicación parcial del 75%.

El complemento permitió al consistorio sortear el límite de dedicaciones completas de concejales

“En definitiva, 31 cargos electos percibieron retribuciones equivalentes al 100% de las retribuciones de la dedicación exclusiva, aunque los ocho tenientes de alcalde tenían una jornada del 75%. El límite de concejales en régimen de dedicación exclusiva aplicables al ayuntamiento es de 25 cargos electos, según lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local”, señala la Agencia Antifraude, en referencia a la reforma del texto legislativo que introdujo el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en 2014. En esas limitaciones en las retribuciones y dedicaciones de corporaciones locales, Valencia encaja en el grupo de municipios con entre 700.001 y un millón de habitantes, con un máximo de 25 regidores con dedicación total.

En conjunto, hasta 10 concejales (hubo dos salidas en las tenencias de alcaldía) recibieron en virtud del citado complemento irregular, en nóminas ordinarias y extras, un total de 772.576,36 euros. No obstante, esta cantidad no se repartió igual. El complemento más habitual alcanzó los 96.961 euros, pero la vicealcaldesa Gómez, por ejemplo, estuvo tres años sin percibir el plus, por lo que acumuló menos retribución: 29.060 euros.

El truco retributivo permitió a los tenientes de alcalde subirse el sueldo por encima de los ediles rasos con dedicación exclusiva, cuya retribución, según el acuerdo aprobado en el pleno de julio de 2015, se fijó en 66.508 euros. Esta era la cantidad que recibían todos los concejales de la oposición hasta que en julio de 2019, en el arranque de su segunda legislatura como alcalde, Ribó eliminó el complemento ante las dudas legales que ya comenzaban a circular en ámbitos municipales. Dejó a ocho ediles de la oposición sin dedicación exclusiva para poder asignarla al equipo de gobierno. Estos concejales, cuatro del PP, tres de Ciudadanos y uno de Vox, pasaron a cobrar 63.171 euros, pero esa cantidad tampoco se correspondía con el 75% de la dedicación completa con la nueva tabla retributiva, establecida en 68.171 euros, sino con el 93,15%. “No hay proporcionalidad entre el importe de la retribución y el porcentaje de dedicación”, señala la Agencia sobre esta discordancia.

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La existencia del complemento, desvelado por el diario 'Valencia Plaza', motivó una denuncia anónima ante la Agencia Valenciana Antifraude, que abrió un investigación formal en marzo de este año. Esas pesquisas han dado lugar a un informe de conclusiones provisionales elaborado por el director de Análisis e Investigación con fecha 25 de mayo en que se afirma abiertamente que el consistorio estuvo "sorteando el número máximo legal de concejales con dedicación exclusiva aplicable, que era de 25 cargos electos".

Antifraude sostiene que, aunque aparentemente se cumplió la ley en el pleno de 2015, al fijar en 23 el número de miembros de la corporación con dedicación exclusiva, y se estableció un límite máximo de retribuciones del 80% del sueldo del alcalde para el resto de los concejales, "es innegable que optó por un modelo retributivo de complementar las retribuciones de ocho tenientes de alcalde con un 25% adicional, con la finalidad de equiparar sus retribuciones a los concejales con dedicación exclusiva, sin motivar ni determinar de manera previa los elementos acreditativos para retribuir su especial responsabilidad", dice el investigador. "Resulta sorprendente que se desconozca y no se haya documentado la iniciativa para establecer el complemento de especial responsabilidad, ya que la cuestión que se trata es un complemento salarial que debería haber sido justificado legalmente y cualificado económicamente antes de su aprobación", dice el investigador sobre la inexistencia de informes de la asesoría jurídica o la Intervención municipal que justificasen o diesen luz verde a ese complemento.

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El acuerdo contemplaba cobrar por la dedicación y la responsabilidad. Pero Antifraude no ve sentido en establecer esa doble consideración. “Ya se les retribuía por la responsabilidad; esa responsabilidad va implícita en el cargo y por eso sus retribuciones son en un porcentaje sobre el sueldo del alcalde, más elevado que los otros miembros que no ostentan dicho cargo”, señala. La singularidad del acuerdo del 8 de julio de 2015 es que fueron los concejales de mayor responsabilidad los que tuvieron la dedicación parcial, insiste.

Sin voluntad fraudulenta

En sus alegaciones, el equipo de Joan Ribó señala que el alcalde no tenía una “voluntad fraudulenta”, sino que pretendía que los miembros de la oposición cobrasen la misma cantidad que la legislatura anterior. También niegan que se haya producido un perjuicio económico a las arcas municipales, “por cuanto los trabajos han sido realizados y las competencias ejercidas”.

Sin embargo, el organismo que dirige Llinares no comparte la argumentación y saca los colores al equipo de gobierno, que rectificó en julio de 2019 el sistema retributivo. “Por muy políticas que sean las decisiones, estas no pueden ser arbitrarias, deben estar sujetas al respeto a los procedimientos administrativos y que el uso de los recursos y fondos públicos se destine a la satisfacción de los intereses generales. Ni pueden establecer mecanismos que permitan vulnerar de manera artificiosa los límites legales aplicables", afirma.

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Ahora, el director de la Agencia Antifraude debe decidir si abre un procedimiento sancionador al consistorio y si remite el expediente al Ministerio Fiscal en el caso de que considere que se ha producido un delito o al Tribunal de Cuentas si hay responsabilidad contable. El ayuntamiento tiene 10 días hábiles para presentar alegaciones al informe del director de investigación de la Agencia.

El grupo municipal del Partido Popular, que dirige María José Catalá, calificó de "preocupantes" las conclusiones de Antifraude y reclamó "llegar hasta el final” ante lo que considera una burla a la ley de racionalización de la Administración Local.